El ecosistema cripto avanza a pasos acelerados frente a las potenciales regulaciones que han querido imponer los actores estatales, ya sea para potenciar el mercado, o en su defecto coartar su funcionamiento. En el último mes se han dado acontecimientos importantes en los gobiernos sobre qué hacer con el inminente cambio que está experimentando el sistema financiero tradicional.
Se ha dicho que a medida que los inversores se acercan al criptomundo, se hace necesaria una regulación más estricta, para muestra de ello, lo que ha sucedido con iniciativas como Libra de Facebook y Ton de Telegram; de la misma manera, genera suspicacia el avance del gigante asiático con la Ley para el uso de la criptografía, que no implica hasta los momentos el levantamiento de la prohibición del comercio con criptomonedas.
En Venezuela, la atención gubernamental al sistema cripto no se queda a un lado, se ha estudiado la viabilidad que el Banco Central de Venezuela reciba criptomonedas para utilizarse como reservas extranjeras, no obstante, para ello debe establecerse un marco normativo acorde para materializar dicha pretensión; se debe tomar en cuenta que no debe regularse el sistema criptográfico con una visión complaciente para que éste funcione ajustado a las políticas de Estado y de gobierno, ya que al aplicar medidas de manera coactiva se generará una lucha, que en principio, el Estado tiene desventaja; por la deslocalización en la web y la titánica tarea de supervisar quien interactúa en el criptomundo.
Es común observar como los ciudadanos de nuestra nación buscan migrar al universo cripto por diferentes razones, entre las primordiales, hacer frente a la crisis hiperinflacionaria, evitando así la pérdida de poder adquisitivo. Diversas plataformas locales, permiten el intercambio de Bolívares Soberanos por Bitcoins, dash, EOS, entre otras; y generan flujo de capitales que escapan de la supervisión estatal. Así mismo, es más recurrente observar como comercios ubicados en diferentes partes de la geografía nacional prestan sus servicios aceptando monedas criptográficas, con el temor de ser intervenidos por órganos auxiliares de investigación penal por no ajustarse a las políticas gubernamentales que en nada generan confianza para operar en el criptomundo.
Con detractores y promotores, la experiencia Petro sigue generando a nivel global posiciones encontradas entre los particulares y los Estados soberanos, no dudamos que una nación soberana participe en la emisión de un activo criptográfico, y la dinámica actual conduce a ello. De todo esto nos hacemos la siguiente interrogante ¿acaso no puede realizarse un diálogo nacional entre todos los sectores del ecosistema cripto que permita posicionar a Venezuela como una nación donde por primera vez exista seguridad jurídica y económica para las transacciones realizadas con criptomonedas?
Desde mi posición puedo concluir que debe ser reestructurado el Sistema Integral de Criptoactivos, a través de la modificación del artículo 318 constitucional, integrando a la criptomoneda soberana como moneda de curso legal, como también dar un trato de divisa a un grupo de criptomonedas sólidas a nivel global y desarrollar leyes orgánicas especializadas solo en materia cripto, que regulen lo referente a la Oferta Inicial de Monedas, Instituciones de Tecnología Financiera, Bolsa de Valores, Bolsa de Futuros, medios de pago, tributación, endeudamiento público e instituciones bancarias, junto con una fuerte campaña de marketing global, entendiendo que dicha posición se ve utópica para muchos pero es necesaria e inminente.
Por Luis José Rangel Gutiérrez.
Abogado egresado de la Universidad de Los Andes.
Especialista en Derecho Corporativo por la Universidad Metropolitana.
Mérida, Venezuela
e-mail: ljrngel@gmail.com
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