El incremento sostenido de las fundaciones en Islas Caimán se ha consolidado como una de las tendencias regulatorias más significativas del sector cripto. Según un informe de Cayman Finance, la jurisdicción registró más de 1.300 nuevas entidades en 2024 —un aumento de más del 70 % interanual— y superó las 400 inscripciones adicionales durante los primeros meses de 2025. El crecimiento continúa a pesar del giro proactivo de Estados Unidos hacia un modelo más favorable a los activos digitales.
Este fenómeno responde, principalmente, al papel de las fundaciones como vehículo legal para proyectos descentralizados que buscan limitar la responsabilidad de los participantes. El modelo se aceleró tras el fallo Samuels v. Lido DAO en California, que trató a un DAO sin estructura jurídica como una sociedad personalista, generando inquietud entre desarrolladores y contribuidores.
Un refugio jurídico para DAOs y equipos de gobernanza
Caimán ha absorbido la mayor parte de la migración regulatoria. La jurisdicción —que alberga más de 30.000 fondos de inversión— ofrece un marco conocido por su estabilidad, flexibilidad societaria y separación clara entre las actividades del protocolo y sus contribuyentes.
Entre las razones que impulsan esta preferencia destacan:
la protección de la responsabilidad personal de colaboradores y tokenholders
la facilidad para albergar propiedad intelectual, tesorerías multisig y derechos económicos
un régimen corporativo que no exige considerar a los poseedores de tokens como accionistas
Haymon Rankin, director asociado en Cayman Finance, destacó que la jurisdicción se ha vuelto un destino dominante para estructuras relacionadas con Web3 y fondos de inversión, compitiendo en volumen incluso con Delaware.
Este atractivo regulatorio ha llevado a que entidades de peso —como la OpenSea Foundation y estructuras que respaldan ETFs cripto— hayan elegido Caimán como base jurídica.
El componente de responsabilidad jurídica
La expansión de estas fundaciones no responde únicamente a la búsqueda de “arbitraje regulatorio”, sino a una preocupación creciente por la exposición legal de los contribuyentes a un DAO. Tras el caso Samuels, aseguradoras y proveedores centralizados han endurecido sus criterios para proyectos sin personalidad jurídica.
Las fundaciones permiten:
un interfaz corporativa claramente definido
mayor previsibilidad en caso de disputas legales
separación entre gobernanza protocolar y participantes individuales
Rankin también destacó el papel del Virtual Asset Service Providers Act (VASP Act), que otorga reglas claras a empresas que prestan servicios de intercambio, custodia o emisión de activos virtuales. Esta normativa refuerza la condición de Caimán como jurisdicción confiable y madura.
Estados Unidos intenta recuperar terreno
Después de años de rigidez regulatoria, Estados Unidos comenzó a reposicionarse en 2025. La administración Trump adoptó una postura proactiva hacia los activos digitales, materializada en iniciativas como el concepto de Reserva Estratégica de Bitcoin, nombramientos de perfil criptofriendly y la moderación de agencias como la SEC y la CFTC.
Entre las medidas más relevantes:
el lanzamiento de la iniciativa “Crypto 2.0”, que cerró varias investigaciones y avanzó hacia un marco regulatorio claro
la flexibilización del Corporate Transparency Act, reduciendo obligaciones para startups y pequeñas empresas del sector
la estrategia explícita de atraer nuevamente entidades de capital y estructuras corporativas
Galaxy Digital ejemplificó este movimiento al trasladar su domicilio corporativo desde Caimán a Delaware en 2025, una decisión motivada por el acceso al mercado de capitales estadounidense.
Aunque aún no hay un retorno masivo, estos pasos muestran que el país intenta retener a empresas que, en años previos, migraron a jurisdicciones más predecibles.
Un mercado fragmentado en múltiples jurisdicciones
El ecosistema cripto opera hoy bajo un modelo bifurcado que separa gobernanza, operaciones y cumplimiento regulatorio. La estructura más extendida combina:
una fundación en Caimán o Suiza para gobernanza y propiedad intelectual
una entidad operativa en EE. UU., Hong Kong o Dubái
filiales comerciales ubicadas donde existan licencias específicas para intercambios o servicios financieros
Hong Kong y Dubái se han posicionado como ejes regulatorios en Asia y Medio Oriente, con programas de licencias que atraen plataformas de trading, custodios y mesas OTC.
Este mosaico jurisdiccional ofrece ventajas de eficiencia, pero también consolida la dependencia del sector en estructuras offshore para preservar autonomía y limitar riesgos legales.
El gran interrogante para los próximos años
La cuestión clave es si Estados Unidos podrá recuperar actividad de gobernanza que hoy se concentra en el Caribe y Europa. Caimán y Suiza continúan ofreciendo blindajes jurídicos más nítidos, marcos impositivos estables y mayor simplicidad estructural.
Aun así, EE. UU. conserva ventajas incomparables en acceso a capital, mercados públicos y banca institucional. La dirección futura dependerá del ritmo con el que Washington consolide un marco regulatorio definitivo.
Por ahora, la industria adopta una estrategia dual: operaciones en jurisdicciones reguladas como Delaware, Hong Kong o Dubái, y gobernanza en centros offshore como George Town y Zug.
