Colombia dio un paso decisivo hacia la integración formal de los criptoactivos dentro de su sistema fiscal al adoptar reglas obligatorias de reporte alineadas con el Cryptoasset Reporting Framework (CARF) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La medida, oficializada mediante la Resolución 000240, posiciona al país como uno de los primeros de América Latina en aplicar de forma integral este estándar internacional.
La normativa, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece nuevas obligaciones de debida diligencia, recopilación de datos y reporte automático de información para exchanges, plataformas de trading e intermediarios que operen con criptoactivos. El objetivo central es reforzar la transparencia fiscal y reducir los espacios de evasión asociados al uso transfronterizo de activos digitales.
Qué implica el nuevo marco regulatorio
Bajo la Resolución 000240, los proveedores de servicios cripto deberán identificar y reportar información detallada sobre sus usuarios y operaciones. Esto incluye datos de titularidad de cuentas, volúmenes de transacción, valores de mercado, identificación de beneficiarios finales y movimientos relevantes realizados dentro y fuera del país.
La norma abarca los criptoactivos más utilizados en el mercado, como Bitcoin, Ethereum y stablecoins, mientras que excluye explícitamente a las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC). Además, introduce un umbral clave: las transferencias de criptoactivos superiores a USD 50.000 serán consideradas automáticamente como operaciones reportables a nivel minorista.
La información recopilada no quedará únicamente en manos de la autoridad colombiana. En línea con el CARF, la DIAN podrá intercambiar datos de forma automática con administraciones tributarias extranjeras, reforzando la cooperación internacional en materia fiscal.
Multas y sanciones por incumplimiento
El nuevo régimen no se limita a recomendaciones. La resolución establece sanciones económicas claras para quienes no cumplan con las obligaciones de reporte. Las declaraciones tardías, incompletas o incorrectas podrán ser penalizadas con multas que oscilan entre 0,5% y 1% del valor de las transacciones involucradas, un monto que puede resultar significativo para operadores de gran volumen.
Este enfoque sancionatorio refuerza la intención del Estado colombiano de asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa, especialmente en un ecosistema que históricamente ha operado con márgenes regulatorios difusos.
Calendario de implementación
Aunque la resolución ya fue emitida, su aplicación será gradual. Las obligaciones de reporte comenzarán a regir a partir del año fiscal 2026, y la primera presentación masiva de información está prevista para mayo de 2027. Este período de transición busca dar tiempo a las plataformas para adaptar sus sistemas tecnológicos y procesos internos.
No obstante, expertos del sector advierten que el margen no es tan amplio como parece. Implementar sistemas de identificación de usuarios, trazabilidad de transacciones y estandarización de reportes conforme a un marco internacional implica inversiones técnicas y legales relevantes.
Impacto para el ecosistema cripto en Colombia
La adopción del CARF marca un punto de inflexión para el mercado cripto colombiano. Por un lado, aporta mayor certeza jurídica y acerca al país a los estándares de las economías desarrolladas, lo que podría facilitar la llegada de actores institucionales y financieros tradicionales.
Por otro, eleva significativamente las exigencias de cumplimiento para exchanges y proveedores de servicios, especialmente aquellos de menor tamaño o con estructuras más informales. Algunos participantes del sector temen que esto acelere procesos de consolidación o incluso la salida de plataformas que no puedan asumir los costos regulatorios.
Desde la perspectiva del usuario final, el mensaje es claro: las operaciones con criptomonedas estarán cada vez menos desvinculadas del radar fiscal. La narrativa de anonimato absoluto pierde fuerza frente a un entorno de intercambio automático de información y supervisión coordinada.
Colombia y la tendencia global
La decisión de Colombia no ocurre en aislamiento. Forma parte de una tendencia global en la que los Estados buscan cerrar brechas fiscales generadas por la digitalización del dinero. El CARF fue diseñado precisamente para complementar los estándares de reporte existentes para cuentas financieras tradicionales, adaptándolos a la lógica de los criptoactivos.
Con esta medida, Colombia se alinea con una arquitectura regulatoria que apunta a integrar las criptomonedas en el sistema financiero formal, no como una excepción, sino como una categoría más de activos sujetos a control, impuestos y cooperación internacional.
