Las criptomonedas volvieron a quedar en el centro del tablero geopolítico europeo. La Comisión Europea está impulsando un paquete de sanciones que apunta a prohibir por completo las transacciones cripto relacionadas con Rusia, en lo que sería el movimiento más agresivo del bloque hasta ahora contra el uso de activos digitales como mecanismo de evasión económica.
La iniciativa forma parte del vigésimo paquete de sanciones desde el inicio de la guerra en Ucrania y representa un cambio cualitativo en la estrategia de Bruselas. A diferencia de medidas anteriores, enfocadas principalmente en entidades rusas específicas, el nuevo enfoque apunta a desarticular los sistemas globales que hacen posible que Moscú siga utilizando infraestructura financiera digital para sostener su comercio exterior.
Según la propuesta, el alcance de las restricciones no se limitaría a exchanges con sede en Rusia. El plan contempla acciones directas contra plataformas cripto, intermediarios financieros y canales de pago —incluidos algunos ubicados fuera del territorio ruso— que faciliten operaciones vinculadas a personas, empresas o redes sancionadas. El objetivo declarado es “cerrar definitivamente una vía de elusión” que, según funcionarios europeos, sigue siendo explotada con rapidez y creatividad.
Desde Bruselas sostienen que la estrategia de sancionar exchanges individuales ha demostrado ser insuficiente. Cada vez que una plataforma es bloqueada, surgen estructuras sucesoras que replican el mismo modelo bajo otro nombre o jurisdicción. En ese contexto, la Comisión puso especial atención en redes de pago y exchanges que emergieron tras sanciones previas, algunos de ellos asociados indirectamente con operaciones de lavado, cibercrimen o comercio de bienes restringidos.
Uno de los focos centrales del paquete es la posible prohibición total de cualquier transacción relacionada con el rublo digital, la moneda digital de banco central desarrollada por Rusia en los últimos años. Para la UE, este instrumento no es un simple experimento tecnológico, sino una potencial herramienta para sortear sanciones tradicionales y crear circuitos de pago alternativos al sistema financiero occidental.
La propuesta también incluye sanciones adicionales contra bancos regionales rusos y contra entidades financieras de terceros países que, según la Comisión, estarían facilitando operaciones comerciales ilegales con bienes sancionados. Entre las medidas complementarias se encuentran restricciones a la exportación de productos de doble uso hacia países considerados puntos de tránsito, como Kirguistán.
Este endurecimiento llega después de varios pasos previos. En 2024, la Unión Europea ya había prohibido a sus entidades conectarse al sistema SPFS, el equivalente ruso a SWIFT, y amplió sanciones contra bancos y proveedores de servicios cripto acusados de colaborar con la base industrial y militar del país. Más recientemente, el bloque avanzó sobre stablecoins específicas y plataformas de pago digital utilizadas en esquemas de compensación transfronteriza.
El contexto explica la urgencia. Rusia ha legalizado el uso de activos digitales para pagos internacionales como parte de su estrategia para sostener el comercio bajo sanciones. En la práctica, esto convirtió a las criptomonedas en un elemento funcional de su política económica exterior, algo que Bruselas considera incompatible con la efectividad del régimen sancionatorio.
Sin embargo, el camino no está completamente despejado. Las sanciones de este tipo requieren unanimidad entre los Estados miembros, y al menos tres países han expresado reservas sobre el alcance y las posibles consecuencias del paquete. Algunas de las dudas giran en torno al impacto sobre empresas europeas, la capacidad real de aplicación y el riesgo de empujar aún más actividad hacia canales opacos fuera del alcance regulatorio.
Aun así, la Comisión intenta acelerar los tiempos. El objetivo inicial era lograr la aprobación antes del 24 de febrero, fecha que marca un nuevo aniversario del inicio del conflicto. Más allá de ese calendario simbólico, el mensaje político es claro: la UE busca demostrar que puede adaptarse a un entorno financiero cambiante y que las criptomonedas no quedarán al margen de las sanciones internacionales.
Desde una perspectiva más amplia, este movimiento sienta un precedente relevante. Por primera vez, un bloque económico de la magnitud de la Unión Europea plantea una prohibición tan amplia sobre el uso de activos digitales vinculados a un Estado específico. Esto podría tener implicancias no solo para Rusia, sino también para el debate global sobre neutralidad tecnológica, cumplimiento normativo y el rol de las criptomonedas en conflictos geopolíticos.
En el corto plazo, el mercado cripto observará con atención cómo se traduce esta propuesta en medidas concretas y qué grado de cooperación internacional logra Bruselas. En el largo plazo, la iniciativa refuerza una tendencia ya visible: los activos digitales dejaron de ser un fenómeno marginal y pasaron a formar parte del núcleo de las discusiones sobre poder económico, soberanía y control financiero.
