Ley Bitcoin de El Salvador: qué queda del experimento de Bukele tras el acuerdo de 1.400 millones con el FMI

La Ley Bitcoin con la que Nayib Bukele quiso convertir a El Salvador en el «país del bitcoin» sigue vigente, aunque vaciada de buena parte de su contenido original. Tras el acuerdo de financiamiento firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria. Aun así, el Gobierno mantiene su política de comprar BTC para sus reservas. El resultado es un experimento a medias: menos ambicioso en la calle y todavía muy presente en el discurso oficial.

De la ley bitcoin de 2021 al giro de 2025

En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en otorgar curso legal al bitcoin. La norma obligaba a los comercios a aceptarlo como medio de pago junto al dólar estadounidense, moneda oficial del país desde 2001. Para impulsar su uso, el Gobierno lanzó la billetera estatal Chivo y regaló 30 dólares en BTC a cada ciudadano que se registrara.

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La apuesta generó titulares en todo el mundo. También llegaron promesas que nunca se concretaron, como la llamada Ciudad Bitcoin al pie de un volcán o los bonos respaldados en la criptomoneda, que debían financiar esa infraestructura.

El punto de quiebre llegó a finales de 2024. Para cerrar un acuerdo con el FMI por unos 1.400 millones de dólares, el Ejecutivo aceptó modificar la ley. En enero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que convirtió la aceptación del bitcoin en voluntaria para los comercios y eliminó su uso en el pago de impuestos. En la práctica, el bitcoin perdió el carácter de moneda de curso legal en sentido estricto.

Chivo, la gran ausente

La billetera Chivo fue uno de los compromisos más visibles del pacto con el organismo. El Gobierno se comprometió a reducir su participación en ella y a desmontar gradualmente el apoyo estatal. La aplicación había arrancado con problemas técnicos y denuncias de suplantación de identidad, y tras el incentivo inicial muchos usuarios dejaron de utilizarla.

Poca adopción en la vida diaria

El gran problema del proyecto fue que los salvadoreños nunca lo abrazaron. Diversas encuestas realizadas desde 2022, incluidas las de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), mostraron que la gran mayoría de la población no usaba bitcoin para sus compras ni para recibir remesas, uno de los argumentos centrales con los que se vendió la ley.

Las razones son conocidas. La volatilidad del activo hace difícil fijar precios o ahorrar en él cuando los ingresos se cobran en dólares. A eso se sumó la desconfianza hacia una tecnología poco familiar y el temor a fraudes, un riesgo real en un mercado donde abundan las estafas cripto más comunes dirigidas a usuarios novatos.

Para el comercio, la obligación de aceptar BTC era más una carga que una ventaja. Muchos negocios lo admitían en el papel, pero convertían de inmediato cualquier cobro a dólares o directamente no lo ofrecían.

Las compras de BTC continúan, con matices

Donde Bukele no dio marcha atrás fue en la acumulación. La Oficina Nacional del Bitcoin informa de compras periódicas, a razón de al menos un BTC diario, y las reservas del Estado superan las 6.000 unidades según los datos que publica el propio Gobierno.

Ese punto choca con lo pactado con el FMI, que pidió limitar la exposición del sector público al criptoactivo. En sus revisiones del programa, el organismo señaló que el aumento de las tenencias respondía a movimientos entre billeteras gubernamentales y no a nuevas compras con fondos públicos. La discrepancia entre ambas versiones se ha convertido en uno de los focos de atención para analistas y acreedores.

Para el Gobierno, la estrategia tiene sentido financiero: con la revalorización del bitcoin en los últimos años, las reservas acumulan ganancias en el papel. Los críticos recuerdan que esas ganancias no están realizadas y que dependen por completo de un activo con caídas bruscas, sensible a factores como la fortaleza del dólar. Un buen ejemplo reciente es la presión que ejerce el DXY en máximos de 18 meses sobre BTC.

Balance de un experimento inédito

Más de cuatro años después, la Ley Bitcoin dejó un saldo ambivalente. El país ganó visibilidad internacional, atrajo cierto turismo vinculado al sector y algunas empresas cripto se instalaron en su territorio, favorecidas por un marco legal propio para emisores de activos digitales. Pero no logró su objetivo central: que el bitcoin funcionara como dinero cotidiano para la población.

El acuerdo con el FMI terminó de redefinir la iniciativa. Lo que comenzó como una revolución monetaria quedó reducido a dos pilares: una tesorería estatal en bitcoin y un discurso de país amigable con las criptomonedas.

La experiencia salvadoreña se ha convertido en caso de estudio para otros gobiernos que coquetean con reservas en BTC. La pregunta que queda abierta es si la apuesta de acumulación resistirá el próximo ciclo bajista del mercado y la vigilancia de sus acreedores.