Las Islas Caimán han dado un paso decisivo en la regulación del sector de criptoactivos al introducir un riguroso marco de licenciamiento para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) que ofrecen servicios de custodia y negociación. Según las nuevas normativas, establecidas en las Virtual Asset Service Providers Amendment Regulations 2025, todas las empresas que operen en estas áreas deberán obtener la aprobación de la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).
Un requisito obligatorio para operar
El nuevo reglamento, que entrará en vigor el 1 de abril de 2025, impone la obligación de contar con una licencia formal para todas las firmas que presten servicios de custodia o trading de criptoactivos. Esta medida abarca tanto a los nuevos operadores como a los 17 VASPs ya registrados en la jurisdicción. Las empresas tendrán un plazo de 90 días, hasta el 1 de julio de 2025, para cumplir con todos los requisitos regulatorios.
Dentro del proceso de licenciamiento, los proveedores de servicios de custodia deberán revelar el tipo y el valor de los activos digitales que resguardan, así como explicar detalladamente el propósito de su función de custodia. Estas disposiciones buscan asegurar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por otro lado, las plataformas de negociación deberán reportar sus ingresos proyectados y revelar la ubicación física del hardware que respalda sus operaciones, fortaleciendo la transparencia y la supervisión jurisdiccional.
Estrategias de ciberseguridad y gestión de riesgos
Además de los requisitos básicos, todos los solicitantes estarán obligados a presentar planes de ciberseguridad y estrategias de gestión de riesgos, así como protocolos específicos para prevenir la pérdida o el robo de activos. Estas exigencias son parte de un esfuerzo más amplio por parte de CIMA para fortalecer las medidas de control en el sector de los activos digitales.
El nuevo marco se amplía a partir de la Virtual Asset (Service Providers) Act 2020, actualizada el año pasado para alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). En los últimos años, CIMA ha venido implementando normativas más estrictas, como la “Rule for Virtual Asset Custodians and Virtual Asset Trading Platforms”, con el objetivo de crear un entorno de cumplimiento sólido para las empresas cripto.
Impacto en el sector cripto de las Islas Caimán
La implementación de estos requerimientos más rigurosos se espera que reconfigure el panorama cripto en las Islas Caimán. Al elevar la vara en materia de cumplimiento operativo, la jurisdicción no solo aspira a atraer a firmas consolidadas que busquen un entorno regulatorio estable, sino también a filtrar a aquellos operadores que no puedan cumplir con los estándares exigidos.
Aunque la fecha límite de julio impulsará la actualización de sistemas y esfuerzos de cumplimiento entre los VASPs existentes, la medida podría representar un desafío para las empresas de menor tamaño, que enfrentarán mayores demandas financieras y operativas. En contraste, los grandes jugadores, con mayores recursos, estarán en una posición ventajosa para adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias, fortaleciendo su competitividad en el mercado global.
Hacia un mercado más seguro y transparente
Con la introducción de estas nuevas regulaciones, las Islas Caimán buscan consolidarse como un referente en la regulación de criptoactivos, alineándose con los estándares internacionales y reforzando la protección de los inversores. Al exigir a las plataformas de trading que revelen la ubicación de su hardware y al imponer estrictos controles de ciberseguridad, se mejora la rendición de cuentas en las transacciones transfronterizas, lo que podría sentar un precedente para otras jurisdicciones.
En resumen, este nuevo marco regulatorio no solo pretende garantizar un entorno de operación más seguro y transparente para los VASPs, sino que también reafirma el compromiso de las Islas Caimán con la evolución y profesionalización del sector cripto, marcando un importante hito en la convergencia entre innovación tecnológica y cumplimiento normativo.
