Bitcoin en El Salvador: qué queda del plan de Bukele tras perder el curso legal obligatorio

El experimento de bitcoin en El Salvador, lanzado en 2021 por el presidente Nayib Bukele con la promesa de convertir al país en la gran referencia mundial de la criptomoneda, llega a una etapa muy distinta de la que se anunció. Tras el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma legal posterior, el uso de BTC dejó de ser obligatorio para los comercios. Lo que sobrevive es, sobre todo, una apuesta del Estado como tenedor del activo.

La pregunta sobre qué pasó con aquel plan vuelve a circular en medios internacionales. La respuesta corta: la adopción ciudadana nunca despegó como se esperaba, pero el Gobierno no ha renunciado a su reserva.

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De la Ley Bitcoin a la reforma: así cambió bitcoin en El Salvador

En septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país en otorgar a bitcoin la condición de moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La ley obligaba, en principio, a los comercios a aceptarlo como medio de pago, y el Gobierno lanzó la billetera estatal Chivo con un bono de 30 dólares en BTC para cada ciudadano que se registrara.

El arranque fue llamativo. Hubo filas para descargar la aplicación, cajeros instalados en plazas y una campaña global que colocó al pequeño país centroamericano en los titulares financieros. También hubo protestas, fallas técnicas en la billetera y advertencias de organismos multilaterales por los riesgos fiscales y de estabilidad financiera.

El giro llegó con la negociación con el FMI. A finales de 2024 el país alcanzó un acuerdo de financiamiento por unos 1.400 millones de dólares, y una de las condiciones fue reducir el peso de bitcoin en la economía. A comienzos de 2025 la Asamblea Legislativa reformó la ley: la aceptación de BTC pasó a ser voluntaria y los impuestos ya no pueden pagarse con la criptomoneda. En la práctica, bitcoin perdió el carácter de moneda de uso obligatorio que lo definía.

Una adopción que no despegó

El problema de fondo nunca fue jurídico. Encuestas realizadas en el país a lo largo de estos años, como las de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), mostraron de forma reiterada que una mayoría de salvadoreños no usaba bitcoin en su día a día. Muchos descargaron Chivo, cobraron el bono y no volvieron a abrir la aplicación.

Las remesas, uno de los argumentos centrales del proyecto, tampoco migraron en masa hacia la red de bitcoin. Los envíos desde Estados Unidos, vitales para la economía salvadoreña, siguieron fluyendo mayoritariamente por canales tradicionales.

La volatilidad pesó. Para un hogar que vive al día, cobrar en un activo que puede moverse un 10% en una semana es un riesgo difícil de asumir. Basta mirar episodios recientes, como cuando bitcoin cayó por debajo de los 82.000 dólares arrastrado por el nerviosismo en los mercados, para entender por qué el comercio minorista prefirió seguir con el dólar.

Los proyectos que quedaron en el papel

Dos de las promesas más vistosas no se materializaron como se anunció:

• Bitcoin City, la ciudad que se alimentaría de energía geotérmica del volcán Conchagua, sigue sin concretarse.
• Los llamados bonos volcán, una emisión de deuda respaldada en parte por bitcoin, se postergaron una y otra vez.

La billetera Chivo, por su parte, también quedó incluida en los compromisos con el FMI, que contemplaban su desmantelamiento o la reducción de la participación estatal en ella.

El Estado sigue acumulando

Aquí está el matiz que hace el caso más interesante que un simple fracaso. Pese a la reforma, el Gobierno salvadoreño ha seguido anunciando compras de bitcoin, a menudo de forma diaria, a través de su Oficina Nacional del Bitcoin. La tenencia pública superaría las 6.000 unidades, según los datos que el propio Ejecutivo exhibe.

Ese punto ha generado fricciones con el FMI. El organismo llegó a señalar que parte de los movimientos reportados correspondían a reorganizaciones entre billeteras del propio Estado, y no a nuevas adquisiciones netas con fondos públicos. Las autoridades, en cambio, han mantenido el discurso de que la acumulación continúa.

Para Bukele, la reserva funciona también como bandera política. En los periodos alcistas el Gobierno ha presumido de ganancias no realizadas; en las caídas, los críticos recuerdan que esas ganancias pueden evaporarse rápido y que la deuda del país sigue siendo elevada.

Qué lecciones deja el caso salvadoreño

La experiencia de bitcoin en El Salvador dejó una conclusión que pocos discuten: decretar el uso de una moneda no garantiza que la gente la adopte. La infraestructura existió, el incentivo económico inicial también, pero faltó la confianza cotidiana en un activo tan volátil.

Al mismo tiempo, el país sí logró atraer atención, turismo vinculado al sector y algunas empresas cripto que se instalaron al amparo de un marco legal más amable. Ese efecto reputacional es difícil de medir, aunque el Gobierno lo cita con frecuencia.

El experimento, en resumen, mutó de proyecto monetario a estrategia de tesorería soberana. Su balance final dependerá menos de cuántos salvadoreños paguen un café con BTC y más de dónde cotice bitcoin cuando el Estado tenga que rendir cuentas de su reserva ante sus acreedores.