Malasia se ha convertido en uno de los focos más activos de minería ilegal de Bitcoin en Asia, impulsando una respuesta estatal que combina tecnología aérea, monitoreo inteligente y operativos coordinados. Entre 2020 y agosto de 2025, las autoridades detectaron 13.827 instalaciones implicadas en robo de electricidad para alimentar granjas clandestinas, una cifra que refleja la magnitud del problema y el costo que ha generado para el país: alrededor de 4.6 mil millones de ringgit (unos 1.100 millones de dólares), según datos de la compañía estatal Tenaga Nasional (TNB).
Los operativos continúan en aumento. Solo en 2025, las autoridades registran cerca de 3.000 nuevos casos de hurto energético relacionados con actividades de minería, impulsados por el auge del precio de Bitcoin y la rentabilidad de operar sin pagar por la electricidad.
Un sistema de vigilancia que evoluciona
Lo que en sus inicios eran simples inspecciones de contadores eléctricos hoy constituye una red de vigilancia distribuida. El sistema incorpora:
Drones térmicos, que detectan concentraciones de calor asociadas a equipos de minería.
Sensores portátiles, capaces de identificar consumos anómalos en viviendas y locales.
Medidores inteligentes, instalados en transformadores para monitorear en tiempo real el flujo eléctrico.
Estos sistemas permiten a TNB ubicar circuitos donde la energía suministrada no coincide con la registrada por los medidores de los usuarios. Cuando se identifica un desbalance, los equipos sobrevolan la zona durante la noche y realizan inspecciones focalizadas, reduciendo la necesidad de revisar propiedad por propiedad.
La creación de una base de datos nacional también ha sido clave. El registro enlaza direcciones sospechosas con historial eléctrico, propietarios y patrones de consumo, facilitando la coordinación entre la policía y el Ministerio de Energía.
El impacto económico y social
El incremento de estas actividades no solo representa pérdidas energéticas. También genera:
riesgos de sobrecarga en transformadores,
incendios en viviendas y locales comerciales,
interrupciones del servicio en zonas residenciales,
deudas millonarias para propietarios cuyos inquilinos abandonan equipos y facturas impagas.
El viceministro de Energía, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, advirtió que permitir la proliferación de estas operaciones compromete la estabilidad de las infraestructuras eléctricas. “El riesgo ya no es solo el hurto. Estas actividades pueden dañar nuestras instalaciones y poner en peligro a comunidades completas”, declaró recientemente.
La preocupación es tal que el Gobierno ha creado un comité especial interinstitucional —integrado por el Ministerio de Finanzas, el banco central y TNB— para formular medidas más estrictas, incluyendo la posibilidad de prohibir por completo la minería de Bitcoin incluso cuando se realice de forma regularizada.
Incentivos económicos que alimentan el fraude
En Malasia, los subsidios energéticos y las tarifas relativamente bajas crean un escenario atractivo para mineros clandestinos, quienes maximizan ganancias al evitar pagos. Aunque las tarifas han subido en 2025, los costos siguen siendo significativamente inferiores a los de la mayoría de países vecinos.
Esto genera un incentivo poderoso: el margen entre pagar electricidad subsidiada o no pagarla en absoluto convierte una operación apenas rentable en una altamente lucrativa.
Muchos grupos recurren a conexiones ilegales instaladas antes del medidor, haciendo que el consumo parezca normal mientras los transformadores trabajan a niveles muy superiores. Las multas pueden alcanzar un millón de ringgit y penas de hasta diez años de cárcel, pero las estructuras utilizadas —inquilinos temporales, empresas ficticias y equipamiento sin dueño identificable— dificultan las condenas.
Un fenómeno global en movimiento
El caso malasio se inserta en un patrón mundial: donde el costo energético es bajo o la supervisión es débil, las operaciones migran. Tras la prohibición minera en China en 2021, parte de la infraestructura se trasladó a Kazajistán, Rusia y Norteamérica. Hoy, dinámicas similares se observan en Kuwait, Laos y partes de China, donde la actividad clandestina ha resurgido.
En Malasia, los mineros saltan de locales desocupados a casas abandonadas. Algunos instalan escudos térmicos, cámaras de vigilancia y barreras improvisadas para retrasar las redadas. Otros se desplazan hacia zonas remotas con conexiones directas a líneas elevadas.
Las autoridades temen que esta movilidad responda a redes criminales organizadas. “El comportamiento apunta a operaciones profesionales, no a entusiastas aislados”, afirmó Nasir.
En resumen, Malasia enfrenta una fase crítica en su intento por proteger su red eléctrica y avanzar hacia una transición energética sostenible. La minería ilícita no solo representa un costo financiero significativo, sino también un desafío estructural para un país que busca atraer inversiones en centros de datos y nuevas industrias digitales.
La vigilancia se intensifica. Los mineros se adaptan. Y la tensión entre ambos redefine, una vez más, la geografía global de la minería de Bitcoin.
