Bitcoin en Texas: el proyecto HB 815 permitiría a cada ciudad o condado invertir hasta 10 millones de dólares

El debate sobre el bitcoin en Texas baja ahora al nivel municipal. El representante estatal Ron Reynolds presentó el lunes el proyecto de ley House Bill 815, que autorizaría a cada ciudad o condado del estado a invertir hasta 10 millones de dólares de fondos públicos en bitcoin a partir del 1 de septiembre de 2027. Si prospera, Texas se convertiría en uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde los gobiernos locales tendrían permiso expreso para mantener BTC en su balance.

La iniciativa figura ya en el registro oficial de la Legislatura de Texas, que la asigna a la 90.ª sesión ordinaria. El texto del proyecto puede consultarse en la web del Capitolio estatal.

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Qué propone el proyecto sobre bitcoin en Texas

El núcleo de la propuesta es sencillo. Fija un techo de 10 millones de dólares por entidad local, sea una ciudad o un condado, y pone una fecha de inicio: el 1 de septiembre de 2027, que es la fecha habitual de entrada en vigor de muchas leyes texanas aprobadas en sesión ordinaria.

El límite importa. Para una gran urbe como Houston o Dallas, 10 millones representan una fracción mínima de su presupuesto anual; para un condado rural, en cambio, podría ser una porción considerable de sus reservas. Esa asimetría probablemente aparecerá en la discusión parlamentaria, sobre todo en lo que toca a la responsabilidad fiduciaria de los funcionarios que administran dinero de los contribuyentes.

Con la información disponible no queda claro cómo se instrumentarían esas inversiones, por ejemplo si los municipios podrían custodiar BTC directamente o tendrían que recurrir a vehículos regulados como los fondos cotizados. Ese detalle operativo será clave para medir el alcance real de la norma.

Un estado que ya compra bitcoin

La propuesta de Reynolds no surge en el vacío. Texas aprobó en 2025 la creación de una reserva estratégica de bitcoin a nivel estatal y, a finales de ese año, el estado concretó sus primeras compras vinculadas a ese mandato.

El andamiaje institucional sigue creciendo. La Contraloría de Texas, encabezada de forma interina por Kelly Hancock, nombró a los integrantes del comité asesor de la reserva estratégica, el órgano encargado de orientar la gestión de esos activos.

Lo que plantea el HB 815 es un paso distinto. Ya no se trata solo de que el estado acumule bitcoin, sino de abrir esa puerta a cientos de gobiernos locales, cada uno con su propio criterio y su propio apetito por el riesgo.

Otras experiencias locales

En Estados Unidos, la relación entre gobiernos municipales y criptomonedas ha avanzado más por la vía de los pagos que por la de la inversión. Un ejemplo reciente es el de Florida, donde el condado de Miami-Dade acepta bitcoin para el pago de impuestos sobre la propiedad, aunque con conversión inmediata a dólares. Ese modelo evita que la administración quede expuesta a la volatilidad del activo, justo lo contrario de lo que propone el proyecto texano.

Los obstáculos antes de que sea ley

Presentar un proyecto está lejos de aprobarlo. El HB 815 deberá pasar por comisión en la Cámara de Representantes, superar la votación en el pleno, repetir el proceso en el Senado estatal y recibir la firma del gobernador. Cada etapa admite enmiendas que podrían modificar el tope, el calendario o las condiciones de custodia.

El calendario también juega su papel. La Legislatura de Texas se reúne en sesión ordinaria en años impares, de modo que la discusión de fondo se daría durante 2027. Eso deja margen para que el precio de bitcoin, que ha mostrado oscilaciones amplias en los últimos meses, influya en el clima político alrededor de la propuesta.

Los críticos de este tipo de iniciativas suelen señalar tres riesgos:

• La volatilidad: una caída del 30% o más en pocas semanas no es inusual en el historial de bitcoin.
• La custodia y la seguridad de las claves privadas, un terreno en el que muchas administraciones locales no tienen experiencia.
• La rendición de cuentas ante los votantes si una inversión pública registra pérdidas.

Los defensores, por su parte, argumentan que una exposición acotada a bitcoin podría servir como cobertura frente a la inflación y diversificar reservas que hoy dependen casi por completo de bonos y depósitos.

Qué significa para el mercado

En términos de demanda, el impacto potencial es modesto en el corto plazo. Aun si un número significativo de municipios usara el tope completo, la cifra agregada quedaría lejos de los volúmenes que mueven los fondos cotizados o las grandes tesorerías corporativas.

El efecto más relevante es de otra naturaleza. Si Texas aprueba el HB 815, otros estados con agendas favorables a las criptomonedas podrían tomarlo como modelo, y el bitcoin en Texas pasaría de ser una apuesta del gobierno estatal a convertirse en una herramienta disponible para alcaldías y condados.

Por ahora, el proyecto es una señal de hacia dónde se mueve parte de la clase política texana. La prueba real llegará cuando los legisladores tengan que discutir, cifra por cifra, cuánto riesgo están dispuestos a asumir con dinero público.