De acuerdo a la información de medios locales en Japón, las autoridades reguladoras del país asiático están preparando una guía en la que compartirán su experiencia con las criptomonedas, así como aspectos relacionados con las regulaciones a la industria
Los reguladores japoneses están desarrollando el manual, con la misión de finalizarlo en las próximas semanas, de forma que para el mes de junio, cuando se reúnan en la próxima cumbre de ministros del G20, se presente la propuesta a los ministros de finanza de las naciones, así como a los gobernadores de los bancos centrales, según reporta el portal japonés Sankei Biz.
La publicación reseña:
«Dado que es difícil establecer reglas comunes, nosotros -Japón- decidimos ponerlas en una guía, tener los conocimientos técnicos en una forma que se adapte a cada país y elevar el nivel de regulación»
De acuerdo al medio, el contenido de la guía presenta aspectos claves en el apartado regulatorio, tales como protección de los activos para clientes, medidas de protección contra los ataques cibernéticos y las formas de proporcionar información de los clientes.
De igual forma, en el contenido del manual, se incluyen otros temas importantes como el desarrollo de reglas internacionales para combatir el lavado de dinero, además del financiamiento del terrorismo. La guía plantea ciertas restricciones a las monedas virtuales que suponen el cumplimiento de ciertos parámetros regulatorios necesarios para su correcto funcionamiento, explica el portal.
La voz de la experiencia
Cabe señalar, que el caso de Japón como líder de una iniciativa de este tipo, representa a la voz de la experiencia, ya que en la nación asiática las regulaciones han estado a la orden del día, especialmente luego de los ataques a dos intercambios criptográficos el año pasado, Coincheck y Zaif, lo que impulsó las iniciativas de seguimiento, supervisión e inspección por parte del regulador financiero del país, la Agencia de Servicios Financieros (FSA).
Por ejemplo, a inicios de mes, la FSA publicó una guía en donde ofrece una ayuda a las instituciones financieras a identificar transacciones criptográficas sospechosas, para que éstas puedan informa a las autoridades, amparadas bajo el Artículo 8 de la Ley de Prevención de Transferencia de Activos Penales que rige en el país.
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