Las criptomonedas ocupan hoy un lugar central en la economía venezolana, no solo como mecanismo de supervivencia financiera, sino también como pieza clave dentro de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos. La reciente confiscación de un buque petrolero por parte de autoridades estadounidenses volvió a colocar en la mira global el uso de activos digitales en operaciones asociadas a evasión de sanciones, profundizando el debate sobre el futuro regulatorio y económico del sector.
Un ecosistema que nació de la crisis y se consolidó frente a la inestabilidad
Durante más de una década, Venezuela ha enfrentado inflación extrema, restricciones bancarias, sanciones internacionales y un sistema financiero con servicios intermitentes. En ese contexto, las criptomonedas pasaron de ser un fenómeno marginal a convertirse en infraestructura esencial.
Informes recientes de firmas especializadas señalan que la adopción de activos digitales se disparó en sectores comerciales, entre trabajadores independientes, en remesas y en operaciones de pequeño comercio que requieren estabilidad frente a la devaluación.
El uso de stablecoins como USDT y USDC se ha vuelto cotidiano en transacciones informales y en pagos P2P, permitiendo a los ciudadanos mantener poder adquisitivo sin depender de bancos locales ni del bolívar. Según análisis de actividad web, hasta un 38% del tráfico cripto del país se concentra en una sola plataforma global con liquidez P2P, lo que refleja la dependencia de canales no bancarizados para cubrir necesidades básicas.
La transformación digital también ha sido acelerada por la falta de claridad regulatoria tras la reestructuración del ente supervisor en 2023. Sin un marco normativo estable, proliferaron modelos operativos informales, desde casas de cambio privadas hasta redes comunitarias que facilitan acceso a criptomonedas para ahorros y pagos diarios.
El impacto de la presión internacional
La relación política entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes. La incautación del buque petrolero, considerada una medida para reforzar sanciones existentes, ha reactivado las discusiones sobre cómo ciertos actores podrían estar usando activos digitales para sortear controles financieros.
Analistas señalan patrones característicos de regiones con sanciones:
Wallets de corta duración, que se utilizan solo para una operación antes de ser abandonadas.
Rutas de conversión rápidas entre stablecoins y monedas extranjeras.
Desplazamiento del comercio no bancarizado al entorno digital, para facilitar pagos y evitar restricciones formales.
Aunque estos comportamientos existen, los expertos coinciden en que representan un porcentaje mínimo del uso total. La mayoría de los venezolanos emplea criptomonedas para remesas, ahorro o compras cotidianas, no para operaciones ilegales.
Sin embargo, la creciente vigilancia internacional significa que movimientos legítimos pueden quedar atrapados en filtros automáticos de riesgo, afectando a usuarios comunes que dependen de stablecoins para manejar su economía diaria.
Una economía dual: informalidad digital vs. control regulatorio global
El sector privado venezolano reconoce abiertamente la importancia de los pagos digitales. Consecomercio estima que más del 30% de los establecimientos comerciales aceptan métodos digitales o criptográficos, tendencia que continúa expandiéndose durante 2025.
La razón es simple: permiten estabilidad, rapidez y operatividad en un país donde los métodos tradicionales son lentos o poco confiables. Esto podría incluso estimular el crecimiento comercial hasta un 10% anual si la adopción continúa.
Pero este ecosistema dinámico convive con un entorno de vigilancia internacional cada vez más estricto. A medida que las sanciones se amplían y las tensiones entre Caracas y Washington se intensifican, las criptomonedas se convierten en un terreno de disputa entre los intereses económicos de un país con restricciones y los esfuerzos globales por controlar flujos financieros opacos.
La expansión del uso de criptomonedas en Venezuela responde primero a una necesidad económica: salvar ahorros, enviar y recibir dinero, mantener operaciones comerciales y evitar los costos de un sistema bancario inconsistente. Pero ahora, el contexto geopolítico añade una nueva dimensión.
Venezuela se convierte en un laboratorio donde conviven:
Una adopción masiva, legítima y cotidiana;
Un mercado informal que opera sin normativa clara;
Y la vigilancia creciente de potencias extranjeras que observan cómo los activos digitales pueden sortear sus mecanismos de control financiero.
El resultado es un ecosistema en evolución constante, que seguirá marcado por la tensión entre necesidad local y presión global.
