Como ya es sabido, Binance retiró al Banco de Venezuela como método de pago en su servicio de comercio entre pares (P2P), esta medida se sumó a las ya tomadas por el mayor exchange del mundo relacionados a los bancos rusos sancionados, todo por la probabilidad de que el Exchange realiza esfuerzos para cumplir las medidas adoptadas que tienen su seno en las sanciones financieras internacionales.
Debemos recordar lo plasmado en el informe del Wall Street Journal del 24 de agosto sobre la participación del exchange en la elusión de las sanciones financieras internacionales y las recientes declaraciones de su CEO a través del blog del gigante, explicando que Binance aplica las mismas reglas de sanciones que los bancos, de acuerdo a las normativas internacionales, manifestando que “…si los gobiernos presentan nuevas sanciones que incluyan la desvinculación de usuarios, entonces aplicaremos esas sanciones con firmeza. También contamos con equipos de trabajo conjunto formales e informales con múltiples gobiernos y agencias normativas de todo el mundo, que brindan consultoría sobre las prácticas recomendadas de ahora en adelante. Siempre estamos complacidos de trabajar con cualquier gobierno que desee trabajar con nosotros”.
Ahora bien, recordemos que la otrora Sunacrip emitió en su momento un comunicado donde recomendaba a los agentes del ecosistema cripto abstenerse de utilizar mecanismos o plataformas no autorizadas para efectuar operaciones y transacciones asociadas a Criptoactivos, lo que permitiría el buen desarrollo, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Criptoactivos en Venezuela, entiéndanse BDV, PetroApp, Patria Exchange, VEX y las Exchanges debidamente autorizadas por la Sunacrip. Sin embargo, no debemos dejar de lado la situación del uso de la plataforma del exchange en el comercio nacional venezolano y la recepción de remesas, aun cuando oficialmente no tienen licencia de operación dentro del territorio nacional.
Recordemos que la providencia administrativa de la Sunacrip Nro. 012-2019 estableció los mecanismos legales para la obtención de las licencias de operación de las casas de intercambio, con la salvedad que expresamente reguló lo relacionado con aquellas domiciliadas en el país. Ahora bien, ¿son las Medidas Coercitivas Unilaterales (mal llamadas sanciones) motivos suficientes para excluir del intercambio P2P al banco con mayor volumen de clientes y activos consolidados en Venezuela? La respuesta es no. Entendemos que en aras de cumplir con las recomendaciones de políticas asociadas contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo emitido por el GAFI el exchange toma decisiones como esta, no obstante, es importante resaltar el hecho de la vulnerabilidad de los derechos económicos de los individuos que realizan de una u otra manera transacciones a través de dicha plataforma y que adicional a ello cumplieron con el registro correspondiente ante el órgano rector (RISEC).
También es prudente preguntarnos si el exchange cumplió con lo establecido en el artículo 6 de dicha Providencia Administrativa, primer aparte, sobre notificar a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas y a la Fiscalía General de la República, cualquier movimiento anómalo que hayan detectado en sus transacciones, y que pudieron tener connotaciones de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT), en el uso de su plataforma con transacciones vinculadas al BDV. En atención a ello, la ausencia de un marco normativo especializado que plantee soluciones frente a los retos en materia de ciberseguridad, privacidad, protección de datos, custodia de fondos, y en el caso que nos atañe, cierre del mercado P2P, haciendo uso de un operador bancario, nos deja vulnerables en la tutela de nuestro derechos efectivos, y a su vez deja a la República en las mismas circunstancias ante un gigante como Binance.
Por Luis Rangel.
Abogado corporativo.
Coordinador Nacional de la Red de Criptoeconomía y Comercio Electrónico del Movimiento Somos Venezuela.
