La regulación cripto en Brasil entra en una nueva etapa. El Banco Central de Brasil (BCB) publicó tres resoluciones que establecen las normas operativas, de autorización y supervisión para las instituciones que operan con activos virtuales. Las medidas, que entrarán en vigor el 2 de febrero de 2026, consolidan la aplicación práctica del marco legal que rige los criptoactivos en el país y marcan un punto de inflexión en la integración del ecosistema digital con el sistema financiero tradicional.
Un marco que redefine la industria
Las resoluciones —BCB nº 519, 520 y 521— precisan quiénes pueden ofrecer servicios con criptoactivos, cómo deben operar los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y en qué casos las transacciones serán consideradas operaciones de cambio o capital internacional.
La Resolución nº 519 determina que las empresas interesadas en actuar como intermediarios, custodios o brókeres de activos virtuales deberán cumplir con requisitos similares a los de las instituciones financieras tradicionales. Esto incluye políticas de gobernanza, mecanismos de cumplimiento y control interno, seguridad cibernética y programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Los servicios podrán ser ofrecidos tanto por entidades ya autorizadas por el Banco Central como por nuevos VASP creados exclusivamente para este fin. En todos los casos, las plataformas deberán garantizar transparencia y protección al usuario, asegurando que los fondos y datos de los clientes estén resguardados bajo estándares internacionales.
Procedimientos de autorización y transición regulatoria
La Resolución nº 520 define el proceso de autorización para operar como VASP. Las instituciones que actualmente brindan servicios relacionados con criptoactivos tendrán un plazo para adecuarse a las exigencias y solicitar la aprobación formal ante el Banco Central.
Este período de transición busca evitar disrupciones en el mercado, permitiendo que los operadores existentes se adapten gradualmente al nuevo marco. Además, el BCB actualizó las reglas aplicables a los segmentos ya regulados por el Consejo Monetario Nacional (CMN), como los brókeres y distribuidores de valores, unificando los criterios de supervisión para todas las entidades financieras.
En términos prácticos, el objetivo del regulador es ordenar el ecosistema cripto sin frenar la innovación, promoviendo un entorno competitivo pero con bases sólidas de cumplimiento y protección al inversor.
Stablecoins bajo la lupa: el impacto de la Resolución nº 521
La tercera disposición, la Resolución nº 521, regula las operaciones con activos virtuales vinculadas al mercado de cambio y transacciones internacionales. A partir de ahora, los pagos internacionales, transferencias entre billeteras y conversiones entre monedas fiduciarias y criptoactivos se considerarán operaciones de cambio.
Los VASP y las instituciones autorizadas podrán realizar pagos y remesas internacionales con criptoactivos por montos de hasta 100 mil dólares cuando la contraparte no sea una entidad financiera registrada. Esta medida incluye también el uso de criptoactivos en préstamos externos e inversiones extranjeras directas, lo que amplía el alcance operativo del sector bajo un marco jurídico claro.
Uno de los cambios más relevantes es que el Banco Central incorpora a las stablecoins —como USDT, USDC, BRZ y BRLV— dentro de la supervisión cambiaria. Esto implica que estas monedas digitales deberán cumplir las mismas normas de identificación, límites y reportes que las operaciones de divisas tradicionales, cerrando así una de las principales áreas grises regulatorias del país.
El director de Regulación del Sistema Financiero Nacional, Gilneu Vivan, fue enfático al señalar que no se aceptarán stablecoins con colaterales algorítmicos, en alusión a casos como TerraUSD. “Hemos tenido algunos casos recientes donde las stablecoins no resultaron ser efectivamente funcionales”, afirmó, destacando la importancia de la transparencia y la garantía real de respaldo.
Un marco alineado con los estándares internacionales
La nueva regulación representa el paso siguiente al marco legal establecido por la Ley nº 14.478/2022, que sentó las bases generales, y al Decreto nº 11.563/2023, que designó al Banco Central como autoridad supervisora del sector.
Con las resoluciones ya publicadas, el BCB formaliza su papel como ente regulador del ecosistema de criptoactivos, siguiendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y los estándares adoptados en Europa y Estados Unidos.
Este avance coloca a Brasil como uno de los países latinoamericanos con mayor claridad y madurez regulatoria en materia cripto, al nivel de economías avanzadas. Para los inversores institucionales y las empresas del sector, la existencia de un marco legal completo ofrece seguridad jurídica, transparencia y previsibilidad, condiciones clave para atraer capital extranjero.
La nueva regulación cripto en Brasil transforma la relación entre los activos digitales y el sistema financiero. Al unificar normas, establecer procesos claros de autorización y supervisar las stablecoins bajo las mismas reglas del mercado cambiario, el Banco Central refuerza su compromiso con la innovación responsable.
Brasil consolida su posición como líder regional en regulación financiera aplicada a la tecnología blockchain, abriendo el camino a una adopción más segura y a la integración definitiva entre el mundo tradicional y el digital.
