Bitcoin incautado: Reino Unido se acerca a quedarse con 61.000 BTC tras un fallo del Tribunal Superior

El Reino Unido dio un paso importante para retener el mayor lote de bitcoin incautado de su historia: 61.000 BTC, valorados en unos 5.000 millones de dólares, decomisados a la ciudadana china Zhimin Qian. Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales resolvió que los reclamos de las víctimas del fraude deben regirse por el derecho chino, un criterio que complica las aspiraciones de quienes buscaban recuperar su dinero a través de los tribunales británicos.

La decisión, recogida en la sentencia publicada en el archivo de jurisprudencia de los Archivos Nacionales británicos, corresponde a la División del King’s Bench. No cierra el caso, pero inclina la balanza hacia el Estado británico en la disputa por la fortuna digital.

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Qué decidió el juez sobre el bitcoin incautado

El núcleo del fallo es una cuestión técnica con consecuencias muy prácticas: qué ordenamiento jurídico se aplica a las pretensiones de los afectados. Los reclamantes, en su mayoría inversores chinos que perdieron sus ahorros, aspiraban a que se reconociera un derecho sobre los bitcoins bajo reglas que les resultaran más favorables. El tribunal concluyó que debe aplicarse la ley china.

Para los demandantes, el resultado es un revés. Al trasladar la disputa al marco legal de China, sus argumentos para reclamar una participación directa en los fondos custodiados en el Reino Unido quedarían debilitados, lo que reduce las posibilidades de que el bitcoin incautado se reparta entre ellos por la vía judicial británica.

Eso no significa que las víctimas queden sin opciones. La resolución abordó una cuestión preliminar; el resto del proceso, incluidas las posibles apelaciones y los mecanismos de compensación, sigue abierto.

El origen de la fortuna de Zhimin Qian

Qian está considerada la responsable de un esquema de inversión fraudulento en China que captó dinero de decenas de miles de personas a mediados de la década pasada. Según la acusación, convirtió buena parte de lo obtenido en bitcoin y huyó al Reino Unido, donde intentó blanquear esos fondos.

La policía británica intervino los 61.000 BTC en 2018, cuando la criptomoneda cotizaba muy por debajo de los niveles actuales. Esa diferencia de precio explica por qué un fraude cometido en yuanes se convirtió, años después, en un botín de miles de millones de dólares. Qian fue condenada en 2025 en Londres por delitos de lavado de dinero.

El caso es un ejemplo extremo de cómo operan las estafas cripto de inversión: promesas de rentabilidad elevada, captación masiva de pequeños ahorradores y una ruta de escape apoyada en activos digitales fáciles de trasladar entre jurisdicciones.

Una disputa con tres frentes

En el reparto del dinero chocan intereses difíciles de conciliar:

• Las víctimas, que reclaman ser compensadas por lo que perdieron.
• El Estado británico, que puede quedarse con el producto del delito a través de la legislación sobre decomiso de activos.
• El trasfondo diplomático con China, país donde se cometió el fraude y cuyos ciudadanos fueron los perjudicados.

Un punto sensible es la revalorización. Si a los afectados se les compensara por el valor de lo invertido en su momento, y no por el valor actual del bitcoin, el excedente podría ser enorme. Ese diferencial es, precisamente, lo que vuelve tan atractivo el caso para las arcas públicas británicas.

Qué implica para el mercado

Con 61.000 BTC, el Reino Unido figura entre los gobiernos con mayores tenencias de la criptomoneda. Lo que haga con ellos es una pregunta abierta. Una eventual venta en bloque podría generar presión vendedora puntual, aunque los gobiernos suelen liquidar este tipo de activos de forma escalonada o mediante intermediarios para evitar mover el precio.

Otra posibilidad es que el Tesoro decida conservarlos, una opción que ha ganado peso en el debate tras la creación de reservas estratégicas de bitcoin en otros países. Por ahora no hay una decisión pública sobre su destino.

Para los inversores, el fallo es más relevante como señal de calendario que como amenaza inmediata: mientras el litigio siga abierto, los fondos permanecen inmovilizados. Cada avance judicial que despeje la titularidad acerca el momento en que el gobierno británico tendrá libertad para disponer de ese bitcoin incautado.

La pelea por los 61.000 BTC entra así en una fase en la que el derecho internacional privado pesa tanto como la tecnología, y su desenlace sentará un precedente para otros decomisos de criptomonedas con víctimas repartidas en distintos países.