Recientemente, una serie de acusaciones llevadas acabo de distintos organismos de justicia en los Estados Unidos, colocaron sobre la mesa a Nicolás Maduro y otros 13 líderes políticos y militares por diversos cargos y actividades ilícitas, entre ellos el líder del regulador de criptomonedas en Venezuela, Joselit Ramírez
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos no dudó al acusar a Nicolás Maduro de liderar diversas actividades ilícitas y sistemáticas, relacionas con cargos penales de narco-terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros, destacando colaboraciones con grupos criminales como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el uso de la cocaína «como un arma para inundar Estados Unidos».
De esta forma, el líder chavista es acusado junto con otros socios de dichas actividades ilícitas, utilizando todo el aparato y las instituciones venezolanas, además de la colaboración militar directa, para encubrir y proteger la actividades relacionadas con el narcotráfico contra Estados Unidos.
Entre las declaraciones de la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, destacan las de la Directora ejecutiva interina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Alysa D. Erichs, quien no duda en vincular las actividades criminales relacionadas con la acusación incluso con criptomonedas, al decir:
El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los Estados Unidos, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita
Sin embargo, las acusaciones no destacan algún patrón o modo de operar con respecto al uso de las criptomonedas por parte de los acusados, mientras que tampoco comenta el papel que juega la moneda digital centralizada, Petro, en todo el esquema.
La divisa digital, ha sido una de las principales tareas de Maduro desde inicios del 2020, siendo señalada incluso por analistas como un mecanismo diseñado para evadir las sanciones impuestas por la administración estadounidense a Maduro y diversas instituciones en Venezuela.
Hasta el momento, poco ha logrado en sus intentos por introducirla a la fuerza en la economía venezolana, mientras que como mecanismo de eludir sanciones, podría decirse lo mismo ante su naturaleza sancionada y poca utilidad.
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Superintendente de Sunacrip acusado de evadir sanciones
En una acusación por separado, el Distrito Sur de Nueva York acusó a Tareck El Aissami, vicepresidente de economía de Venezuela, a Samark López Bello, empresario venezolano y al superintendente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, de incurrir en acciones ilegales al negociar con entidades estadounidenses entre febrero de 2017 y marzo de 2020, realizando esfuerzos por evadir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Entre el cartel de los acusados, donde destacan además de Maduro, por quien se ofrece una recompensa por información que lleve a su captura o condena de 15 millones de dólares, El Aissami, por quien ofrecen 10 millones, y Ramírez, personalidades políticas, judiciales y militares relacionadas con el chavismo, como el juez de la Corte Suprema, Maikel Moreno, y el líder de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo legislativo al servicio de Maduro, Diosdado Cabello, por quien también ofrecen una recompensa por 10 millones de dólares.
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