El 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la decimotercera reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde se reunieron los líderes correspondientes de cada Estado. El tema de las criptomonedas no escapo al primer día de reunión; fue así que los paneles del Instituto de Finanzas Internacionales incluyeron la temática de la potencial regulación de las criptomonedas.
Se pronunciaron Mercina Tillemann-Dick, de la empresa Global Blockchain Business Council y Sylvie Goulard, vicegobernadora del Banco de Francia, haciendo hincapié en la ayuda a desarrollar el entendimiento de la tecnología blockchain y también la importancia de que cualquier tipo de estándar impuesto sea por un acuerdo de alcance global, para evitar situaciones de arbitraje de distintos países donde se aprovechen las distintas legislaciones entre los países. A su vez, pusieron en claro que el objetivo es una regulación no que priorice una tecnología sobre otras sino que garantice la seguridad de los actores financieros y los consumidores que las usen.
El Servicio Federal de Seguridad Rusa ya había adelantado su posición. «La evaluación inicial es que los criptoactivos no representan riesgos para la estabilidad financiera global en este momento».
Sturzenegger, presidente del Banco Central argentino (BCRA), relató que antes del comienzo de la reunión se realizó una «pequeña encuesta anónima» a los dirigentes presentes que arrojó un «apoyo muy fuerte» a que las criptomonedas sean incluidas como parte de las discusiones del multilateralismo. Es por ello que para Julio de 2019, se deberían presentar propuestas de posibles regulaciones, aunque no sean dentro del marco de una LEY propiamente dicha.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo estar preocupada por el tema, ya que ven en estos criptoactivos potenciales escondites para dinero negro y financiamiento del terrorismo.
Por ello, es que se encomienda al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encargue de regular el funcionamiento de las criptomonedas y que los países avalen los estándares internacionales. Como también al resto de los organismos internacionales que continúen el monitoreo de los cripto-activos y sus riesgos, de acuerdo a sus mandatos y evalúen las acciones multilaterales necesarias.
En fondo, el debate pasa por el control que puede tener un banco central de un país sobre la emisión de esa criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, es un activo independiente de cualquier banco central. Ningún Gobierno puede definir su algoritmo, por lo que no puede alterar la emisión monetaria. Además del debate sobre la regulación, los países del G20 mostraron acuerdo en que se deben «mejorar» los sistemas de pago tradicionales. El alto cargo argentino ha ejemplificado esa necesidad con las remesas al señalar que, si los sistemas clásicos de pago no permiten enviar dinero de manera «efectiva y barata», esto da espacio al empleo de otros medios como las monedas digitales.
Como resultado de esta reunión admiten que si bien “los criptoactivos no implican actualmente un riesgo para la estabilidad financiera global”, y “permanecemos alerta”.
En la reunión del G-20 realizada en Fukuoka (Japón), en junio de 2019, líderes financieros mundiales y los bancos centrales nuevamente hablaron sobre los beneficios de regular globalmente al sector de las criptomonedas. El principal fin a tener en cuenta es realizar a través de los organismos como la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), junto con otros establecimientos de estándares globales un seguimiento o monitoreo a los riesgos que conllevan los criptoactivos en el espacio de las criptomonedas.
Aun se espera que le Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) trace sus lineamientos específicos para el tema en cuestión, creando nuevas notas interpretativas. Hasta ahora ha desarrollado un enfoque integral de las criptomonedas y su vinculación con posibles fines delictivos. El GAFI insta a que cada país tome un nivel suficiente de control de estas actividades que tengan dentro de su jurisdicción para potenciar entre los países “una mayor coherencia” entre sus diferentes regulaciones. Y dentro de los últimos comunicados con fecha 21 de junio de 2019 (en su recomendación número 15), surge una nueva exigencia de información que es solicitar el nombre de la persona que realiza la transferencia, número de cuenta, ubicación geográfica, número de identidad o cualquier dato que indique quién es el emisor de la transacción. Se han pronunciado en contra sobre este nuevo requisito por ser inútiles y difícil de seguir. El GAFI comenzará con revisiones de la adopción de estas medidas a partir de junio del 2020.
Concluimos que existe la preocupación de regular esta nueva tendencia, por un lado definiendo el concepto de ellas para enmarcarlas jurídicamente como tales, como también al uso de la tecnología utilizada o “tokens”, también si están dentro o no de los mercados de valores, y así resolver una de las preocupaciones que es el entorpecimiento de la estabilidad financiera de cada país o que influya en problemas macroeconómicos. Por otro lado la seguridad que se debe plantear a los consumidores y usuarios de este tipo de transacciones. Y por último a nivel global la constante preocupación por el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Bibliografía
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