En el mundo criptográfico, China se ha catalogado en los últimos años como el centro más grande de minería para Bitcoin, pero esto no ha sido tomado amablemente por e gobierno del país. Por esta razón, el PBoC hace varios meses prohibió oficialmente el comercio basado en el CNY y actualmente expande la represión a las operaciones mineras nacionales incautando un total de 600 computadoras y otras piezas de hardware en Tianjin.
Las investigaciones iniciaron luego de que un policía reportara un uso no habitual de la electricidad en Tianjin, lugar en el que se evidenció la extracción de Bitcoin en sumas bastante importantes con 600 unidades de minería y varios ventiladores de alta potencia. Autoridades afirman que este ha sido el robo más grande de energía durante un tiempo, sin embargo, se desconoce por qué ha sido considerado como un robo, lo cual podría estar confirmando que los funcionarios chinos no se compadecen ante las actividades relacionadas con criptomonedas.
Este tipo de acciones por parte del gobierno de China en contra del ecosistema criptográfico ha desmotivado a los mineros, usuarios e inversionistas a participar en actividades vinculadas a las monedas virtuales, pese a ser el país un centro minero de Bitcoin. Varios de ellos decidieron cerrar sus operaciones, mientras que otros se mudaron a una ubicación distinta, ya que se espera que las autoridades continúen con las restricciones.
De igual forma, el Banco Central de China mantiene su postura en cuanto a una regulación más estricta del uso energético para minar Bitcoin en la región. Probablemente se trate de un mecanismo para crear presión en los mineros reduciendo las operaciones de extracción y así verse obligados a emigrar de forma definitiva a otros países como los europeos por la cualidad que poseen en el costo de electricidad, por ejemplo Islandia.
Durante la incautación de este hardware, se identificaron cinco personas como personas de interés y otro individuo. Hasta el momento se encuentran detenidos pero se desconoce si enfrentarán alguna repercusión legal por su participación en estos actos que el gobierno califica como ilícitos.
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