En una decisión sin precedentes, la administración Trump desmantela la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), abriendo paso a una nueva era de políticas pro-cripto en Estados Unidos.
En un movimiento que ha sacudido al ecosistema de los activos digitales, el presidente Donald Trump ha ordenado la disolución inmediata de la unidad de criptomonedas del Departamento de Justicia, conocida como National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Esta unidad, establecida en 2021 bajo el mandato de Joe Biden, había sido una pieza clave en la lucha contra el crimen financiero digital, especialmente en casos de lavado de dinero, fraude y ciberataques relacionados con criptomonedas.
La decisión fue confirmada a través de un memorando interno de cuatro páginas, firmado por el fiscal general adjunto Todd Blanche, en el que se argumenta que la función del Departamento de Justicia no es la de actuar como un regulador financiero, sino la de hacer cumplir la ley penal federal. “No somos un organismo regulador de los activos digitales”, afirmó Blanche, señalando que ese rol corresponde a la Securities and Exchange Commission (SEC) y a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Cambio de paradigma: del control a la promoción del sector cripto
Durante sus años de operación, la NCET jugó un papel central en investigaciones de alto perfil como el caso de Avraham Eisenberg, acusado de manipulación de mercado tras desviar más de 100 millones de dólares mediante estrategias de explotación en plataformas DeFi. También colaboró en investigaciones sobre grupos de hackers norcoreanos, responsables de millonarios ciberataques dirigidos al ecosistema blockchain global.
Sin embargo, la nueva directiva marca un giro radical en la postura del gobierno estadounidense frente a las criptomonedas. Trump ha adoptado un enfoque proactivo y favorable a la innovación, criticando la estrategia anterior de “regulación mediante represión”. En su lugar, se busca perseguir a los actores individuales que representan una amenaza para los inversores, sin obstaculizar el desarrollo de las plataformas tecnológicas.
Estados Unidos como superpotencia del Bitcoin
La disolución de la NCET no es un evento aislado, sino parte de un paquete más amplio de políticas pro-cripto implementadas por Trump tras su reelección. Entre estas destacan:
El lanzamiento de tokens con su imagen, como el TRUMP token, que ha generado notable atención mediática y especulación en los mercados de memecoins.
La designación de Paul Atkins, figura reconocida por su postura pro mercado libre, como asesor clave en temas financieros y cripto.
La firma de una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica en Bitcoin y otros activos digitales, lo que ha sido interpretado como una jugada para blindar la soberanía financiera del país.
La organización de una cumbre nacional cripto en Washington D.C., con la participación de líderes de las principales compañías del sector blockchain.
En ese evento, Trump pronunció una de las frases más citadas del año en el ecosistema: “He prometido convertir a Estados Unidos en la superpotencia del Bitcoin y la capital mundial de las criptomonedas. Y estamos tomando medidas históricas para cumplir esa promesa.”
Implicaciones para el futuro regulatorio y financiero de las criptomonedas
Este replanteamiento del papel del Estado en el ecosistema cripto tiene profundas implicaciones. Por un lado, reduce la presión legal sobre exchanges, proyectos DeFi y plataformas NFT; por otro, plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la seguridad de los inversores sin un ente especializado como la NCET.
Las voces en la industria se dividen: mientras algunos celebran este enfoque como una victoria para la descentralización y la libertad económica, otros advierten sobre los riesgos de una supervisión insuficiente en un mercado todavía expuesto a fraudes y manipulaciones.
Lo cierto es que la unidad de criptomonedas del Departamento de Justicia ya es historia, y lo que viene será una nueva etapa donde la autonomía del mercado cripto en Estados Unidos se verá puesta a prueba. Con esta jugada, Trump no solo cambia el tablero legal del país, sino que lanza un mensaje claro al mundo: la era de la ofensiva legal contra las criptomonedas ha terminado.
