Sam Bankman-Fried recurre al Supremo para anular su condena y el decomiso de 11.000 millones

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise y anule su condena por fraude, además del decomiso de unos 11.000 millones de dólares dictado en su contra. El recurso llega después de que las instancias inferiores confirmaran el veredicto que en 2023 lo declaró culpable de orquestar uno de los mayores colapsos de la historia del sector cripto.

Con esta apelación, el exejecutivo agota prácticamente las vías judiciales disponibles: la Corte Suprema es el último tribunal al que puede acudir para intentar revertir tanto la sentencia como la orden de confiscación de activos. El máximo tribunal, sin embargo, recibe miles de peticiones al año y admite solo una fracción mínima, por lo que las probabilidades de que acepte el caso son bajas.

Publicidad

Estabilidad respaldada en Bitcoin

Descubre Dollar on Chain →

Qué pide Sam Bankman-Fried a la Corte Suprema

Bankman-Fried fue hallado culpable en noviembre de 2023 de siete cargos que incluían fraude electrónico y conspiración, tras un juicio en el que la fiscalía sostuvo que desvió fondos de clientes de FTX hacia su fondo de cobertura hermano, Alameda Research. Fue sentenciado a 25 años de prisión, junto a la orden de decomiso multimillonaria que ahora también busca dejar sin efecto.

El recurso ante el Supremo suele plantear cuestiones de derecho —presuntos errores en las instrucciones al jurado, en la admisión de pruebas o en la interpretación de las leyes aplicadas— más que una revisión de los hechos ya probados en juicio. Su defensa ha argumentado en etapas previas que no se le permitió presentar adecuadamente su versión sobre la situación financiera real de FTX en el momento del colapso.

La cifra de 11.000 millones de dólares corresponde al monto que las autoridades estadounidenses estimaron como pérdidas totales atribuibles al fraude, y que sirve de base para la recuperación de activos destinada a compensar a los acreedores y clientes damnificados.

Del imperio de FTX al banquillo

FTX llegó a ser la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo antes de desplomarse en noviembre de 2022, cuando una crisis de liquidez dejó al descubierto un agujero de miles de millones en su balance. El derrumbe arrastró a numerosas empresas del sector y marcó el punto más bajo del llamado «criptoinvierno» de aquel año.

El proceso concursal de FTX ha avanzado en paralelo a la causa penal. Los administradores de la quiebra han recuperado una cantidad significativa de fondos y activos, lo que ha permitido diseñar un plan de reembolso para los acreedores, muchos de los cuales aspiran a recobrar buena parte de lo perdido gracias a la revalorización de ciertos activos desde el mínimo de 2022.

La caída de FTX también reconfiguró el debate regulatorio en Estados Unidos y aceleró el escrutinio sobre las plataformas centralizadas. Desde entonces, legisladores han impulsado marcos como la discusión en torno a la Clarity Act para la estructura del mercado cripto, en un intento por delimitar competencias entre reguladores y establecer reglas más claras para el custodio de fondos de clientes.

Un caso que sigue marcando al sector

Más allá del desenlace judicial, la figura de Bankman-Fried continúa siendo un referente de los riesgos asociados a la falta de controles internos y a la mezcla de fondos entre entidades vinculadas. Otros exejecutivos de su entorno, incluida la ex directora de Alameda Research, cooperaron con la fiscalía y recibieron penas considerablemente menores.

Han circulado versiones sobre posibles gestiones para obtener un indulto por vías políticas, aunque nada de ello ha alterado hasta ahora el curso de las apelaciones. El recurso ante la Corte Suprema representa el intento formal más reciente por revertir un veredicto que hasta el momento ha resistido cada revisión.

Si el tribunal declina revisar el caso —el escenario más probable dado su bajo índice de admisión—, la condena y la orden de decomiso quedarían firmes de manera definitiva. En caso contrario, una eventual admisión reabriría un litigio que muchos daban por cerrado y volvería a poner el foco sobre uno de los episodios que más impacto han tenido en la percepción pública de la industria de las criptomonedas.

Por ahora, el desenlace queda en manos del máximo tribunal estadounidense, que no tiene plazo obligatorio para decidir si acepta o rechaza escuchar el recurso.