Ripple consideró seriamente cerrar sus operaciones y entregar su reserva de XRP a los accionistas antes de decidir enfrentar la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) le interpuso en diciembre de 2020. Así lo reveló su director ejecutivo, Brad Garlinghouse, al describir el momento más delicado que atravesó la empresa durante el litigio.
Según relató el ejecutivo, él y el cofundador Chris Larsen barajaron liquidar la compañía y distribuir el token nativo entre quienes tenían participación accionaria, una salida que habría puesto fin al proyecto tal como se conocía. Finalmente optaron por el camino contrario: pelear en tribunales contra el regulador estadounidense.
Una demanda que amenazó la existencia de la empresa
La SEC acusó a Ripple, a Garlinghouse y a Larsen de haber vendido XRP como un valor no registrado, en una operación que el regulador cifró en miles de millones de dólares. El caso golpeó de inmediato al token: varias plataformas de intercambio en Estados Unidos suspendieron su comercialización y el precio se desplomó, dejando a la firma en una posición defensiva durante años.
El litigio se convirtió en uno de los procesos más seguidos por la industria cripto, en buena medida porque su desenlace prometía sentar un criterio sobre cuándo un activo digital debe considerarse un valor bajo la ley estadounidense. Para Ripple, sin embargo, el dilema era más inmediato: sostener el negocio mientras enfrentaba una batalla legal costosa y de resultado incierto.
De la resistencia al acuerdo
La decisión de no cerrar terminó marcando el rumbo de la empresa. En 2023, la jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas programáticas de XRP en mercados secundarios no constituían ofertas de valores, un fallo parcial que la industria interpretó como una victoria relevante frente a la SEC, aunque el tribunal sí encontró irregularidades en ventas institucionales.
El caso se resolvió definitivamente en mayo del año pasado, cerrando un capítulo que se extendió por más de cuatro años. El desenlace permitió a Ripple retomar su expansión, con acuerdos comerciales, adquisiciones y un renovado impulso a sus productos de pagos transfronterizos.
Las declaraciones de Garlinghouse dejan ver hasta qué punto la compañía estuvo cerca de desaparecer. La opción de repartir el XRP entre accionistas habría significado desmantelar la estructura que hoy sostiene uno de los activos digitales de mayor capitalización del mercado.
Contexto para inversores y el ecosistema XRP
El relato adquiere peso porque XRP mantiene una comunidad amplia y un rol destacado dentro del sector. Que la empresa detrás del token haya evaluado su cierre ilustra la presión regulatoria que soportaron los proyectos cripto en Estados Unidos durante ese periodo, cuando la incertidumbre legal condicionaba tanto los precios como las decisiones estratégicas.
Con el litigio archivado, Ripple ha buscado posicionarse en segmentos como los pagos internacionales, las stablecoins y los servicios de custodia. La confesión de Garlinghouse funciona como recordatorio de que el rumbo actual de la firma dependió, en un punto, de una decisión que pudo haber sido la última.
