Después de más de tres años de litigio, Ripple Labs y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) han alcanzado un acuerdo tentativo para cerrar su prolongado enfrentamiento judicial. En el centro de la propuesta: un pago de $50 millones por parte de Ripple a cambio del levantamiento de la medida cautelar vigente y la devolución de fondos retenidos en fideicomiso.
Ambas partes han solicitado conjuntamente al tribunal que emita una “resolución indicativa” según la Regla 62.1, paso legal necesario para que el caso regrese del circuito de apelaciones al tribunal de distrito, donde se formalizaría el acuerdo y se cerraría el expediente.
De avanzar, este desenlace no solo liberaría a Ripple de la presión legal inmediata, sino que sentaría un precedente fundamental sobre cómo se aplica la ley de valores a los activos digitales.
¿Qué incluye el acuerdo?
El pacto contempla lo siguiente:
Ripple pagaría $50 millones como sanción civil.
El resto de los $125 millones retenidos en custodia sería devuelto a Ripple.
Ninguna de las partes apelará ni cuestionará el fallo sumario emitido en julio de 2023.
Se eliminaría la orden judicial vigente, y ambas partes retirarían sus apelaciones formales.
Es un desenlace quirúrgico: resuelve el litigio sin borrar la jurisprudencia ya establecida, ni debilitar el fallo que definió una distinción clave entre ventas institucionales y ventas programáticas de XRP.
El fallo que redefinió la narrativa cripto
El caso Ripple fue mucho más que un pleito corporativo. Desde 2020, se convirtió en símbolo de la fricción entre innovación tecnológica y marcos regulatorios heredados.
En julio de 2023, la jueza Analisa Torres emitió una decisión histórica:
Las ventas institucionales de XRP sí violaban las leyes de valores.
Pero las ventas programáticas y en mercados secundarios no constituían ofertas de valores.
Esa diferencia introdujo un matiz importante en la regulación de tokens, abriendo la puerta para que otros proyectos argumenten que el contexto y la naturaleza de la oferta son tan relevantes como el activo en sí.
El acuerdo propuesto mantiene intacto ese fallo. En otras palabras: Ripple asume el costo económico, pero no pierde el argumento estructural.
¿Por qué ahora?
Desde abril, las apelaciones de ambas partes estaban suspendidas mientras negociaban. El momento actual ofrece ventajas para todos:
Para Ripple, significa liberar capital retenido, eliminar incertidumbre legal y reforzar su narrativa como empresa responsable que enfrentó a un regulador sin ceder por completo.
Para la SEC, representa una victoria parcial formalizada y un cierre sin arriesgar un revés en instancias superiores.
Para el ecosistema, ofrece claridad operativa y reduce el ruido legal en un entorno ya tensionado por elecciones, tasas de interés e incertidumbre global.
¿Un nuevo equilibrio?
Más allá del titular del acuerdo, el caso Ripple deja un legado que afectará a futuras regulaciones, litigios y proyectos emergentes:
Introduce el concepto de venta institucional vs venta pública en criptoactivos, útil para diseñar compliance.
Refuerza la autoridad de los tribunales federales sobre la SEC en la interpretación de la ley Howey aplicada a tokens.
Ofrece una ruta intermedia para resolver disputas regulatorias: sanciones sin invalidación total del modelo de negocio.
En este nuevo contexto, Ripple puede reorientar su estrategia, continuar expandiéndose fuera de EE.UU., y fortalecer su adopción institucional, especialmente a través de servicios bancarios basados en blockchain. Una batalla termina, pero el conflicto permanece.
El acuerdo entre Ripple y la SEC no cierra el debate sobre cómo deben regularse los activos digitales. Pero sí establece que existen caminos legales de salida que no implican sumisión total ni destrucción de modelos.
Es una resolución pragmática en un mundo donde la normativa va por detrás de la tecnología. Y aunque la historia de Ripple como caso judicial concluye, su impacto regulatorio y su valor como precedente apenas comienza.
