Bitcoin incautado: EE.UU. mueve 470 millones de dólares a carteras de Coinbase Prime

El Gobierno de Estados Unidos transfirió cerca de 470 millones de dólares en criptoactivos, entre ellos bitcoin incautado, a direcciones que probablemente pertenecen a Coinbase Prime, el servicio de custodia y operación institucional del exchange. Las transferencias se detectaron el 7 de octubre y reavivaron una duda que persigue a Washington desde hace meses: si el Estado sigue vendiendo bitcoin pese a haberse comprometido a conservarlo.

El movimiento lo identificó la firma de análisis de cadenas de bloques Arkham Intelligence, que lo informó en su cuenta de X. Según su rastreo, el paquete incluía bitcoin (BTC), wrapped bitcoin (WBTC, una versión tokenizada de BTC que circula en la red de Ethereum) y la stablecoin USDT.

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De dónde sale el bitcoin incautado

Arkham vinculó los fondos a dos casos judiciales conocidos. El primero es el hackeo de Bitfinex en 2016, uno de los mayores robos de la historia del sector, cuyos fondos fueron recuperados en buena parte por el Departamento de Justicia años después. El segundo es Alameda Research, el brazo de trading de FTX, la plataforma fundada por Sam Bankman-Fried que colapsó en noviembre de 2022.

El origen importa. En ambos casos existen víctimas identificables, y eso abre una posibilidad distinta a una venta en el mercado abierto. En el caso de FTX, el Departamento de Justicia autorizó que los fondos recuperados por decomiso se destinaran a compensar a los afectados, según el comunicado que acompañó la condena a 25 años de prisión de Bankman-Fried.

Por eso, mover activos a un custodio como Coinbase Prime no equivale automáticamente a liquidarlos. Puede responder a una reorganización de la custodia, a la preparación de restituciones o, efectivamente, a una venta. Las direcciones on-chain muestran el traslado, no la intención.

La promesa de la reserva estratégica

La sospecha tiene un trasfondo político. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que creó la Reserva Estratégica de Bitcoin y un fondo separado para otros activos digitales. La idea central era que el bitcoin decomisado por el Gobierno federal quedara en manos del Estado en lugar de subastarse.

La Casa Blanca argumentó entonces que las ventas previas de bitcoin incautado le habían costado a los contribuyentes miles de millones de dólares en valor perdido. La orden, sin embargo, dejaba margen para ciertas excepciones, entre ellas la devolución de fondos a víctimas de delitos.

Ese margen es justo lo que ahora se discute. Si los 470 millones provienen de casos con perjudicados reconocidos, una eventual salida de fondos podría encajar dentro de lo permitido. Si se tratara de una venta sin ese fin, chocaría con el espíritu de la orden.

El antecedente de Samourai Wallet

No es la primera vez que surge la polémica. Meses atrás, Bitcoin Magazine publicó que fiscales del Departamento de Justicia habrían vendido el bitcoin decomisado en el caso de Samourai Wallet, el servicio de privacidad cuyos desarrolladores fueron procesados, lo que habría contravenido la orden ejecutiva.

La senadora republicana Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras de una reserva de bitcoin por ley, reaccionó públicamente en X y luego expresó su preocupación por esas ventas en declaraciones a DL News. Aquel episodio dejó al descubierto que la orden presidencial no siempre se traduce de forma uniforme en las decisiones de cada fiscalía.

Qué puede significar para el mercado

Los traslados del Gobierno estadounidense suelen generar nerviosismo porque el Estado es uno de los mayores tenedores de BTC del mundo. En ocasiones anteriores, el envío de bitcoin incautado a exchanges se interpretó como señal de presión vendedora inminente, aunque no siempre terminó en ventas.

En este caso, 470 millones de dólares es un monto manejable para la liquidez actual de bitcoin, incluso si una parte se vendiera. El impacto potencial es más de percepción que de flujo: el mercado lee estos movimientos como una prueba de credibilidad de la política oficial. Llega, además, en un momento en que el mercado cripto opera en modo cautela, sensible a cualquier señal de oferta adicional.

La elección de Coinbase tampoco sorprende. La empresa ya presta servicios de custodia al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y viene ampliando su oferta institucional, con iniciativas como la que busca conectar los derivados cripto de Estados Unidos con los mercados globales.

Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni Coinbase han detallado el destino de los fondos. La respuesta, cuando llegue, dirá bastante sobre cuán firme es en la práctica la promesa de no vender el bitcoin del Estado.