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Autoridades policiales en México afirman que las criptomonedas ganan espacio en América Latina entre las organizaciones criminales que buscan lavar dinero

Autoridades policiales en México afirman que las criptomonedas ganan espacio en América Latina entre las organizaciones criminales que buscan lavar dinero

Según las autoridades, la transición a las criptomonedas forma parte de los intentos del crimen organizado por lavar fondos ilegales en las sombras

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A pesar de aún encontrarse muy por debajo de los niveles del lavado de dinero en efectivo, las criptomonedas parecen estar volviéndose poco a poco una herramienta para el crimen organizado en América Latina, en sus intentos por blanquear capital de sus hechos delictivos, un escenario que las autoridades buscan enfrentar con regulaciones

Un nuevo informe de Reuters, relata cómo las criptomonedas están ganando espacio entre las organizaciones criminales de América Latina, quienes intentan explorar nuevas formas, basadas en la tecnología y la privacidad criptográfica, para lavar dinero obtenido en la ilegalidad.

La nueva regulación en México para los activos virtuales, bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en donde los proveedores de comercio de criptomonedas deben reportar transferencias que se ejecuten más de 2.900 dólares, sirvió durante el año para que las autoridades del país, localizaran a Ignacio Santoyo, acusado de operar una red de explotación sexual que afectó a más de 2.000 mujeres, luego de que el criminal utilizara plataformas reguladas para comprar una cantidad de Bitcoin que despertó las alertas conforme a lo establecido en la ley vigente desde el mes de abril.

Casos como el de Santoyo o Héctor Ortiz, líder de una banda de ciberdelincuentes capturado también al realizar operaciones cuantiosas en Bitcoin, parecen estar convirtiéndose en una creciente tendencia dentro de América Latina, explica la publicación, con bandas delictivas cada vez más interesadas por aprovecharse de la naturaleza de las criptomonedas para lavar dinero, un hecho acelerado por la pandemia, como detalla el líder de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas de México, Santiago Nieto.

Con las nuevas leyes, explica Reuters, las autoridades esperan dar con «peces grandes», en especial con el aumento de bandas de narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Nueva Generación de Jalisco, entre los que han incrementado sus esfuerzos por utilizar Bitcoin para lavar dinero. Además, explican que en los últimos años han desmantelado tres organizaciones criminales, carteles de droga de Colombia, que lavaban millones de dólares en criptomonedas.

Sin embargo, los esfuerzos y la legislación, parece una tarea insuficiente si no se acompaña con recursos, ya que la naturaleza de Bitcoin y la dificultad de su rastreo, deja prácticamente disminuido, incluso con las regulaciones, el esfuerzo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas (UICOT), perteneciente a la oficina del fiscal general de México, quienes con su personal de 120 personas no alcanzan a cubrir y analizar las más de mil alertas sospechosas vinculadas a criminales por transacciones en Bitcoin, como detalla Rolando Rosas, líder del departamento, quien explica además, que harían falta cuatro veces más personal, si quieren lograr realizar un trabajo «competitivo».

Uno de los principales tópicos a nivel mundial, por parte de las autoridades financieras, gobiernos y reguladores con respecto a la necesidad de legislación con respecto a las criptomonedas, es impulsar parámetros y un marco global que sirva para evitar su uso para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Recientemente, los líderes del G7 coincidieron en la necesidad fundamental de regular las criptomonedas, mientras que desde diferentes países en el mundo, buscan avanzar en áreas de regulación para las criptomonedas, y en el caso de América Latina, en materia de seguimiento para transacciones sospechosas de Bitcoin por temas ilícitos, sólo México y Brasil hasta el momento han adoptado una legislación que lo permita.

Imagen cortesía: Pixabay

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