ZachXBT denuncia públicamente a USDC como herramienta principal utilizada por trabajadores IT de Corea del Norte para pagos ilícitos.
La FATF alerta que los stablecoins superaron al resto de criptoactivos como el principal canal para fraudes, estafas y financiamiento criminal.
El Departamento de Justicia desmantela red de norcoreanos que robaron más de $900.000 usando empleos remotos e identidades falsas.
En un contexto de creciente preocupación internacional por el uso indebido de criptoactivos, el investigador blockchain ZachXBT lanzó fuertes acusaciones contra Circle, emisora de la stablecoin USDC, por su supuesta inacción ante operaciones vinculadas al régimen de Corea del Norte (DPRK).
Según ZachXBT, USDC actúa como “infraestructura primaria” para trabajadores IT norcoreanos que cobran por servicios en el extranjero, burlando controles y usando identidades falsas. Asegura poder rastrear transacciones recientes por valores en “altos ocho dígitos”, en referencia a decenas de millones de dólares.
Estas declaraciones surgen justo cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) publicó una actualización crítica en la que afirma que los stablecoins han superado al Bitcoin y otras criptomonedas tradicionales como la herramienta preferida para el crimen financiero global, especialmente entre actores estatales, redes de fraude digital y organizaciones narcocriminales.
With virtual assets inherently borderless, regulatory failures in one jurisdiction can have global consequences.🔍
📄 Read more in the Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and VASPs:https://t.co/Gt5pyNU6DY#FATF #IllicitFinance #TravelRule pic.twitter.com/hgLyq6HNem
— FATF (@FATFNews) June 26, 2025
El rol de los stablecoins en economías delictivas transnacionales
El informe de la FATF cita explícitamente a Corea del Norte como responsable del robo virtual más grande del año: un ataque a la plataforma ByBit, donde fueron sustraídos $1.460 millones en criptomonedas, de los cuales solo se ha recuperado un 3,8%. La mayoría de estos fondos fueron rápidamente convertidos y diseminados a través de stablecoins como USDT y USDC, dificultando su rastreo.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó esta semana la desarticulación de una red norcoreana que utilizaba empleos remotos en empresas occidentales obtenidos mediante identidades robadas para infiltrar sistemas corporativos y robar más de $900.000 en criptoactivos.
Estas operaciones forman parte de lo que las autoridades estadounidenses denominan una “red de generación de ingresos cibernéticos” diseñada para financiar los programas militares del régimen de Kim Jong-un.
Regulación en pausa frente a tecnologías sin fronteras
Mientras el uso de stablecoins se expande globalmente por su liquidez, velocidad y estabilidad, los vacíos regulatorios entre jurisdicciones siguen siendo aprovechados por redes criminales con sofisticación creciente. El informe de la FATF estima que en 2024 se movieron más de $51.000 millones en criptoactivos vinculados a estafas y fraudes, siendo los stablecoins el vehículo dominante.
Plataformas como Huione Guarantee, con más de 970.000 usuarios activos, han sido señaladas por la ONU como facilitadoras de lavado de dinero, falsificación de identidades y otros servicios ilícitos, operando bajo estructuras difíciles de controlar en países con débil supervisión.
A pesar de que más de 100 países trabajan en implementar la “Travel Rule” para rastrear transacciones cripto entre proveedores de servicios virtuales, la falta de cumplimiento efectivo ha debilitado su alcance. La FATF advierte que sin medidas concretas, los stablecoins podrían consolidarse como el nuevo estándar para el crimen financiero transnacional.
La convergencia entre investigaciones independientes, acciones judiciales y reportes regulatorios refuerza la urgencia de abordar los riesgos sistémicos de los stablecoins. El caso de USDC y Corea del Norte expone cómo las herramientas diseñadas para mejorar el sistema financiero pueden ser explotadas por regímenes hostiles si no existe supervisión coordinada. En la antesala de nuevos marcos regulatorios como el GENIUS Act, la industria enfrenta el reto de equilibrar innovación con seguridad en un entorno cada vez más interconectado.
