Revolut lleva seis meses esperando su licencia bancaria en EE. UU. mientras la banca cripto avanza

La solicitud de licencia bancaria de Revolut en Estados Unidos sigue estancada. La fintech británica presentó el 4 de marzo su expediente ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) para constituir Revolut Bank US, una entidad nacional asegurada. Casi seis meses después, el permiso continúa pendiente, un contraste que expone un sistema bancario de dos velocidades entre los actores tradicionales y quienes intentan entrar por la puerta cripto.

El objetivo de la compañía era ambicioso: un banco capaz de captar depósitos, emitir tarjetas de crédito, otorgar préstamos y conectarse directamente a Fedwire y a la red ACH, las cañerías del sistema de pagos estadounidense. Esa integración directa es justamente lo que distingue a un banco autorizado de una fintech que depende de socios bancarios para mover dinero.

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Por qué importa la licencia bancaria de Revolut

Sin una licencia nacional, Revolut opera en EE. UU. apoyándose en bancos asociados que le prestan su infraestructura y su cobertura regulatoria. Es un modelo funcional, pero limitante: encarece las operaciones, reduce el margen y deja a la empresa a merced de las condiciones que impongan esos socios. Conseguir el estatus de banco asegurado cambiaría esa ecuación y le daría acceso directo a los sistemas de liquidación federales.

El punto que subraya el caso es el ritmo dispar con que avanzan los trámites en Washington. Mientras la solicitud de Revolut permanece congelada, los reguladores federales han dedicado ese mismo período a aprobar de forma condicional o a convertir otras estructuras bancarias, varias de ellas vinculadas al auge cripto que ha impulsado la administración estadounidense en los últimos meses. La expectativa de un entorno más favorable para los activos digitales no se ha traducido, al menos por ahora, en una vía rápida para todos los solicitantes.

Un sistema bancario de dos niveles

El expediente de Revolut, que según trascendió abarca más de mil páginas de registros obtenidos por vías de transparencia, ilustra un patrón más amplio. Algunas firmas logran destrabar sus permisos con relativa agilidad, mientras otras quedan atrapadas en revisiones prolongadas sin una explicación pública clara. Esa asimetría alimenta la percepción de que el acceso a la banca federal depende tanto de factores regulatorios como de tiempos políticos difíciles de anticipar.

El fenómeno se produce en un momento en que el sector cripto y las finanzas tradicionales se acercan cada vez más. En las últimas semanas se han multiplicado los movimientos que buscan tender puentes entre ambos mundos: la alianza entre SoFi y Kraken para conectar la banca con infraestructura cripto es un ejemplo de cómo las entidades intentan capturar la demanda de servicios digitales sin renunciar al paraguas regulatorio.

Para Revolut, que cuenta con decenas de millones de usuarios a nivel global y una valoración multimillonaria, el mercado estadounidense representa una pieza estratégica pendiente. La empresa ya obtuvo licencia bancaria en Reino Unido y opera con permisos en varios países europeos, pero Estados Unidos sigue siendo un terreno donde su expansión choca con la fragmentación regulatoria y con procesos de aprobación que pueden extenderse durante años.

El trasfondo regulatorio en Washington

La demora coincide con un intenso debate legislativo sobre el marco para los activos digitales. El Congreso avanza en normas destinadas a dar reglas claras al sector, un proceso en el que también participa la Clarity Act que la industria espera ver aprobada para dotar de seguridad jurídica a empresas y emisores. Ese contexto genera optimismo, pero no elimina la burocracia que enfrentan quienes solicitan convertirse en bancos.

La OCC y la FDIC no suelen comentar en detalle expedientes individuales, y no hay indicios públicos de que la solicitud de Revolut haya sido rechazada. Un permiso pendiente no equivale a una negativa: las revisiones de este tipo implican análisis de capital, gobernanza, cumplimiento contra el lavado de dinero y modelos de negocio, todos ellos procesos lentos por diseño.

Lo que deja en evidencia el caso es la brecha entre el discurso de una Washington favorable a las criptomonedas y la realidad operativa de las aprobaciones. Para las fintech que aspiran a competir de igual a igual con la banca establecida, el mensaje es que la promesa de un entorno más abierto todavía convive con filtros que decidirán, uno a uno, quién entra y quién sigue esperando.