Reglamento MiCA: la UE quiere que ESMA vigile a los exchanges que operan en 27 países con una sola licencia

El Consejo de la Unión Europea busca cerrar uno de los huecos más comentados del reglamento MiCA: que un exchange de criptomonedas autorizado en un solo país pueda atender a clientes de los 27 Estados miembros. Los ministros de Finanzas alcanzaron un acuerdo que daría a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión directa de una parte de esas plataformas, mientras el resto seguiría en manos de los reguladores nacionales.

El pacto se cerró bajo la presidencia irlandesa del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que lo presentó como un acuerdo sobre un expediente transformador de los mercados financieros. El texto forma parte de un paquete más amplio sobre integración y supervisión de los mercados de capitales europeos, no de una reforma exclusiva del sector cripto.

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El hueco del reglamento MiCA: una licencia, 27 mercados

MiCA, siglas en inglés de Mercados de Criptoactivos, entró plenamente en vigor para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés) a finales de 2024. Su principal atractivo para la industria es el llamado pasaporte europeo: una vez que una autoridad nacional autoriza a una empresa, esta puede ofrecer sus servicios en todo el bloque sin pedir permiso en cada país.

Ese diseño simplifica la expansión. También abre la puerta a algo que varios supervisores vieron pronto: las plataformas pueden elegir el regulador que consideren más rápido o flexible, y luego operar en mercados donde las autoridades locales tienen poco margen de control. El riesgo de un arbitraje regulatorio entre Estados quedó sobre la mesa casi desde el primer día.

El caso de Malta funcionó como señal de alarma. En julio de 2025, ESMA publicó una revisión entre pares de carácter urgente sobre la autorización y supervisión de un CASP en Malta, en la que concluyó que la autoridad maltesa había cumplido solo parcialmente con lo esperado. El documento alimentó el debate sobre si bastaba con la supervisión nacional para empresas que, en la práctica, operan a escala continental.

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) respondió con sus propias observaciones sobre la centralización de los CASP clave en septiembre de 2025, en las que fijó su posición frente a las iniciativas para trasladar parte de esa vigilancia a Bruselas y París, sede de ESMA.

Un modelo selectivo, no una supervisión única

Lo que sale del Consejo no es una centralización total. El borrador del Consejo plantea un esquema selectivo: ESMA asumiría la supervisión directa de determinados proveedores, mientras que las autoridades nacionales conservarían la vigilancia sobre el resto del sector.

Es decir, el agujero se tapa a medias. Las plataformas con mayor presencia transfronteriza quedarían bajo un supervisor europeo, pero el pasaporte seguiría funcionando como hasta ahora para buena parte de las empresas autorizadas en un solo país.

La agencia Reuters describió el resultado como un compromiso rebajado respecto a la ambición inicial de centralizar la supervisión de los mercados de capitales. La lectura encaja con las tensiones conocidas: los países con centros financieros pequeños pero muy activos en cripto, como Malta o Luxemburgo, temen perder atractivo si las decisiones clave se toman fuera de sus fronteras.

Qué cambia para los exchanges

Para las grandes plataformas que ya tienen o persiguen una licencia MiCA, el cambio de fondo es de interlocutor. En lugar de negociar con un regulador nacional, tendrían que rendir cuentas ante ESMA, con criterios homogéneos para todo el bloque.

• Las empresas que entren en el perímetro de ESMA perderían la posibilidad de elegir supervisor según su conveniencia.
• Los proveedores más pequeños seguirían bajo las autoridades del país donde obtuvieron la autorización.
• Los reguladores nacionales mantendrían competencias, lo que reduce, pero no elimina, el riesgo de criterios dispares entre Estados.

Lo que falta para que el cambio al reglamento MiCA sea efectivo

El acuerdo del Consejo no es el punto final. En el procedimiento legislativo europeo, la posición de los Estados debe negociarse con el Parlamento Europeo, que puede empujar hacia una supervisión más centralizada o aceptar el enfoque selectivo de los ministros. Solo después habría un texto definitivo, con sus plazos de aplicación.

Mientras tanto, el reglamento MiCA sigue funcionando con el esquema actual. Las plataformas autorizadas mantienen su pasaporte y los supervisores nacionales conservan la última palabra sobre ellas.

Para los usuarios de Latinoamérica y España que operan en exchanges con licencia europea, el efecto no será inmediato. A mediano plazo, sin embargo, la discusión anticipa un mercado donde los actores más grandes estarán bajo una lupa más uniforme, y donde la elección del país de licencia pesará menos como ventaja competitiva. Queda por ver si el modelo a medio camino que defiende el Consejo resiste la negociación con el Parlamento o si el próximo susto regulatorio vuelve a poner sobre la mesa la centralización completa.