¿Firmar una transacción privada en Bitcoin convertirse en un crimen? Esa es la pregunta que hoy moviliza a miles de personas en todo el mundo, tras la condena de los desarrolladores de Samourai Wallet, un software de autocustodia y privacidad que nunca controló fondos ni claves de sus usuarios.
La campaña internacional “Stand Up for Freedom: Pardon the Innocent Coders” busca presionar por un indulto presidencial para Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, sentenciados en Estados Unidos por crear herramientas de privacidad financiera, un fallo que muchos consideran un ataque directo a la libertad de código, la innovación y el derecho a la privacidad.
¿Por qué fueron arrestados los desarrolladores de Samourai Wallet?
Samourai Wallet es una billetera Bitcoin no custodial, diseñada para permitir que los usuarios realicen transacciones sin intermediarios y con mayor protección frente a la vigilancia financiera. El software no custodiaba fondos, no administraba claves privadas y no intervenía en las operaciones realizadas por terceros.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. argumentó que una fracción minoritaria de las transacciones realizadas con la herramienta —alrededor del 10 % de más de 2.000 millones de dólares procesados— fue utilizada por usuarios para actividades ilícitas. Sobre esa base, los desarrolladores fueron tratados como responsables penales, pese a no existir evidencia de participación directa ni beneficio personal.
Ambos, además, eran infractores primarios, sin antecedentes criminales, y contaban con asesoría previa que indicaba que no calificaban como transmisores de dinero, según criterios históricos de FinCEN.
Condenas severas y un precedente que alarma al ecosistema cripto
El 6 y 19 de noviembre de 2025, un tribunal federal impuso condenas de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, además de multas de 250.000 dólares para cada desarrollador. Esto ocurrió pese a que cooperaron plenamente con las autoridades, cumplieron con 19 meses de arresto domiciliario, y entregaron más de 6,4 millones de dólares en activos.
La dureza del fallo contrasta con otros casos de lavado de dinero a gran escala protagonizados por instituciones bancarias, donde no se aplicaron sanciones penales comparables, una disparidad que ha reforzado la percepción de una criminalización selectiva del software de privacidad.
Por qué esta petición importa más allá de Samourai Wallet
La campaña de indulto no se limita a un caso individual. Para organizaciones de derechos digitales y referentes políticos, el proceso contra Samourai Wallet representa un precedente peligroso:
Criminalizar código puede vulnerar la libertad de expresión, al tratar el desarrollo de software como una conducta delictiva.
Se debilita el derecho a la privacidad financiera, un principio históricamente asociado al uso del efectivo.
Se pone en riesgo la autocustodia, uno de los pilares fundamentales de Bitcoin.
Se incentiva la fuga de innovación fuera de Estados Unidos, afectando su liderazgo tecnológico.
Desde el sector advierten que responsabilizar a desarrolladores por el uso indebido de herramientas neutrales equivale a culpar a una carretera por facilitar una huida o a una hoja de cálculo por ser utilizada con fines criminales.
Un llamado a firmar y defender la libertad digital
La petición exige un indulto presidencial inmediato, mayor supervisión del accionar del Departamento de Justicia y la aprobación de marcos legales que protejan a los desarrolladores de software no custodial, como el Blockchain Regulatory Certainty Act.
Firmar esta iniciativa no solo busca la liberación de dos desarrolladores, sino defender principios clave del ecosistema cripto: libertad, privacidad, innovación y soberanía financiera.
En un contexto de creciente presión regulatoria, el caso Samourai Wallet se ha convertido en un símbolo de hasta dónde puede llegar el Estado al intentar controlar herramientas diseñadas para preservar la libertad individual. La respuesta del público, ahora, puede marcar un antes y un después.
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