Ley CLARITY en riesgo: fiscales de EE.UU. proponen cambios y la Casa Blanca los rechaza

La ley CLARITY, el proyecto que busca ordenar el marco regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos, enfrenta un nuevo obstáculo: grupos vinculados a la aplicación de la ley y a fiscales federales propusieron modificaciones al texto justo cuando la ventana para votarlo se estrecha, según reportó Cointelegraph. Un asesor cripto de la Casa Blanca respondió que esos cambios no se acercan ni de lejos a la postura de la administración, lo que anticipa otra pelea por el articulado.

El movimiento llega en un momento delicado para la legislación, considerada por la industria la pieza clave para definir qué agencia supervisa cada tipo de activo digital en el país. Cualquier enmienda de última hora amenaza con retrasar un proceso que ya venía negociándose durante meses entre demócratas y republicanos.

Qué cambios se proponen a la ley CLARITY

De acuerdo con la información difundida, grupos de fuerzas del orden habrían enviado una propuesta de modificaciones respaldada por un demócrata con peso en el debate legislativo. El planteo apunta a reforzar las herramientas de vigilancia y persecución de delitos financieros dentro del texto, un terreno sensible para un sector que ha reclamado reglas claras sin cargar a los desarrolladores con obligaciones propias de intermediarios financieros tradicionales.

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La reacción desde la Casa Blanca fue directa. Un asesor de la administración calificó las modificaciones como alejadas de la posición oficial, en declaraciones recogidas en su cuenta de X. El mensaje deja ver que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar un texto que, a su juicio, se desvía del acuerdo que se venía construyendo.

El proyecto, cuyo nombre completo es Digital Asset Market Clarity Act, pretende delimitar las competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Esa frontera —qué se considera valor y qué materia prima— ha sido durante años el nudo central de la incertidumbre regulatoria que denuncian las empresas del sector en Estados Unidos.

Por qué importa el calendario legislativo

El factor tiempo es determinante. La ventana disponible para llevar el proyecto a votación se reduce, y la aparición de enmiendas de peso en esta etapa puede obligar a reabrir negociaciones que se creían cerradas. Cada nueva propuesta suma actores con intereses distintos: legisladores, reguladores, fuerzas de seguridad y la propia industria cripto.

Para el mercado, la CLARITY representa la posibilidad de operar bajo reglas definidas después de años marcados por acciones de cumplimiento caso por caso. La falta de un marco legal claro ha empujado a algunas compañías a mirar hacia jurisdicciones con normas más previsibles, y buena parte de la industria estadounidense confía en que esta ley frene esa fuga.

El choque actual también refleja una tensión más amplia sobre cómo equilibrar innovación y control. Mientras la administración busca un texto que dé certeza a las empresas, los grupos de aplicación de la ley presionan por salvaguardas que faciliten investigar el lavado de dinero y otros delitos asociados a activos digitales.

Un debate que se conecta con otros frentes regulatorios

La discusión sobre la ley CLARITY no ocurre en el vacío. En paralelo, otras piezas del rompecabezas regulatorio estadounidense siguen avanzando, desde la fiscalidad de los activos digitales hasta la supervisión de plataformas. En ese terreno, temas como el reporte de datos de los usuarios ante el fisco mantienen la atención del sector; recientemente se detalló qué información comparte Coinbase con el IRS y qué deben revisar los contribuyentes.

La definición sobre exchanges descentralizados es otro flanco sensible. Plataformas que operaban al margen del mercado estadounidense empiezan a incorporar controles para poder ingresar a él, como se vio cuando Hyperliquid añadió verificación de identidad para abrir la puerta a usuarios de EE.UU. Ese tipo de movimientos anticipa cómo se adaptaría el sector a un marco definido por la CLARITY.

Por ahora, el resultado sigue abierto. La propuesta de los fiscales y su rechazo desde la Casa Blanca dibujan una negociación que aún puede tomar varios caminos: aprobación con cambios acotados, dilación hasta el próximo ciclo legislativo o un texto reformulado. Lo que ninguna de las partes parece dispuesta a asumir es un naufragio que devuelva al sector a la incertidumbre de la que intenta salir.

El desenlace tendrá consecuencias que van más allá de Washington. Una regulación clara en la mayor economía del mundo suele marcar la referencia para otras jurisdicciones, por lo que el pulso alrededor de la CLARITY será seguido de cerca por inversores, empresas y reguladores dentro y fuera de Estados Unidos.