ONG Bitcoin Argentina presentó anteproyecto de Ley Bitcoin

El abogado Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, presentó en la primera jornada del main stage de LABITCONF 2023, el anteproyecto de ley que se elaboró en el seno de la asociación civil que agrupa a la comunidad bitcoiner para dar un marco legal a la operación con bitcoin y criptoactivos.

«Siempre hemos rechazado los intentos de regulación de la criptoeconomía, pero esta vez nos pusimos como meta dar una respuesta positiva, con sólo dos propósitos: preservar la descentralización y proteger el ahorro y la confianza del público. Porque no podemos cerrar los ojos ante la cantidad de actores y proyectos deshonestos que circulan con la marca blockchain», comenzó Mihura con su presentación.

En el escenario se integró un panel con conocidos referentes de la industria, como son Diego Gutiérrez Zaldívar (IOV Labs), Juan Pablo Fridenberg (Lemon), María Sol Mas (Matba Rofex) y el economista Prof. Manuel Calderón (UTDT), quienes fueron invitados por los organizadores para debatir sobre la propuesta.

Luego de señalar que los motores filosóficos de la propuesta son la mínima intervención en la libertad, el realismo pragmático y la tutela judicial a instancia de parte en lugar de la policía preventiva de oficio, Mihura explicó los lineamientos principales del proyecto:

«El primer artículo declara que protege la propiedad y derechos sobre bitcoin todos los criptoactivos, y contempla tres categorías de plataformas de prestación de servicios y de criptoactivos: descentralizados, centralizados locales o dispuestos a dialogar con las autoridades, y centralizados globales».

Bitcoin y las categorías «descentralizadas» quedan fuera de la competencia regulatoria de la autoridad de aplicación. Se las considera moneda sin curso legal y se reconoce el derecho de operar con ellas en libertad y desarrollarlas. La responsabilidad de operar con criptoactivos y plataformas descentralizados es exclusivamente de sus usuarios. «Y esto no es porque la descentralización sea una palabra mágica, sino porque la descentralización elimina el riesgo moral, porque permite a las partes interactuar en forma directa y con la seguridad objetiva que brinda el código», agregó Mihura.

Las categorías centralizadas locales, o «con licencia» se las prevé enmarcar en reglas normales de requisitos de calificación y de supervisión administrativa, y se las incentiva o «premia» con (i) el acceso al sistema bancario y de pagos para sí y para sus clientes, (ii) la aplicación de normas generales sobre responsabilidad civil no objetiva, y (iii) la independencia patrimonial de las reservas.

«Me parece bien que se permita a los exchanges mantener la independencia de sus reservas, y tenerlas en forma autónoma y no en plataformas de depósito colectivo. Ello es congruente con las características de la blockchain», mencionó Sol Mas durante el debate.

Juan Pablo Fridenberg señaló que los incentivos parecen muy influenciados por el contexto actual que está distorsionado por resoluciones regulatorias del último año, en referencia a las prohibiciones que lanzó el Banco Central a los bancos y a los PSP para operar criptoactivos para sus clientes.

Respecto de la categoría de criptoactivos y servicios centralizados globales o «sin licencia», se les permite operar libremente pero se los desincentiva mediante hacer responsables solidarios por sus riesgos a todos los que los operen o promuevan, y a sus administradores. Se les otorga a los usuarios la protección judicial más amplia posible, garantizando el derecho a reclamar por daños derivados de incumplimientos y de hacerlo ante la jurisdicción local de su domicilio.

Mihura se manifestó contrario a establecer prohibiciones para actuar: «Ni siquiera Estados Unidos puede prohibir en forma efectiva la operación de la criptoeconomía no licenciada. Apenas logra multar a algunos, espantar a otros y mover el resto a la informalidad. Argentina no tiene ninguna posibilidad de prohibir a sus residentes operar en entornos globales. Creemos que no tiene sentido proponer una prohibición de arriba hacia abajo y optamos por proponer lo mejor que puede ofrecer el derecho a sus ciudadanos: el derecho a reclamar ante un juez, a los responsables de provocarles un daño concreto y real. Y ello incluye a los responsables directos y a todos los que lucran en la cadena de comercialización de un fraude, hasta el damnificado final.»

La decisión final sobre si un determinado criptoactivo o plataforma es o no reamente descentralizado (si no lo es, rigen las responsabilidades solidarias para quienes las operan y promueven, salvo que opere con licencia), la tiene el juez en el caso concreto, en oportunidad de resolver un reclamo de un usuario damnificado contra alguna persona demandada como responsable solidario.

Así, el eje del proyecto quedó marcado en la distinción entre la descentralización y la centralización. Y en quienes se enmarquen voluntariamente en un estándar regulado, y quienes opten por operar fuera de ese marco.

«En la centralización es donde está el riesgo», coincidió durante el debate Juan Pablo Fridenberg.

A ello añadió Gutierrez Zaldívar: «La descentralización no es booleana. Bitcoin está en uno de los extremos. Cada plataforma tiene un ciclo de vida, y todo proyecto comienza centralizado. Incluso Bitcoin nació centralizado. Los incentivos y el desarrollo económico los va descentralizando a medida que se suman actores».

Con relación a esto último, un subgrupo de criptoactivos de emisión centralizada que se contempla especialmente es el que conforman los nuevos proyectos que van hacia la descentralización. Respecto de estos se prevé un régimen de licencia simplificado, con foco sólo en la transparencia y no en requisitos patrimoniales o de gestión. De esta forma los nuevos proyectos podrán transitar hacia la descentralización sin asumir riesgos regulatorios excesivos.

El economista Manuel Calderón coincidió con la razonabilidad de la propuesta y señaló que la confianza se puede ganar mediante el prestigio y el buen cumplimiento, mediante la autorregulación o la regulación externa. «En la propuesta coexisten los actores que construyen su propio crédito con quienes lo adquieren por adecuarse a un marco regulado, y pueden competir perfectamente», aclaró.

El presidente de la ONG Bitcoin Argentina agradeció el debate generado en torno al anteproyecto presentado, y anunció que comenzaba así un proceso de debate público para desarrollar el mejor proyecto posible de marco legal para la criptoeconomía.