La escena política y económica argentina atraviesa uno de sus momentos más turbulentos tras la explosiva aparición del caso $LIBRA, una criptomoneda promocionada públicamente por el propio presidente Javier Milei, que terminó convirtiéndose en un fenómeno financiero efímero, con fuertes consecuencias judiciales y políticas a nivel nacional e internacional.
Un tuit que encendió la mecha del escándalo
Todo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario argentino compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde lo siguen casi 4 millones de personas, una publicación en la que respaldaba la criptomoneda $LIBRA, presentada como una herramienta para “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos”. Lo que siguió fue una reacción inmediata del mercado: el precio de $LIBRA se quintuplicó en cuestión de horas, impulsado por el respaldo del presidente.
Sin embargo, lo que parecía un caso de adopción tecnológica y fomento a las pymes mediante criptoactivos, pronto se transformó en un escándalo político de gran magnitud. Apenas horas después, el precio de la moneda digital colapsó cuando los primeros inversores, presumiblemente con información privilegiada, comenzaron a retirar sus fondos, provocando pérdidas multimillonarias a pequeños ahorristas y generando sospechas de manipulación del mercado.
Comparecencia en el Congreso y defensa oficial
Tres meses después, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, compareció ante la Cámara de Diputados para responder a las acusaciones que ya alcanzan a la figura presidencial. Durante su intervención, Francos sostuvo que Milei “actuó de buena fe” y que simplemente “le pareció una buena idea” promover un proyecto privado que ofrecía financiamiento alternativo para emprendedores fuera del sistema financiero tradicional.
El funcionario enfatizó que “el tema $LIBRA es un negocio entre privados”, desligando cualquier participación oficial del Estado argentino o de sus funcionarios en la gestión o beneficio del proyecto. “No existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado nacional, sus organismos, funcionarios o asesores”, aseguró, en un intento por contener el creciente impacto político del escándalo.
Sospechas de estafa, tráfico de influencias y cohecho
Lejos de calmar las aguas, las declaraciones de Francos generaron nuevas preguntas. La Fiscalía argentina investiga actualmente si hubo delitos de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho, vinculados a la promoción pública de una criptomoneda que se desplomó de forma estrepitosa.
A esto se suma una pesquisa abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que evalúa si el caso constituye un fraude financiero transnacional, y una denuncia presentada en la Audiencia Nacional de España por el diputado Gerardo Pisarello. En esta última se menciona también al estadounidense Hayden Mark Davis, un joven emprendedor de 28 años que habría provisto la infraestructura tecnológica para la creación de $LIBRA, a través de la firma KIP Protocol.
¿Qué es KIP Protocol y cuál fue su rol?
KIP Protocol, según fuentes del ecosistema cripto, es una empresa con experiencia limitada en la creación de tokens y sin trayectoria comprobada en auditorías de seguridad ni en el cumplimiento de normativas internacionales. Este dato alimenta la desconfianza entre analistas, quienes ahora se preguntan si el gobierno argentino validó adecuadamente los antecedentes de sus impulsores antes de promover públicamente el proyecto.
Davis, el presunto cerebro técnico detrás de la criptomoneda, se reunió al menos en dos ocasiones con Milei en Buenos Aires, según registros oficiales. Sin embargo, el jefe de gabinete afirmó desconocer el destino final de los fondos captados, que se estiman en al menos 100 millones de dólares retirados por unas pocas billeteras digitales, lo que sugiere una posible operación de pump and dump, una práctica considerada ilegal en muchos países.
Eliminación del tuit y creciente presión internacional
Horas después del desplome del token, el presidente eliminó su publicación sin brindar explicación alguna, lo que para muchos fue una admisión tácita del fracaso de la iniciativa. La retirada silenciosa del mensaje y la falta de comunicación clara por parte del Ejecutivo provocaron una ola de indignación entre los afectados y una lluvia de demandas judiciales.
En paralelo, sectores de la oposición han exigido la conformación de una comisión investigadora bicameral y la citación directa de Milei al Congreso. Aunque hasta ahora el mandatario no ha sido formalmente convocado, la presión política aumenta.
La opinión pública y el efecto reputacional
El caso $LIBRA ha generado un profundo daño a la imagen presidencial, ya que socava la confianza en su discurso libertario y en su promesa de desregulación económica responsable. La ciudadanía observa con atención cómo el presidente que abogaba por liberar los mercados y fomentar la inversión digital, termina vinculado a un proyecto cripto fallido que generó un daño financiero a miles de personas.
Mientras tanto, la comunidad internacional de criptomonedas también ha reaccionado. Foros especializados y analistas de blockchain se muestran escépticos ante la viabilidad de proyectos cripto apadrinados por figuras políticas sin las debidas garantías regulatorias, lo que refuerza la necesidad urgente de marcos legales para criptoactivos tanto en Argentina como en América Latina.
