Ley CLARITY: la Casa Blanca promete aprobarla en el Senado en septiembre

La administración de Donald Trump se comprometió a llevar la ley CLARITY hasta su aprobación definitiva en septiembre, cuando el Senado de Estados Unidos se prepara para votar el proyecto que busca fijar reglas claras sobre la estructura del mercado de criptomonedas. Patrick Witt, funcionario de la Casa Blanca a cargo de la política de activos digitales, aseguró que el Gobierno seguirá negociando con los demócratas para reunir los votos necesarios.

El anuncio marca el regreso de una de las prioridades legislativas del sector cripto en Washington. La CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act) ya obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes a mediados de año, y ahora depende del Senado, donde los tiempos y los acuerdos entre partidos definirán su destino.

Qué propone la ley CLARITY

El objetivo central del proyecto es resolver una de las mayores fuentes de incertidumbre para las empresas del sector: quién regula qué. La ley CLARITY busca delimitar las competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), estableciendo cuándo un activo digital debe tratarse como un valor (security) y cuándo como una materia prima (commodity).

Publicidad

Esa distinción, que hoy se dirime caso por caso en tribunales, determina el marco de cumplimiento, los requisitos de registro y las obligaciones de divulgación que enfrentan exchanges, emisores y plataformas. Para la industria, contar con criterios escritos en una ley reduciría el riesgo de litigios y daría previsibilidad a proyectos que hoy operan en zonas grises.

Witt afirmó que la Casa Blanca mantendrá abiertas las conversaciones con la bancada demócrata, un paso indispensable dado que en el Senado se requieren 60 votos para superar los obstáculos de procedimiento. Sin apoyo bipartidista, el proyecto difícilmente llegue a la mesa del presidente.

El calendario y los obstáculos en el Senado

La meta de septiembre supone un cronograma ajustado. El Comité de Banca del Senado y el Comité de Agricultura —este último con jurisdicción sobre la CFTC— han trabajado en sus propias versiones del texto, y aún resta conciliar diferencias antes de una votación en el pleno. Los legisladores demócratas han planteado reparos sobre protección al consumidor, prevención del lavado de dinero y el alcance de las exenciones para ciertos emisores.

El contexto político tampoco es menor. La agenda legislativa de otoño en Washington suele saturarse con la negociación del presupuesto y otros asuntos de urgencia, lo que puede desplazar iniciativas como la de estructura de mercado. Aun así, el respaldo explícito del Ejecutivo le da a la CLARITY Act un impulso del que carecieron intentos anteriores.

El movimiento se enmarca en un giro más amplio de la política estadounidense hacia los activos digitales durante el actual mandato. En julio, el Congreso ya aprobó la GENIUS Act, la primera legislación federal integral sobre stablecoins, lo que sentó un precedente sobre la capacidad de reunir mayorías para normas del sector.

Por qué importa para el mercado

Una regulación federal clara sobre estructura de mercado es, desde hace años, uno de los reclamos más insistentes de las empresas cripto que operan en Estados Unidos. La falta de definiciones ha derivado en una supervisión basada en acciones de enforcement, con demandas de la SEC contra plataformas y tokens que la industria considera arbitrarias.

La incertidumbre regulatoria estadounidense contrasta con avances en otras jurisdicciones. En América Latina, por ejemplo, Brasil fijó un plazo hasta el 30 de octubre para que las empresas del sector se licencien bajo su nuevo marco, un proceso que ordena un mercado de 319.000 millones de dólares. Casos como ese muestran cómo la definición de reglas concretas condiciona la operación de exchanges y custodios.

Para los inversores, el desenlace de la ley CLARITY tiene implicaciones directas. Un marco que asigne con precisión las competencias entre SEC y CFTC podría facilitar el lanzamiento de nuevos productos regulados, atraer capital institucional y reducir el riesgo legal que hoy pesa sobre buena parte de la industria. El propio debate sobre qué tokens son valores ha frenado, entre otras cosas, la aprobación de vehículos de inversión como los ETF de altcoins que Grayscale retiró recientemente ante la SEC.

Si la promesa de la Casa Blanca se cumple, septiembre podría convertirse en un punto de inflexión para la relación entre Washington y el sector. Si vuelve a postergarse, la industria seguirá operando bajo las mismas reglas difusas que arrastra desde hace años. Los próximos movimientos en el Senado dirán cuál de los dos escenarios se impone.