Durante la más reciente edición de Labitconf, el tema de la regulación y fiscalización del ecosistema cripto volvió a ocupar un lugar central entre especialistas y asistentes. En una de las conferencias más esperadas, el contador y experto en tributación Marcos Zocaro analizó los alcances del CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), un sistema global que promete cambiar la forma en que los gobiernos monitorean las operaciones con criptomonedas.
Según explicó el tributarista, el CARF cripto es una iniciativa impulsada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que busca establecer un estándar internacional de intercambio automático de información fiscal sobre transacciones con activos digitales.
Un sistema global de transparencia tributaria
El nuevo esquema se inspira en el CRS (Common Reporting Standard), vigente desde 2014 para las cuentas financieras tradicionales. Mientras el CRS obliga a los bancos a reportar información sobre los titulares de cuentas y sus movimientos, el CARF aplicará una lógica similar al mundo cripto, incorporando a exchanges, brókeres y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
“En la práctica, el CARF será una red global de intercambio tributario. Los exchanges deberán informar las operaciones de sus clientes a las autoridades locales, y éstas compartirán esos datos con las administraciones fiscales de otros países”, explicó Zocaro ante un auditorio lleno.
Este sistema busca cerrar una brecha histórica en la trazabilidad del capital digital, ya que hasta ahora no existía un mecanismo coordinado entre países para seguir los flujos de criptomonedas con fines fiscales.
Implementación y alcance del CARF
El Crypto-Asset Reporting Framework fue aprobado en noviembre de 2023 por un grupo de 48 países y jurisdicciones, y se prevé que comience a implementarse en 2027. Su objetivo es construir un ecosistema más transparente, reduciendo la evasión impositiva mediante el uso de criptomonedas.
Bajo el nuevo estándar, los proveedores de servicios cripto estarán obligados a informar la identidad y residencia fiscal de los usuarios, así como el tipo de criptoactivo operado, su cantidad, monto equivalente en moneda fiduciaria y la fecha de las transacciones.
La información será intercambiada automáticamente una vez por año entre las administraciones tributarias adheridas, lo que permitirá cruzar datos y detectar activos no declarados en otras jurisdicciones. En la práctica, esto implicará el fin del anonimato fiscal para los usuarios que operen en plataformas reguladas.
CARF y la Travel Rule: dos piezas del nuevo orden financiero
El CARF cripto no surge de manera aislada. Este marco se complementa con la Travel Rule, una norma impulsada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que obliga a las plataformas a identificar al remitente y destinatario de transacciones superiores a 1.000 dólares.
Mientras la Travel Rule tiene como eje la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el CARF se centra en la fiscalización y cumplimiento tributario. Juntas, ambas regulaciones sientan las bases de un entorno global de transparencia total en el ecosistema de activos digitales.
Zocaro señaló que países como Reino Unido, Suiza y Japón ya aplican la Travel Rule y que la adopción del CARF “busca armonizar el intercambio de información a nivel global, algo que hasta ahora no existía en el mundo cripto”.
Implicancias para Argentina
En el caso de Argentina, el país aún no ha adherido formalmente al CARF ni implementado la Travel Rule, aunque avanza en una dirección similar. Según Zocaro, la AFIP ya cuenta con regímenes informativos locales que obligan a los exchanges y proveedores de servicios financieros digitales a reportar operaciones de sus usuarios.
“Si bien el CARF todavía no rige en Argentina, el país ya viene avanzando en esa línea, buscando mayor trazabilidad y menor anonimato en las operaciones con criptomonedas”, explicó.
Esto significa que, si bien el país aún no forma parte del grupo de jurisdicciones que implementarán el nuevo estándar internacional, la tendencia regulatoria local coincide con los principios del CARF.
Zocaro destacó que la adopción del marco podría facilitar la cooperación entre la AFIP y otras agencias tributarias, lo que fortalecería los mecanismos de control sobre los movimientos transfronterizos de capital digital.
Una nueva era para la fiscalización cripto
El avance del CARF cripto marca un punto de inflexión en la relación entre las criptomonedas y los estados. Por primera vez, los fiscos nacionales contarán con una infraestructura de datos estandarizada y compartida internacionalmente para rastrear el uso de activos digitales.
Los expertos consideran que el éxito del sistema dependerá de la cooperación de los exchanges y custodios, que deberán adaptar sus procesos internos para cumplir con los nuevos requisitos. Al mismo tiempo, advierten que el exceso de regulación podría reducir la privacidad financiera y desalentar la innovación en algunos sectores del ecosistema.
Sin embargo, Zocaro concluyó su intervención con una visión equilibrada:
“La regulación no necesariamente debe verse como una amenaza. Si se aplica de manera razonable, puede aportar confianza, legitimidad y seguridad jurídica a un mercado que sigue expandiéndose a gran velocidad.”
El CARF cripto representa un paso decisivo hacia la normalización del sistema tributario en el mundo de los activos digitales. Con su implementación, las criptomonedas pasarán a integrarse formalmente en los mecanismos de control fiscal global, reduciendo los márgenes de opacidad y fomentando una mayor transparencia financiera.
A medida que más países adopten este estándar, el ecosistema cripto se enfrentará a una nueva etapa: aquella donde la innovación tecnológica y la transparencia fiscal deberán convivir dentro de un marco internacional compartido.
