El Senado de Estados Unidos dio un paso clave hacia una regulación más coherente del sector cripto: el 13 de enero el Comité Bancario publicó el texto completo del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), un proyecto de 278 páginas que se encamina a discusión formal en una sesión de markup prevista para esta misma semana.
La propuesta llega en un momento en el que la industria busca reglas previsibles para operar, atraer capital y reducir el riesgo de litigios permanentes. Más que “etiquetar tokens” de manera aislada, el proyecto intenta resolver un problema estructural: qué regulador manda y en qué fase del ciclo de vida de un activo digital.
Un “sistema de carriles” para definir jurisdicciones
Una de las ideas centrales del borrador es abandonar el enfoque tradicional de clasificar cada token “caso por caso” y pasar a un esquema que asigna jurisdicción según la función que cumple el activo y el grado de descentralización del proyecto. En la práctica, el texto construye una arquitectura de “carriles” que puede mover un token desde un régimen más parecido a valores (securities) hacia un tratamiento más cercano al de commodities.
El presidente del Comité Bancario, Tim Scott, defendió el proyecto como una medida que busca entregar mayor certeza legal y protección a usuarios e inversores, a la vez que endurece el terreno para actores maliciosos y amenazas externas.
El puente entre la SEC y la CFTC, sin “ganadores” predeterminados
En Estados Unidos, gran parte del conflicto regulatorio cripto se explica por la disputa entre la SEC y la CFTC. El borrador intenta resolverlo con un reparto más funcional:
La SEC quedaría concentrada en lo que podríamos llamar la “etapa de origen”: emisión, promotores, divulgación, antifraude y condiciones del financiamiento.
La CFTC asumiría el rol de autoridad sobre mercados e infraestructura de negociación para activos tratados como commodities digitales, especialmente en el mercado spot.
La idea es que la supervisión acompañe el desarrollo del activo: cuando hay un grupo claramente identificable que impulsa la red y su valor, el enfoque es más “tipo SEC”; cuando la red ya opera con control más disperso y uso maduro, el marco se acerca a la lógica de commodities.
“Ancillary asset”: la categoría que busca destrabar el limbo legal
El proyecto define el concepto de “ancillary asset”, pensado para tokens cuyo valor todavía depende de esfuerzos “empresariales o gerenciales” de un originador o parte relacionada. Bajo este carril, la SEC obtendría atribuciones para fijar reglas y exigir divulgaciones con un estilo similar al de compañías públicas.
¿Y qué se exige? Un paquete amplio: estados financieros (revisados o auditados según el tamaño), distribución de tokens, transacciones con partes vinculadas, auditorías de código, tokenomics y datos de mercado como precios promedio y máximos/mínimos.
En el fondo, es un intento de equilibrar innovación con transparencia: permitir el desarrollo de redes nuevas, pero sin que eso implique operar “a ciegas” para el inversor minorista.
La cláusula tipo “fast pass” para activos con ETPs
Donde el texto podría tener impacto inmediato es en un atajo legal ligado a productos bursátiles: el borrador sostiene que un token no será considerado “ancillary asset” si ha sido el activo principal de un producto cotizado (ETP) listado en una bolsa nacional registrada antes del 1 de enero de 2026.
Esto funcionaría como una autopista regulatoria para activos que ya obtuvieron validación de mercado en formatos financieros tradicionales, reduciendo años de debate sobre descentralización, estatus legal y supervisión. El objetivo práctico: moverlos más rápido hacia un tratamiento de “commodity digital”.
Staking: alivio parcial para Ethereum y modelos no custodiados
Otro foco de alto interés es el staking. El borrador incorpora una definición que intenta frenar el temor de que las recompensas sean tratadas automáticamente como “ingreso por valores”. En lugar de eso, las presenta como “gratuitous distributions”, e incluye varias modalidades: auto-staking, staking auto-custodiado con terceros y estructuras de liquid staking.
En esencia: se busca establecer la presunción de que estas recompensas, por sí mismas, no constituyen una oferta de valores. Esto resulta relevante tras antecedentes de acciones regulatorias contra programas de staking en Estados Unidos.
Eso sí: el texto hace distinciones finas, dejando un margen para que el staking custodial (por ejemplo, en exchanges centralizados) permanezca bajo escrutinio más fuerte.
Stablecoins: prohibición de “interés por holding” y la batalla por el yield
El borrador también toma una decisión que venía presionando el sector bancario: prohibir que empresas paguen interés o rendimiento solo por mantener una stablecoin de pago. Sin embargo, intenta no matar el ecosistema DeFi: permite que las stablecoins puedan usarse para generar yield en otros entornos, como mercados de préstamos o productos financieros externos al emisor.
La lógica es separar “el instrumento de pago” del “producto de rendimiento”: el primero permanece estable y regulado como medio de liquidación; el segundo se convierte en la pieza sujeta a controles adicionales.
DeFi: safe harbors, pero con pruebas de “control”
En lugar del debate simplista “wallets vs. interfaces web”, el borrador introduce un enfoque más técnico: un control test. Si una interfaz no tiene custodia, no controla claves privadas ni puede bloquear/reordenar transacciones, podría tratarse como software y quedar fuera de registro tipo broker.
En cambio, si una plataforma puede mover fondos sin firma del usuario, enrutar órdenes con liquidez propia o agrupar operaciones, entra en carriles regulatorios más estrictos.
Optimismo en el mercado… y una ventana de enmiendas muy corta
En paralelo a la publicación del texto, figuras del mercado interpretaron el momento como una señal de deshielo. El CIO de Bitwise, Matt Hougan, lo describió como un “indicador de primavera” para el ciclo cripto, sugiriendo que, si avanza y se convierte en ley, podría impulsar un nuevo tramo alcista.
Mientras tanto, en mercados de predicción como Polymarket, los usuarios muestran optimismo y asignan una alta probabilidad de que el proyecto sea firmado este año. Sin embargo, la negociación política está lejos de estar cerrada: los senadores tendrían un margen de apenas 48 horas para presentar enmiendas antes del proceso de markup.
Un borrador que ordena el terreno, pero abre nuevas tensiones
El CLARITY Act intenta fijar un marco integral donde hoy predominan interpretaciones, demandas y zonas grises. Su mayor apuesta es reemplazar la incertidumbre por un sistema de clasificación funcional y un reparto más claro entre SEC y CFTC. Pero también aparecen fricciones: desde el diseño del yield con stablecoins hasta los límites que podría imponer a ciertas formas de privacidad y operación descentralizada.
Por eso, más que un “punto final”, este texto parece el inicio de una etapa de negociación intensa. Si avanza en el Senado, Estados Unidos podría entrar por primera vez en un esquema regulatorio de alcance amplio para el sector, con implicaciones directas para exchanges, emisores, DeFi, staking, stablecoins y el inversor minorista.
