Florida dio un nuevo paso hacia la institucionalización de los activos digitales con la presentación de un proyecto de ley que propone la creación de una reserva estratégica de criptomonedas en Florida, un fondo estatal diseñado para adquirir, mantener y gestionar criptoactivos de gran capitalización como parte de la estrategia financiera del estado.
La iniciativa, identificada como House Bill 1039 (HB 1039), fue presentada por el representante John Snyder y otorga al estado la autoridad legal para operar una reserva de criptomonedas administrada fuera del Tesoro estatal, bajo la supervisión directa del Chief Financial Officer (CFO) de Florida.
El proyecto representa un cambio significativo en la forma en que los gobiernos subnacionales de Estados Unidos evalúan el rol de Bitcoin y otros activos digitales, no solo como instrumentos de inversión, sino también como componentes estratégicos de largo plazo.
Un fondo estatal con amplias facultades operativas
Según el texto del proyecto, la Florida Strategic Cryptocurrency Reserve funcionaría como un fondo especial separado del Tesoro del estado. El CFO tendría amplias facultades para administrar la reserva, incluyendo la compra y venta de activos, el pago de gastos administrativos, la contratación de custodios externos y proveedores de liquidez, e incluso el uso de derivados financieros cuando se considere beneficioso para la gestión del fondo.
Esta flexibilidad operativa diferencia a la propuesta de otros intentos anteriores de integración cripto en finanzas públicas, que solían limitarse a autorizaciones generales sin un marco operativo claro.
El proyecto también contempla múltiples fuentes de financiamiento para la reserva, entre ellas asignaciones legislativas, rendimientos de inversión y la adquisición de activos digitales recibidos a través de forks, airdrops u otros eventos propios del ecosistema cripto.
Criterios estrictos de elegibilidad
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el criterio de selección de los activos digitales que podrían formar parte de la reserva. La legislación establece que solo serán elegibles aquellas criptomonedas que hayan mantenido una capitalización de mercado promedio mínima de 500.000 millones de dólares durante los 24 meses previos.
Con base en las valuaciones actuales, Bitcoin, con una capitalización cercana a los 1,8 billones de dólares, cumpliría holgadamente con este requisito. Ethereum, en cambio, con una capitalización aproximada de 370.000 millones de dólares, quedaría por fuera por el momento, aunque podría ser incorporado en el futuro si logra sostener un crecimiento significativo y estable.
Este umbral elevado sugiere que la iniciativa apunta a activos consolidados, reduciendo la exposición a la volatilidad extrema y a proyectos de menor madurez.
Un impulso legislativo coordinado
HB 1039 no es una iniciativa aislada. El proyecto funciona como la contraparte en la Cámara de Representantes de SB 1038, una propuesta similar presentada previamente en el Senado estatal. La versión del Senado ya fue remitida a comités clave, incluidos Banca y Seguros y dos comités de Apropiaciones, lo que indica un interés legislativo real en avanzar con la medida durante la sesión de 2026.
De aprobarse, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2026, otorgando al estado un marco legal claro para comenzar a construir su exposición a activos digitales estratégicos.
Florida ya había mostrado señales de apertura hacia Bitcoin en octubre de 2025, cuando se presentó el House Bill 183, una propuesta que buscaba permitir la inversión de fondos públicos en criptomonedas. El nuevo proyecto va más allá, al establecer una estructura dedicada y permanente.
Bitcoin y el debate sobre reservas públicas
La propuesta de una reserva estratégica de criptomonedas en Florida se inscribe en un debate más amplio que se está desarrollando en Estados Unidos y otros países: si Bitcoin puede desempeñar un rol similar al de otros activos de reserva, como el oro, dentro de las finanzas públicas.
A diferencia de iniciativas federales, que suelen enfrentar mayores obstáculos regulatorios y políticos, los estados han comenzado a explorar marcos propios para experimentar con activos digitales. En ese contexto, Florida se posiciona como uno de los estados más proactivos en evaluar el potencial de Bitcoin como activo estratégico.
El proyecto también refleja una visión más sofisticada del ecosistema cripto, al reconocer la necesidad de custodia institucional, gestión de riesgos y herramientas financieras avanzadas para administrar este tipo de activos.
Un precedente con impacto nacional
Aunque todavía debe atravesar el proceso legislativo completo, la iniciativa podría sentar un precedente relevante para otros estados. Si Florida avanza con éxito en la creación de una reserva cripto estatal, es probable que otros gobiernos subnacionales comiencen a evaluar esquemas similares, especialmente aquellos con políticas favorables a la innovación financiera.
Más allá del resultado final, el solo hecho de que un estado proponga formalmente una reserva estratégica basada en criptomonedas marca un punto de inflexión en la relación entre el sector público y los activos digitales.
En un contexto de creciente institucionalización de Bitcoin y de mayor participación gubernamental en el debate regulatorio, Florida parece dispuesta a posicionarse en la vanguardia de una tendencia que podría redefinir el papel de las criptomonedas en las finanzas públicas de los próximos años.
