El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, respaldó públicamente una propuesta que permitiría a los barcos pagar las tarifas del Canal de Panamá en Bitcoin con un descuento especial. La iniciativa, que ya ha despertado interés en el ecosistema cripto internacional, pretende atraer pagos en la principal criptomoneda para fortalecer las reservas estratégicas del país y diversificar su política económica.
Un “descuento Bitcoin” para la ruta marítima más importante de América
En un mensaje publicado el 7 de agosto en la red social X, Mizrachi calificó la idea como “brillante” y expresó su esperanza de que la Autoridad del Canal de Panamá la adopte. La propuesta fue originalmente planteada por Max Keiser, asesor del presidente salvadoreño Nayib Bukele en temas de Bitcoin, quien argumenta que esta medida podría permitir a Panamá acumular una importante reserva estratégica de BTC.
Keiser sugiere que, al ofrecer tarifas reducidas a las navieras que opten por pagar en Bitcoin en lugar de dólares u otras monedas fiduciarias, el país captaría un flujo constante de BTC gracias al tráfico marítimo internacional.
Un canal clave para el comercio global
El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, conecta el océano Atlántico con el Pacífico y es uno de los corredores de comercio más estratégicos del mundo. Cada año, entre 13.000 y 14.000 barcos atraviesan sus 82 kilómetros, moviendo millones de toneladas de mercancías y generando ingresos vitales para la economía panameña.
Según Keiser, los ingresos anuales del canal rondan los 5.000 millones de dólares, una cifra que representa una porción significativa de los ingresos nacionales. Incluso una adopción parcial del pago en Bitcoin podría traducirse en un volumen importante para las reservas del país, fortaleciendo su posición financiera y atrayendo la atención de la comunidad cripto global.
Panamá y su impulso a las criptomonedas
El apoyo de Mizrachi a esta iniciativa se enmarca dentro de una política más amplia de apertura hacia los activos digitales. Este mismo año, Ciudad de Panamá aprobó una legislación que reconoce el uso voluntario de criptomonedas como medio de pago y establece regulaciones claras para su manejo en transacciones financieras.
La normativa incluye requisitos de licencia para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs, por sus siglas en inglés) y alinea el marco regulatorio local con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Beneficios y riesgos de la medida
Un sistema de tarifas con descuento para pagos en Bitcoin podría ofrecer múltiples beneficios:
Atraer clientes internacionales interesados en optimizar costos operativos.
Generar un flujo constante de BTC hacia las arcas nacionales, creando una reserva estratégica que podría apreciarse en el tiempo.
Posicionar a Panamá como hub cripto en la región, siguiendo el ejemplo de El Salvador.
Sin embargo, la medida también plantea retos: la volatilidad de Bitcoin podría afectar la previsibilidad de ingresos, y el manejo de una reserva en cripto requeriría protocolos de custodia robustos para evitar riesgos de seguridad.
Potencial impacto económico
Si se implementa, el “descuento Bitcoin” no solo tendría impacto en el comercio marítimo, sino que también enviaría una señal potente a los mercados internacionales sobre la disposición de Panamá para innovar en materia financiera. Esto podría atraer inversiones extranjeras y estimular el desarrollo de servicios cripto en el país.
Para las navieras, pagar en Bitcoin podría representar una ventaja competitiva en costos, siempre que el descuento supere las posibles fluctuaciones del mercado y que la infraestructura de pagos sea eficiente y segura.
Un paso más hacia la integración cripto en la economía panameña
La propuesta aún requiere evaluación por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, pero cuenta con el respaldo de figuras políticas y expertos en el sector. De aprobarse, se convertiría en un precedente mundial al combinar uno de los principales activos estratégicos de un país con el uso directo de criptomonedas.
Más allá de la recaudación, el proyecto podría redefinir la imagen de Panamá como país innovador y abierto a nuevas tecnologías, atrayendo tanto al sector marítimo como al financiero hacia un modelo más digitalizado y descentralizado.