Clarity Act: el Senado de EE.UU. publica nueva versión con protecciones a desarrolladores y regla de ética que expira en 2029

El Senado de Estados Unidos publicó una nueva versión del Clarity Act, el proyecto de ley que busca definir el marco regulatorio para los activos digitales en el país. El texto actualizado incorpora protecciones explícitas para los desarrolladores de software y una disposición de ética con una fecha de caducidad («sunset») fijada en 2029, según reportó el medio especializado The Block.

La iniciativa apunta a resolver una de las mayores incógnitas del sector: qué agencia federal supervisa cada tipo de activo digital y bajo qué reglas. El borrador es una pieza central del esfuerzo legislativo que la industria cripto viene reclamando desde hace años para operar con certeza jurídica en el mercado estadounidense.

Qué cambia en la nueva versión del Clarity Act

El punto más comentado del texto es la incorporación de salvaguardas para quienes escriben y publican código. Estas protecciones buscan blindar a los desarrolladores de software frente a responsabilidades legales por el simple hecho de crear o mantener protocolos descentralizados, una demanda histórica de programadores que temían quedar expuestos a demandas o acciones penales por el uso que terceros dan a sus herramientas.

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La discusión no es teórica. En los últimos años, varios desarrolladores de proyectos de código abierto enfrentaron procesos judiciales que encendieron las alarmas dentro de la comunidad técnica, que advertía sobre un efecto disuasorio para la innovación si escribir código pudiera equipararse a operar un servicio financiero.

El otro elemento que destaca es una disposición de ética con cláusula de expiración en 2029. Este tipo de reglas apunta a regular cómo funcionarios públicos y actores con poder de decisión interactúan con los activos digitales, evitando conflictos de interés. La particularidad de la fecha de caducidad implica que la norma dejaría de tener efecto salvo que el Congreso decida renovarla, un mecanismo habitual para forzar la revisión periódica de leyes sensibles.

El debate sobre las reglas de ética en torno a las criptomonedas ya había ganado terreno en Washington. A comienzos de año, la administración estadounidense avanzó con su propia regla de ética cripto que puso al Departamento de Justicia a cargo y prohibió a ciertos funcionarios emitir criptomonedas, lo que muestra que la cuestión de los conflictos de interés se mantiene en el centro de la conversación regulatoria.

Por qué importa el Clarity Act para el mercado

El proyecto forma parte del paquete regulatorio más ambicioso que Estados Unidos ha intentado sacar adelante para el sector. Su objetivo es delimitar las competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), dos agencias que durante años mantuvieron una zona gris sobre qué tokens se consideran valores y cuáles materias primas.

Esa indefinición ha sido el origen de buena parte de la litigiosidad que golpeó a empresas del sector. La falta de reglas claras derivó en batallas judiciales prolongadas, como las que enfrentaron exchanges y emisores de tokens, con desenlaces que marcaron el rumbo del mercado. Casos recientes, como el de Coinbase y sus roces con la SEC, ilustran hasta qué punto la ambigüedad regulatoria pesa sobre las compañías cotizadas del rubro.

Para los actores de la industria, contar con un marco definido reduciría la incertidumbre y podría atraer capital institucional que hasta ahora se mantuvo al margen por temor a sanciones retroactivas. La claridad sobre la clasificación de los activos también tendría efectos directos sobre cómo se listan, custodian y comercializan los tokens en plataformas reguladas.

Un camino legislativo que aún no termina

Publicar una nueva versión no equivale a convertir el texto en ley. El borrador todavía debe superar el trámite en el Senado, conciliarse con las versiones que se discutieron en la Cámara de Representantes y sortear las diferencias políticas que rodean cualquier legislación sobre activos digitales.

La inclusión de protecciones para desarrolladores y de la cláusula de ética sugiere que los redactores buscan equilibrar dos presiones opuestas: dar seguridad jurídica a quienes construyen la tecnología y, al mismo tiempo, blindar el proceso frente a acusaciones de favorecer intereses particulares. La fecha de expiración en 2029 funciona como una válvula de revisión que obliga a reevaluar el esquema en pocos años.

El resultado final dependerá de la negociación entre legisladores, reguladores y la propia industria. Por ahora, el mercado observa cada movimiento en el Capitolio como una señal sobre el rumbo que tomará la relación entre Estados Unidos y las criptomonedas en los próximos años.