En Nueva Zelanda, oficina tributaria legaliza el pago de salarios en criptomonedas y explica el procedimiento para el pago de impuestos

La oficina tributaria de Nueva Zelanda, publicó su boletín de información del mes de agosto, en donde indicó que los salarios a empleados pueden ser pagados en activos criptográficos, además de explica el procedimiento para el cálculo de los impuestos y los pasos a seguir con respeto a la nueva resolución de la Ley de Impuesto sobre la Renta del país oceánico

De acuerdo al boletín publicado por el Departamento de Impuestos Internos (IRD), la agencia tributaria del país, los pagos criptográficos para los sueldos y salarios de los empleados son posibles, siempre y cuando el pago de los servicios sea bajo un formato de contrato de trabajo, por un monto fijo y que estos formen parte de la remuneración regular del empleados. En este sentido, la resolución forma parte de la Ley de Impuesto sobre la Renta en el país, en la sección de RD 3, explicó el organismo.

Esta decisión, asegura la agencia de impuestos, aplica exclusivamente para asalariados, no a los contribuyentes independientes. Para realizar el pago criptográfico, el activo debe cumplir con el requisito además de ofrecer la posibilidad de convertirse en moneda fiduciaria. Asimismo, el activo criptográfico está en la necesidad de establecerse con una función netamente de moneda o estar vinculada al precio de una o varias monedas fiduciarias, según explica IRD en el boletín.

Con respecto a los impuestos, se detalla el formato del pago de los activos como ingresos PAYE, ‘Pague lo que gana’, esquema bajo el cual se pagan los impuestos por parte de los empleados en varios países del mundo, con la deducción en el pago de montos correspondientes a Impuesto sobre la Renta, Seguro Social y Cargo Social universal. Por otra parte, el documento aclara que en el caso de que los activos criptográficos sean proporcionados en un esquema de acciones, a efectos del impuesto sobre la renta, el procedimiento no aplica.

La nueva resolución se establece por los próximos tres años, según detalla el IRD, con fecha de inicio de aplicación para 1 de septiembre de 2019.