La relación entre Coinbase y la Casa Blanca entró en una fase de máxima tensión justo cuando Estados Unidos intenta cerrar una de las piezas más importantes de su agenda cripto: la ley de estructura de mercado. Según reportó Eleanor Terrett, el gobierno habría amenazado con retirar por completo su apoyo a la iniciativa si Coinbase no regresa a la mesa de negociación y acepta un acuerdo sobre el yield que sea aceptable para el sector bancario.
El conflicto estalla en el peor momento posible: la discusión legislativa se acelera y una ruptura pública entre uno de los exchanges más influyentes del país y la administración puede reconfigurar alianzas, frenar consensos y meter ruido en el principal objetivo del mercado: un marco legal claro que reduzca la “regulación por enforcement”.
Qué pasó: Coinbase se bajó antes de un momento clave
De acuerdo con la información disponible, Coinbase se retiró de las negociaciones antes de una sesión decisiva en el Comité Bancario del Senado, donde se discute el texto en formato markup. Esa salida fue interpretada como un golpe fuerte, especialmente porque el exchange venía participando activamente y había mostrado respaldo público a la legislación.
En un contexto donde cada voto y cada acuerdo cuentan, la decisión de Coinbase se siente como una fractura interna del “bloque pro-cripto” que venía presionando por reglas más estables y previsibles.
La palabra que está detrás de todo: “yield”
Aunque el conflicto se presenta como una disputa política, el núcleo es económico: quién puede pagar recompensas o rendimiento en stablecoins y bajo qué condiciones.
En la industria, el yield no es un detalle menor. Funciona como incentivo para retener balances, atraer usuarios y construir volumen. Para los bancos, en cambio, ese mismo mecanismo es un riesgo sistémico: si una stablecoin se transforma en un sustituto de depósito remunerado, compite directamente con el sistema financiero tradicional sin cargar con el mismo peso regulatorio.
Por eso la discusión sobre yield se convirtió en un punto de quiebre dentro de la ley: es una línea roja para el sector bancario… y un pilar del modelo comercial para exchanges y plataformas cripto.
Armstrong endurece el tono: crítica a provisiones del nuevo borrador
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, salió públicamente a cuestionar disposiciones específicas del nuevo texto, marcando distancia con la dirección que estaría tomando el proyecto en su última versión.
Ese pronunciamiento tiene una lectura importante: Coinbase no estaría discutiendo detalles menores, sino el contenido esencial del borrador. Y cuando un actor de ese tamaño se planta, el mercado interpreta que el texto podría estar moviéndose hacia restricciones que impacten directamente la economía del exchange.
En términos políticos, también envía un mensaje al resto de la industria: “si esto se vuelve demasiado bancarizado, no lo vamos a firmar”.
La reacción del gobierno: enojo y acusación de “rug pull”
Según fuentes citadas, la Casa Blanca habría reaccionado con furia ante lo que considera un movimiento unilateral de Coinbase y sin aviso previo. Incluso se habría usado un término con carga emocional enorme dentro del mundo cripto: “rug pull”.
Ese lenguaje es llamativo: no es la frase habitual de una administración al hablar de un actor regulado. Pero muestra que, detrás de escena, el gobierno estaría tratando de sostener un delicado equilibrio entre bancos, reguladores, y la industria cripto, y que la salida de Coinbase rompió el “guion” que se venía trabajando.
Si esa lectura es correcta, entonces el conflicto no es solo técnico: es un choque de confianza.
Por qué esta pelea importa más de lo que parece
Cuando se discute estructura de mercado, todo se trata de arquitectura legal: qué regulator manda, qué se define como commodity o security, cómo se registran intermediarios, etc. Pero el yield en stablecoins es diferente: es un tema que impacta el comportamiento del usuario minorista en el día a día.
Por eso el gobierno y los bancos lo ven como un “punto de control” para evitar que las stablecoins se conviertan en depósitos paralelos. Y por eso los exchanges lo defienden: porque saben que sin recompensas, parte de la demanda se enfría.
Además, lo que ocurra aquí tiene efecto dominó:
Si la ley queda muy restrictiva, puede empujar innovación fuera de EE. UU.
Si queda demasiado abierta, los bancos podrían intensificar la presión regulatoria y política
Si no hay acuerdo, el proyecto puede trabarse y prolongar la incertidumbre
Y la incertidumbre, históricamente, es una de las cosas que más frena la entrada de capital institucional al ecosistema.
Escenarios posibles: volver a negociar… o romper el consenso
Con este cuadro, se abren tres escenarios realistas:
1) Coinbase vuelve a negociar y se alcanza un punto medio
Sería el escenario preferido por la administración: preservar el apoyo público al proyecto y evitar una fractura.
2) Coinbase se mantiene firme y el gobierno endurece su posición
Aquí el riesgo es que el respaldo político se debilite y la ley pierda tracción.
3) Se reescribe el texto para equilibrar bancos y cripto, pero con heridas internas
Es lo más probable: acuerdos con costos. El problema es que cuando se hace concesión al sector bancario, la industria puede sentir que se pierde el espíritu original del proyecto.
Un síntoma de fondo: el “bloque pro-cripto” no es monolítico
Este episodio deja una lección clara: el frente pro-cripto no es homogéneo. Cuando se pasa del discurso general (“queremos regulación clara”) a los detalles (“quién puede pagar yield”), aparecen intereses opuestos.
La administración busca un marco aprobado y defendible ante reguladores y bancos. Coinbase busca que la ley no destruya incentivos que son parte del negocio. Y los bancos quieren asegurarse de que stablecoins no compitan con depósitos.
Esa tensión era inevitable. Lo nuevo es que se volvió pública.
