El presidente argentino Javier Milei firmó el Decreto 332/2025, publicado el 19 de mayo en el boletín oficial, que dispone la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el cuerpo creado para esclarecer los hechos en torno al polémico token LIBRA. Según el decreto, la UTI “ha cumplido su misión” tras remitir la información recolectada al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, ningún informe oficial ha sido publicado ni se han comunicado resultados públicos.
La medida llega en un momento crítico. LIBRA, lanzado en febrero con respaldo implícito de Milei —quien compartió su existencia en redes sociales—, pasó de una valoración estimada de $4.500 millones a apenas $0.06 por unidad, una pérdida del 98% que provocó pérdidas estimadas en $250 millones para más de 74.000 inversores.
La disolución de la UTI: ¿fin o encubrimiento?
Aunque el Poder Ejecutivo puede cerrar una unidad administrativa, no puede detener las investigaciones judiciales en curso, que ahora adquieren mayor protagonismo. La creación de la UTI, apenas días después del tuit presidencial que disparó el precio del token, fue interpretada como un intento del gobierno por mostrarse diligente ante las primeras acusaciones.
Hoy, la decisión de cerrar la UTI sin rendir cuentas públicamente genera sospechas: ¿cumplió su labor o se retiró justo antes de encontrar algo incómodo? A falta de transparencia, la percepción de encubrimiento crece, especialmente tras revelaciones que vinculan a allegados de Milei con el entorno de los fundadores del proyecto.
Una cadena de hechos que no cierra
El desplome de LIBRA coincidió con la venta masiva de tokens por parte de Hayden Davis y otros desarrolladores clave, cuyas acciones provocaron un colapso abrupto del mercado. La situación escaló a nivel político cuando se conocieron mensajes internos que sugerían pagos no revelados a la hermana del presidente, Karina Milei, quien ocupa el cargo de Secretaria General de la Presidencia.
El Congreso argentino reaccionó con la formación de una comisión investigadora, que citó a funcionarios del gobierno a declarar bajo juramento. Paralelamente, se acumulan más de 100 denuncias penales por fraude y promoción engañosa, muchas directamente dirigidas contra Milei.
Dimensión internacional: demandas colectivas en puerta
El escándalo ha trascendido fronteras. Estudios jurídicos de EE. UU. y Europa ya han propuesto demandas colectivas (class actions) en representación de inversionistas extranjeros afectados, alegando negligencia, manipulación de mercado y promoción engañosa por parte del presidente argentino.
De confirmarse la relación entre Davis y Karina Milei —incluyendo posibles transferencias bancarias encubiertas—, se configuraría un escenario de colusión entre actores privados y públicos con beneficio financiero directo, lo cual podría escalar hacia instancias de responsabilidad penal e internacional.
El rol de la justicia y la presión política
La jueza federal María Romilda Servini, designada para liderar la causa judicial, ordenó esta semana al Banco Central de la República Argentina entregar los movimientos bancarios tanto de Javier como de Karina Milei. Esta medida, inusual por su rapidez y amplitud, sugiere que la justicia no está dispuesta a dar por cerrado el caso pese al cierre administrativo de la UTI.
La oposición, por su parte, ha elevado el tono: algunos legisladores ya han iniciado procedimientos de juicio político contra Milei, citando “manipulación de mercado con uso de influencia institucional”.
¿Un modelo fallido de cripto política?
El caso LIBRA es, en muchos sentidos, el primer escándalo cripto-político a gran escala en América Latina. Representa el choque entre una narrativa libertaria desregulada y la realidad de un Estado con instituciones frágiles, donde la confianza pública se diluye más rápido que el valor de un token sin respaldo.
Lo que parecía un proyecto de innovación tecnológica devino en una operación de especulación y caos, alimentada por la validación tácita del presidente y la falta de controles.
El token ya cayó, pero la investigación apenas empieza
Disolver la UTI no resolverá el caso LIBRA. Con miles de damnificados, vínculos sospechosos y un ecosistema legal activado, el cierre político no basta. Si Milei esperaba terminar el capítulo con un decreto, la realidad judicial y la presión pública le marcarán que la historia apenas empieza.
