Dentro de los diversos países en América Latina que han estado discutiendo e impulsado medidas regulatorias para las criptomonedas, se encuentra Paraguay, que desde finales de 2021, de la mano del Senado del país, se estableció un proyecto de ley dedicado para la regulación de los criptoactivos.
Tras un largo camino parlamentario desde entonces, el proyecto de ley fue vetado recientemente por el presidente de la nación sudamericana, Mario Abdo Benítez. El proyecto fue aprobado inicialmente por el Senado de Paraguay, hasta en dos ocasiones, la última en el mes de julio luego de que la Cámara de Diputados del país realizara algunas modificaciones que fueron aceptadas por la Cámara Alta del parlamento paraguayo.
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Razones del veto al proyecto de ley que regula las criptomonedas
En este sentido, el proyecto de ley 6962, reconocido como proyecto de ley «que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos», pretendía grandes rasgos formar un marco regulatorio para las criptomonedas en Paraguay, legalizando la minería como una actividad industrial, el comercio y los participantes del sector.
Sin embargo, según anunció la presidencia de Paraguay, los motivos del veto al proyecto de ley surgen luego de la consideración y análisis realizado por diferentes órganos estatales, incluyendo la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), dos organismos involucrados con la regulación para la minería de criptomonedas propuesta en el proyecto.
La Administración Nacional de Energía Eléctrica, consideró que la minería debe considerarse como consumo eléctrico intensivo, más no industrial como se plantea en el proyecto, ya que «no genera un valor agregado, sino más bien constituye la prestación de un servicio de registro y validación de transacciones de un sistema distribuido de cadena de bloques», mientras que también la entidad también vio conflictos en cuanto a los lineamientos operativos, técnicos y las tarifas planteadas para los mineros.
Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio mencionó la importancia de considerar las actividades industriales dentro de los parámetros establecidos para el país, dándole prioridad a los sectores con mayor impacto social, económico y eficientes con el medio ambiente, a la vez que cuestionó el beneficio en la distribución de la energía eléctrica dedicada a la minería de criptomonedas, así como problemáticas en la asignación justa de una tarifa por el servicio.
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Entre otras razones, en el decreto con el veto para el proyecto de ley, la presidencia paraguaya añade la advertencia realizada por el Banco Central de Paraguay con respecto al uso de las criptomonedas para actividades ilícitas y su volatilidad. El documento, agrega algunas consideraciones y narrativas conocidas par el rechazo a las criptomonedas:
(….) los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo. La intención de regular la industria y comercialización de activos virtuales, como se pretende en este proyecto de ley, podría generar una falsa sensación de seguridad respecto a la tenencia de este tipo de activos. En este sentido, entendemos que una de las obligaciones fundamentales del Estado es regular y proteger a los consumidores e inversionistas de eventuales casos de fraude, evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, actividades a las cuales normalmente se asocian este tipo de activos (…)
Para el senador Fernando Silva Facetti, uno de los impulsores de la regulación cripto, considera que el veto por parte de la presidencia es ignorar «la existencia de esta actividad que hoy funciona en la sombra normativa», señalando que con la decisión «el Ejecutivo se lava las manos y no acepta la minería como industria, que genera recursos y fuentes de trabajo, pero opera en área gris, sin poder acceder al Sistema Financiero ni establecer regulaciones que garanticen al inversionista, ni al consumidor y al Estado», como describió en los primeros dos de una serie de mensajes en la red social, Twitter.
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