Bitcoin en El Salvador: el uso cae 99,8% pese a la ley de curso legal

El uso de Bitcoin en El Salvador se desplomó cerca de un 99,8% respecto a los niveles que llegó a registrar tras convertirse en moneda de curso legal en 2021, según los datos que circulan sobre la adopción real de la criptomoneda en el país centroamericano. La cifra retrata una realidad incómoda para el experimento monetario más ambicioso de la región: la mayoría de los salvadoreños dejó de usar Bitcoin para pagos cotidianos y el Estado replegó buena parte de su apuesta oficial.

El contraste con la narrativa inicial es fuerte. Cuando el gobierno de Nayib Bukele aprobó la Ley Bitcoin en septiembre de 2021, El Salvador se presentó como el primer país en dar curso legal a la criptomoneda. Se lanzó la billetera estatal Chivo, se instalaron cajeros y se prometió un antes y un después para las remesas y la inclusión financiera. Cuatro años más tarde, el entusiasmo se enfrió y las transacciones en Bitcoin quedaron reducidas a una fracción mínima.

Por qué el uso de Bitcoin en El Salvador se desplomó

Detrás de esta caída conviven varios factores que se refuerzan entre sí. El primero es de comportamiento: buena parte de quienes conservan Bitcoin optaron por el HODL, es decir, mantener las monedas como reserva de valor en lugar de gastarlas. Cuando un activo se guarda esperando que suba, deja de circular como medio de pago, y eso golpea directamente las estadísticas de uso comercial.

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El segundo factor es la fricción práctica. La volatilidad del precio complica fijar precios y cobrar en un activo que puede moverse con fuerza en cuestión de horas. A eso se suma la desconfianza de comercios y ciudadanos hacia una tecnología nueva, los problemas técnicos que arrastró la billetera Chivo y la preferencia mayoritaria por el dólar, que sigue siendo la moneda de referencia real en la economía salvadoreña.

El peso del acuerdo con el FMI

El giro más determinante llegó por la vía institucional. Como parte de las negociaciones para asegurar financiamiento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó para acotar el carácter obligatorio de Bitcoin. El acuerdo derivó en modificaciones legales que eliminaron la exigencia de que los comercios aceptaran la criptomoneda, dejando su uso como algo voluntario en la práctica.

Ese cambio vació de contenido buena parte de la Ley Bitcoin original. Sin obligatoriedad y sin una campaña estatal sostenida que impulse su adopción, el incentivo para pagar el café o el supermercado en Bitcoin prácticamente desapareció. El Estado, que había apostado su capital político al proyecto, moderó el discurso mientras mantenía en cartera sus reservas de la criptomoneda.

La paradoja: menos pagos, más tesorería

Aquí aparece la contradicción central del caso salvadoreño. Mientras el uso transaccional se hundía, el gobierno siguió acumulando Bitcoin en su tesorería nacional, beneficiándose de la revalorización del activo en los ciclos alcistes recientes. La estrategia dejó de ser «que la gente pague con Bitcoin» para transformarse en «que el Estado lo mantenga como activo de reserva».

Ese enfoque coincide con la lectura de varios analistas que ven a Bitcoin más como oro digital que como medio de pago masivo. En los últimos meses, el debate sobre si la criptomoneda inició un nuevo ciclo se reactivó: algunos expertos sostienen que Bitcoin salió del mercado bajista y apuntan a señales de recuperación, un contexto que favorece la tesis de la acumulación estatal por encima del gasto diario.

Qué deja la experiencia salvadoreña

El caso de El Salvador se convirtió en un laboratorio observado en todo el mundo. Su lección más clara es que declarar una criptomoneda como moneda de curso legal no basta para que la población la adopte como medio de pago. La costumbre, la estabilidad de precios y la confianza pesan más que el marco legal, sobre todo en una economía ya dolarizada donde el ciudadano tiene una alternativa estable a mano.

Para el resto de la región, el experimento ofrece un matiz importante: Bitcoin puede tener un rol como activo de reserva soberano sin necesidad de imponerse en las cajas de los comercios. La distinción entre atesorar y transaccionar quedó marcada con nitidez en el país centroamericano.

El futuro de la apuesta dependerá de cómo evolucione el precio del activo y de si el gobierno logra articular incentivos que devuelvan a Bitcoin un uso práctico. Por ahora, la fotografía es la de una tesorería que crece y una circulación que se apaga, dos caras de un mismo experimento que sigue dando de qué hablar.