Ripple Labs ha elevado el tono de su interacción con los reguladores estadounidenses. En una carta enviada el 27 de mayo a la unidad de Criptoactivos y Ciberseguridad de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la compañía solicitó criterios claros para determinar cuándo un activo digital deja de estar sujeto a las leyes de valores.
La misiva responde a una inquietud planteada por la comisionada Hester Peirce durante su discurso “New Paradigm”, en el que instó a una revisión del enfoque actual de la SEC hacia las criptomonedas. Ripple aprovechó el espacio para desarrollar un marco conceptual alternativo, que busca equilibrar protección al inversionista con desarrollo tecnológico.
¿Cuándo un token deja de ser un valor?
En el centro del argumento de Ripple está una premisa jurídica clave: la mayoría de los tokens fungibles que se negocian en mercados secundarios no deberían considerarse valores. La empresa cita investigaciones legales que señalan que dichos activos no generan obligaciones continuas entre el emisor y los compradores, lo cual es un requisito típico para que exista un contrato de inversión.
Además, Ripple recordó que en el fallo judicial de 2023, relacionado con su disputa con la SEC, el tribunal determinó que las ventas secundarias de XRP no constituían valores. Solo algunas ventas institucionales tempranas fueron clasificadas como contratos de inversión.
Con base en ello, la empresa propone que un token solo debe seguir bajo supervisión de la SEC si existen promesas materiales no cumplidas por parte del emisor, o si los poseedores aún tienen derechos exigibles contra este.
“Entendemos la preocupación de la SEC sobre que algunos actores malintencionados podrían evadir responsabilidades, o que emisores bien intencionados podrían recaudar fondos sin supervisión. Pero si hay un vacío legal, corresponde al Congreso llenarlo, no a la SEC”, señala el texto.
De la descentralización a la madurez de red
Ripple también cuestionó el uso de la “descentralización” como criterio para definir si un token está sujeto a las leyes de valores. A juicio de la empresa, el concepto es demasiado ambiguo, y su interpretación varía en contextos legales, técnicos y regulatorios.
Como alternativa, propone el uso del concepto “madurez de red”, un estándar más objetivo que contempla factores medibles. De acuerdo con el planteamiento, un token debería quedar excluido del régimen de valores si cumple con tres condiciones:
Capitalización de mercado significativa.
Operación continua en una red pública y sin permisos durante un periodo determinado.
Ausencia de control unilateral por parte de un individuo o grupo sobre las funciones centrales de la red.
Con estas condiciones, Ripple sostiene que muchos activos digitales ya forman parte del sistema financiero tradicional. Señala que varios de ellos cotizan en mercados líquidos y son utilizados como base para productos financieros regulados, incluyendo ETFs y contratos de futuros.
Implicaciones regulatorias
El planteo de Ripple llega en un momento en el que los marcos regulatorios para criptoactivos están bajo revisión en varias jurisdicciones. En EE. UU., las fricciones entre la SEC y proyectos como Ripple, Coinbase o Binance han puesto en evidencia la falta de consenso sobre cómo aplicar la ley de valores a los activos digitales.
Al proponer un enfoque más funcional y transparente, Ripple busca que la regulación refleje la realidad del ecosistema cripto actual. En particular, la empresa considera inapropiado que se impongan requisitos de registro o divulgación a tokens que han operado de forma pública y abierta durante años.
“La aplicación de leyes de valores a estos activos no tiene sentido si no existen promesas incumplidas ni relaciones jurídicas activas entre emisor e inversionistas”, concluye el documento.
¿Qué sigue?
Aunque la carta no implica una acción formal de la SEC, sí representa un nuevo intento de Ripple por influir en la narrativa y el diseño de políticas públicas relacionadas con criptomonedas. El futuro de la regulación dependerá, en última instancia, de decisiones legislativas, pero los planteamientos como el de Ripple podrían servir de base para futuras normativas.
