La capital de China, Beijing, ha lanzado una nueva serie de políticas destinadas a promover la conservación de la energía y la reducción de la contaminación. Este plan, que abarca diversas áreas de operaciones de la ciudad, incluye medidas específicas para controlar y limitar las actividades de minería de criptomonedas, como parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la reducción de carbono.
El documento detalla que la conservación de energía es considerada una «área clave» para fortalecer el uso eficiente de los recursos energéticos y esencial para el desarrollo de una civilización ecológica. Dentro de las actividades sujetas a regulación y supervisión, la minería de criptomonedas figura como un foco de atención, junto con la construcción, el transporte, la industria y la tecnología de la información, debido a su impacto en el consumo de energía y la emisión de contaminantes.
Según las directrices de Beijing, la ciudad continuará con una rigurosa revisión de las actividades de minería de criptomonedas. Esto incluye un monitoreo y análisis intensivo, así como la clasificación y rectificación de dichas actividades, con el objetivo de erradicar completamente las operaciones de criptomonedas en la ciudad.
Estas medidas se alinean con la política nacional, que ya había prohibido la minería y el comercio de criptomonedas en 2021. En aquel entonces, el Banco Popular de China ordenó a todos los bancos del país cesar inmediatamente cualquier actividad relacionada con criptomonedas.
A pesar de esta prohibición, informes recientes indican que la minería de Bitcoin aún se lleva a cabo en China. Los mineros chinos contribuyen con aproximadamente el 21% de la tasa de hash global de la red, solo superados por Estados Unidos, que lidera con un 38%.
Además, el plan de Beijing incluye inspecciones en unidades consumidoras de energía dentro de la ciudad para supervisar el uso de equipos obsoletos o ineficientes. Estas inspecciones podrían resultar en sanciones por el uso ilegal de energía. De esta manera, el gobierno de la ciudad busca obligar a industrias y empresas a corregir estas prácticas ineficientes, reforzando su compromiso con la conservación energética y la protección ambiental.
