La ley que establece impuestos para las criptomonedas, busca incentivar el uso del Bolívar, aunque expertos afirman que es un intento del gobierno en captar recursos para llenar sus arcas
El proyecto Ley de Reforma de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, el cual fue aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela, determina que las operaciones realizadas en dólares o en criptomonedas distintas al Petro, pagarán un impuesto que puede llegar a ser del 20% del valor transaccional, según disponga el Ejecutivo Nacional
Este proyecto de reforma se llevó a cabo con el fin de pechar todas las transacciones que se lleven a cabo en Venezuela en dólares y criptomonedas, tanto personas naturales como jurídicas. La dolarización transaccional de facto que permitió una bocanada de aire a la maltrecha economía venezolana, es apetecida por las arcas gubernamentales oficialistas.
De esta manera, la Ley de Reforma de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobada por el parlamento venezolano, establece que las transacciones en divisas y criptomonedas paguen un impuesto sobre los débitos y transacciones igual o superior a los que se hacen en bolívares.
Las tasas impositivas, van desde un 2% hasta el 20% sobre personas o empresas que realicen pagos con divisas en efectivo o criptomonedas sin usar una institución financiera que esté avalada por el gobierno. Por su parte, las transacciones en dólares o divisas realizadas dentro del sistema bancario, así como las operaciones ejecutadas en criptomonedas y criptoactivos distintos al Petro, bajo el velo gubernamental de la Sunacrip, el regulador de criptomonedas en Venezuela, tendrán un impuesto de entre el 2 y 8%, según establece la ley.
Aunque es la «Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones», dicha legislación está dirigida a todas las transacciones sin importar la cuantía. Es decir, cualquier ciudadano que desee, desde pagar sus compras cotidianas hasta adquirir un inmueble con divisas o criptomonedas deberá cancelar dicho impuesto. Según Ecoanalítica, el 65% de las operaciones comerciales de Venezuela se realizan en moneda extranjera, lo cual deja por entendido que esta ley abarca a la mayoria de los habitantes del país.
Cabe destacar, que esta Ley antes se aplicaba a los sujetos pasivos especiales, y ahora con la reforma, se aplicará a todo el sector privado y al ciudadano común, sea este o no un sujeto pasivo especial.
En su concepción original, según fuentes, la ley se aplicaba a los sujetos pasivos especiales. Con esta reforma, se aplicará tanto al sector privado como al ciudadano común. Inicialmente, la alícuota quedará desde el rango de 2,5% para todas las transacciones, no obstante, el Ejecutivo Nacional establecerá la tasa a pagar definitiva.
El espíritu de la nueva norma busca incentivar el uso del bolívar, haciendo más barato su uso respecto de las divisas, apoyando así al fortalecimiento gradual de la moneda nacional. El problema que surge al usar el bolívar es que los habitantes de Venezuela repudian su uso, lo cual es una reacción natural sobre una moneda que producto de la actual hiperinflación, perdió su razón de ser.
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Una razón más lógica sería que el gobierno desea captar una parte del dinero extranjero que circula en el país, traduciéndose en llenar las arcas del fisco. El economista, Aarón Olmos, señala que esta reforma no es un hecho aislado, sino que se enmarca en las estrategias en las cuales el gobierno venezolano busca obtener dinero, dada la casi inexistencia de la recaudación de impuestos en bolívares.
En principio, cada vez que se modifica una Ley en términos fiscales es para recoger dinero del mercado interno y con eso también financiar el gasto público. Aunque en esta ocasión también busca estimular el uso del bolívar al intentar desestimular el uso de otros mecanismos de pago
Aarón Olmos, Economista
Olmos ve que el tema de pechar a las criptomonedas es mucho más complicado, afirmando que:
La única manera que el gobierno de un país pueda imponerte una alícuota para el pago de impuestos es que ellos sepan y tengan el conocimiento técnico de quienes hacen, qué operaciones, en que medida y por cual vía
Aarón Olmos, Economista
En un país como Venezuela, en el que se usan criptoactivos tales como Bitcoin o USDT, se requeriría que los comercios dispongan de plataformas en las que se muestren qué tipo de pago se recibe para cobrar automáticamente ese impuesto. Dada la naturaleza descentralizada y resistente a la censura de estos instrumentos, ningún gobierno tiene forma de saber qué recibió alguien en su billetera digital.
Tras su aprobación por parte de la Asamblea Nacional venezolana, la ley que impondrá impuestos para las criptomonedas, entrará en vigencia 30 días después de su publicación en Gaceta Oficial.
Anteriormente, la antigua Asamblea Nacional Constituyente, un organismo parlamentario paralelo que estuvo al servicio de Nicolás Maduro, intentó realizar reformas a la Constitución para establecer una sobretasa de impuesto de entre el 5 y 25% para las compras con criptomonedas, pero la llegada del Covid-19 y la pandemia, frenó los esfuerzos tras dicho movimiento legislativo.
Imagen Principal: Asamblea Nacional de Venezuela
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