El panorama de las criptomonedas en Argentina ha dado un giro trascendental con la publicación de la Resolución N° 1058/2025 por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este nuevo marco regulador establece un conjunto de requisitos para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), término que abarca a exchanges de Bitcoin, plataformas de custodia y otros actores del ecosistema digital.
La medida responde al mandato de la Ley N° 27.739 y representa un hito en la forma en que estas entidades operarán dentro del país. Con nuevas exigencias en materia de transparencia, solvencia financiera y supervisión regulatoria, se espera que la normativa transforme significativamente el sector cripto en Argentina.
Registro Obligatorio para Operar
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, donde toda persona o empresa—argentina o extranjera—que ofrezca servicios de intercambio, transferencia o custodia de criptomonedas deberá inscribirse para operar legalmente en el país.
La CNV ha establecido que este registro se implementó inicialmente en marzo de 2024 como respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Hasta la fecha, se han inscrito 146 entidades entre empresas y personas naturales. Sin embargo, con la nueva regulación, se reforzarán los controles para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y transparencia.
Además, el marco regulador exige que cualquier exchange extranjero que desee captar clientes en Argentina deberá cumplir con este requisito. Esto podría restringir la participación de plataformas internacionales que no estén dispuestas a someterse a la normativa, limitando así la oferta para los usuarios locales.
Requisitos Financieros y Accesibilidad
Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la exigencia de un patrimonio neto mínimo para los PSAV, lo que busca garantizar que solo aquellas empresas con suficiente solidez financiera puedan operar.
Los PSAV han sido divididos en cinco categorías, cada una con distintos requisitos de capital:
- Categoría 1: Exchanges de criptomonedas y fíat.
- Categoría 2: Plataformas de intercambio exclusivamente entre criptoactivos.
- Categoría 3: Servicios de transferencia de activos virtuales.
- Categoría 4: Empresas de custodia de criptomonedas.
- Categoría 5: Plataformas vinculadas a la oferta y venta de activos digitales por parte de emisores.
Para operar, cada categoría deberá cumplir con un patrimonio mínimo que oscila entre los 35.000 y 150.000 dólares, según el tipo de servicio ofrecido. Este requisito podría beneficiar a empresas consolidadas, pero también excluir a startups y proyectos emergentes que no cuenten con los recursos suficientes para cumplir con las exigencias regulatorias.
La inscripción en el registro no será un trámite simple. Se exigirá documentación detallada que incluye el manual de procedimientos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el organigrama de la empresa y una declaración jurada sobre antecedentes legales.
Para los usuarios, esta medida puede representar una mayor seguridad al operar con plataformas verificadas, pero también podría reducir la competencia en el sector, afectando la variedad de servicios y las tarifas.
Normas de Custodia y Protección de Activos
Otro punto clave de la normativa es la seguridad de los fondos de los clientes. La CNV exige a las plataformas de custodia que detallen de forma clara cómo resguardan los activos digitales de sus usuarios.
Según el artículo 15° de la resolución, las empresas deberán especificar si utilizan billeteras frías (offline) o calientes (conectadas a internet), así como las medidas de seguridad implementadas y los protocolos en caso de robo o pérdida.
Además, las entidades deberán mantener una separación estricta entre los activos propios del exchange y los fondos de los clientes. Esto busca evitar problemas como los ocurridos en escándalos internacionales, donde empresas mal gestionadas llevaron a la pérdida de fondos de sus usuarios.
Ética y Cumplimiento Regulatorio
La resolución también establece códigos de conducta obligatorios para los PSAV, con el objetivo de garantizar la protección de los usuarios y minimizar los conflictos de interés.
- Código de conducta: Las plataformas deberán presentar a la CNV un reglamento que detalle sus principios éticos y estándares operativos.
- Responsable de cumplimiento: Cada PSAV deberá nombrar un encargado que actuará como enlace con la CNV y asegurará el cumplimiento de la normativa.
Estos requisitos buscan que los exchanges operen de manera más institucionalizada, alejándose del modelo más flexible y descentralizado que ha caracterizado a las criptomonedas hasta ahora.
Exclusión de las Plataformas DeFi
Un punto llamativo de la resolución es que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) quedan fuera del marco regulador. Según el documento, la normativa solo se aplica a entidades con una estructura corporativa identificable, lo que excluye a exchanges descentralizados como Uniswap o Aave.
Esta exclusión podría llevar a una división del mercado en Argentina: por un lado, exchanges regulados que ofrecen mayor seguridad y respaldo financiero; por otro, plataformas DeFi que operan con total libertad pero sin las protecciones que ofrece la regulación.
Sanciones y Plazos de Implementación
La CNV ha establecido un período de 90 a 120 días para que los PSAV existentes cumplan con la inscripción en el registro. El 31 de diciembre de 2025 será la fecha límite para la entrada en vigencia total de la normativa.
En caso de incumplimiento, las sanciones pueden incluir:
- Multas económicas.
- Prohibición de operar en Argentina.
- Cancelación del registro y bloqueo de acceso a clientes locales.
Esto coloca a las plataformas en una carrera contrarreloj para adaptarse a las nuevas regulaciones sin afectar sus operaciones.
Impacto y Futuro del Ecosistema Cripto en Argentina
La implementación de la Resolución N° 1058 marca un nuevo capítulo para las criptomonedas en Argentina. Por un lado, se busca brindar mayor protección a los usuarios y evitar fraudes; por otro, podría limitar la oferta de plataformas disponibles y generar barreras de entrada para nuevos actores.
Para los exchanges, esto significa un cambio drástico en su modelo operativo, pasando de un entorno flexible a uno más regulado. Mientras tanto, los usuarios deberán decidir si prefieren la seguridad de operar con plataformas supervisadas o la libertad que ofrecen las opciones descentralizadas.
Con Argentina consolidándose como uno de los países con mayor adopción cripto en la región, el éxito o fracaso de esta regulación sentará un precedente clave para el futuro del sector en América Latina.
