La Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), organismo sucesor de la AFIP en Argentina, anunció este lunes una serie de modificaciones en los límites mínimos de movimientos financieros que deben ser informados por entidades privadas al Estado. Entre ellos se incluyen billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas, lo que directamente involucra a usuarios de Bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el país.
El nuevo umbral para informar operaciones pasará de 2 millones a 50 millones de pesos argentinos en el caso de personas físicas, y a 30 millones de pesos para personas jurídicas. Estos montos representan un salto drástico respecto al régimen anterior y configuran una nueva lógica de control fiscal.
¿Incluye a los exchanges de Bitcoin?
Aunque el comunicado oficial de ARCA no menciona específicamente a las plataformas cripto, fuentes especializadas en tributación —como el contador Marcos Zocaro— señalaron que la medida también aplicará a los exchanges que funcionan como billeteras virtuales registradas. Entre ellos se destacan nombres como Binance, Ripio, Bitso, Buenbit, Coinbase y Belo, todos inscriptos como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Esto implica que los movimientos de los usuarios dentro de estas plataformas estarán sujetos al nuevo umbral, y solo deberán ser reportados a partir de cifras superiores a los 50 millones de pesos anuales (alrededor de 55,000 USD al tipo de cambio libre).
¿Qué cambia realmente con esta actualización?
La medida representa un relajamiento significativo del control fiscal sobre operaciones digitales. Anteriormente, muchas personas eran alcanzadas por el umbral de 2 millones de pesos, lo que generaba múltiples reportes automáticos por montos que hoy resultan menores en términos reales. Ahora, con el piso actualizado, solo los usuarios con operaciones de mayor volumen quedarán bajo la lupa sistemática del fisco.
Entre los cambios adicionales también se destacan:
Eliminación del régimen informativo para consumos con tarjeta de crédito.
Prohibición a los bancos de exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como requisito para operar.
Supresión de regímenes de información para escribanos, servicios públicos, compra-venta de inmuebles, vehículos usados y expensas.
¿Privacidad o desregulación?
Desde el gobierno nacional, las medidas fueron presentadas como una forma de “proteger la privacidad de los ciudadanos y simplificar el cumplimiento impositivo”. En un contexto político donde la libertad económica y la disminución de la presión fiscal son ejes centrales del discurso oficial, esta resolución avanza en esa dirección.
Sin embargo, el efecto sobre la economía informal o el uso de estructuras no declaradas aún está por verse. La falta de información por debajo del umbral también podría dificultar el monitoreo en casos de evasión organizada o lavado de dinero, por lo que se espera que la implementación práctica incluya mecanismos alternativos de detección.
Implicancias para usuarios de criptomonedas
Para los usuarios de Bitcoin y otras criptomonedas, esta actualización puede leerse como una ventana de mayor autonomía operativa. Al elevarse los límites de reporte, muchas operaciones de compra, venta, intercambio y retiro ya no serán informadas automáticamente, lo que da más margen a quienes utilizan estas plataformas para mover fondos sin un fin especulativo o profesional.
Sin embargo, los exchanges registrados seguirán informando sobre cuentas y actividades relevantes, y no se descarta que las futuras resoluciones incluyan requisitos específicos para el reporte de operaciones cripto fuera del circuito bancario.
Más libertad con responsabilidad
La nueva política de ARCA marca un cambio de paradigma en la fiscalización de movimientos digitales en Argentina. Bitcoin y el resto del ecosistema cripto se beneficiarán en el corto plazo de una menor presión burocrática, pero también deberán asumir un rol activo en el cumplimiento voluntario y responsable ante un Estado que ahora confía más en el monitoreo por trazabilidad tecnológica que en la saturación de datos.
Si se consolida este enfoque, Argentina podría estar inaugurando una nueva etapa de regulación inteligente, donde el foco no esté en controlar todo, sino en hacerlo bien.
