El Gobierno Argentino está enfocado en recaudar y puso la mira en las criptomonedas. Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina se comprometió a pagar u$s70.000 millones al FMI. Posiblemente esté relacionado a ésto el surgimiento de un proyecto del Frente de Todos para crear un programa especial de repatriación de bienes de argentinos en el exterior, el cual incluye el lanzamiento de un «blanqueo» de criptomonedas.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado hace dos semanas y ahora espera la aprobación de Diputados.
Seguramente, ésta decisión del Presidente está asociada a que Argentina crece notablemente en adopción de criptomonedas y capta la atención del FMI
¿En qué consiste el proyecto para monitorear las criptomonedas?
Con éste proyecto de ley el gobierno propone crear la UIF, un nuevo organismo llamado Unidad de Información Financiera, el cual funcionaría de modo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley».
Concordante con la búsqueda de detectar delitos, el proyecto incluye modificaciones en la legislación vigente, el cual eleva sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sin embargo no se limita a eso, también se incluyen como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que operen con criptomonedas.
El proyecto dice textualmente:
«los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra» los delitos financieros.
«Se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero (Instituciones Financieras), Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional».
Proyecto de Ley del gobierno argentino
El Gobierno Argentino quiere «hacer buena letra», lo que en Argentina se entiende como «mostrar un buen comportamiento». Actualmente la vicepresidente argentina es Cristina Kirchner. Claramente las intenciones del Gobierno actual son evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluya al país entre un grupo de juridiscciones «bajo monitoreo intensificado», algo que ya sucedió cuando Cristina K. fue presidente entre 2009 y 2014.
Blanqueo «cripto»
Ya existe en Agentina un programa especial de repatriación de bienes de argentinos en el exterior, que espera ser aprobado en el Senado para luego ser debatido en la Cámara de Diputados. El mismo establece una alícuota de 20% para quienes deseen declarar fondos en monedas digitales (se estiman en u$s68.800 M en manos de argentinos) según cifras de Chainalysis provistas en exclusiva a un medio argentino
Además la AFIP buscará el apoyo de más de 120 países «cooperantes» con un sistema de intercambio de datos entre Estados similar al que existe con entidades bancarias. Algunos de los solicitados serán, los crypto-frienly El Salvador, Gibraltar, Malta y Liechtenstein, para compartir información dentro del standard common reporting, que analiza la OCDE.
Respuesta de la industria cripto:
Ante la presión que pretende generar el gobierno, un referente de la comunidad cripto, del cual desconocemos la identidad, dijo a un medio: «Hay que subirse a la ola: plazos fijos cripto, tarjetas, cashback, NFT, metaverso para incentivar operaciones»
La industria cripto en la Argentina comenzó a autorregularse y hoy cumple con disposiciones de:
- Banco Central: ya varios están inscriptos como proveedores de servicios de pago (PSP), al igual que las fintech, por lo que deben reportar operaciones y recibir inspecciones
- AFIP: ya las empresas reportan cada mes la nómina de cuentas de sus clientes; montos sobre ingresos, egresos y saldos en moneda local, y CBU o CVU de las operaciones, entre otros datos
- Unidad de Información Financiera (UIF): si bien no son sujetos obligados, pueden solicitar más documentación en grandes transacciones y reportar a la agencia antilavado
Claramente la industria de las criptomonedas tiene modos de evadir éstos controles, el estado no puede rastrear transacciones en las plataformas persona a persona (P2P), donde los usuarios intercambian saldos en cripto. A éste tipo de transacción se la denomina «blue», a pesar de que se trata de operaciones legales entre privados.
Sin embargo el «blanqueo cripto», además de generar que aumenten las transacciones en P2P y que se abandonen los exchanges locales para evitar la persecución impositiva, insidirá una gran demanda, que aumentará las comisiones de compraventa, con lo cual el usuario cripto verá efectivamente un incremento respecto al precio ‘oficial'».
Ya comenzó a notarse entre ambas cotizaciones en los exchanges locales:
- Bitcoin: el «oficial» está en $6,3 millones contra $6,5 millones
- Dólar digital: el USDT cotiza a $203 contra $207 del paralelo
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