CLARITY Act en riesgo: la Casa Blanca advierte que la ley cripto muere el 15 de septiembre sin 7 demócratas

La CLARITY Act, el proyecto que busca definir de una vez la estructura del mercado cripto en Estados Unidos, quedó contra las cuerdas. La Casa Blanca advirtió que la iniciativa naufragará en el Senado el próximo 15 de septiembre a menos que al menos siete demócratas voten a favor, según reveló el medio especializado CryptoSlate.

La presión llegó directamente desde el equipo de asesores digitales del Ejecutivo. El 8 de agosto, Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores sobre Activos Digitales, acusó al liderazgo demócrata del Senado de frenar deliberadamente un acuerdo que, a su juicio, ya tuvo tiempo suficiente de negociarse. El mensaje fue tajante: el reloj corre y el margen para pactar es cada vez más estrecho.

Qué está en juego con la CLARITY Act en riesgo

El proyecto pretende resolver una de las disputas más antiguas del sector en Estados Unidos: quién manda sobre los activos digitales. Durante años, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) se han solapado en sus jurisdicciones, dejando a exchanges, emisores y desarrolladores sin reglas claras sobre qué token es un valor y cuál una materia prima.

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La CLARITY Act busca trazar esa línea divisoria. La norma establecería criterios para clasificar los activos digitales y repartiría competencias entre ambos reguladores, algo que la industria reclama desde hace años para operar con seguridad jurídica. Sin ese marco, muchas compañías siguen litigando caso por caso o directamente evitan lanzar productos en suelo estadounidense.

La cámara baja ya había avanzado con textos de estructura de mercado durante la llamada «semana cripto» en el Congreso. El cuello de botella está ahora en el Senado, donde la aritmética obliga a sumar votos del otro lado del pasillo para alcanzar los 60 necesarios y superar el trámite legislativo.

La aritmética del Senado y el pulso político

El número mágico que repite la Casa Blanca es siete: esa es la cantidad de senadores demócratas que se necesitarían para destrabar la votación. Witt sostuvo en su publicación en X que los legisladores ya dispusieron de tiempo más que suficiente para cerrar un acuerdo sobre la estructura del mercado, y responsabilizó al liderazgo de la minoría por las demoras.

El senador republicano Bernie Moreno se sumó a la campaña de presión con su propio mensaje en la red social, en línea con el discurso del Ejecutivo de que la ventana para actuar se cierra el 15 de septiembre.

El trasfondo es político tanto como técnico. La administración Trump ha hecho de la agenda cripto una bandera propia, y una eventual caída de la CLARITY Act representaría un traspié legislativo en un tema donde el Ejecutivo prometió resultados rápidos. Del otro lado, varios demócratas han manifestado reparos sobre las protecciones al consumidor y sobre posibles conflictos de interés vinculados a los negocios cripto de la propia familia presidencial, un asunto que ya rozó a otras iniciativas como el proyecto cripto de Trump Media.

Por qué importa para el mercado

Para el sector, la definición regulatoria pesa tanto como el precio. Una ley que reparta con claridad las competencias entre SEC y CFTC daría certidumbre a exchanges, emisores de tokens y fondos que hoy operan en una zona gris. Su fracaso, en cambio, prolongaría la incertidumbre y mantendría el enfoque de «regulación por la vía judicial» que ha marcado los últimos años.

El contexto llega en un momento delicado para los activos digitales. El mercado atraviesa una fase de volatilidad, con el precio de Bitcoin oscilando en rangos amplios y una demanda spot que da señales mixtas. Un avance regulatorio suele leerse como catalizador alcista de mediano plazo, mientras que un bloqueo tiende a reforzar la cautela entre los inversores institucionales que esperan reglas antes de aumentar su exposición.

Conviene recordar que los plazos legislativos en Washington rara vez son definitivos. Aunque la Casa Blanca hable del 15 de septiembre como una fecha límite, las negociaciones podrían reabrirse más adelante o el texto podría reformularse. Lo que sí queda claro es que el Ejecutivo optó por subir el tono y trasladar públicamente la responsabilidad al bloque demócrata.

Las próximas semanas dirán si la presión rinde frutos o si la industria deberá esperar otro ciclo legislativo para tener el marco que reclama desde hace años. Por ahora, la cuenta regresiva ya empezó.