Minería de criptomonedas en México: proponen hasta 12 años de prisión por robo de electricidad

La minería de criptomonedas con electricidad robada podría castigarse en México con penas de hasta 12 años de prisión, según una propuesta que busca endurecer las sanciones contra quienes se conectan de forma ilegal a la red para alimentar equipos de minado. La iniciativa apunta a un problema que las distribuidoras eléctricas de varios países ya conocen: granjas clandestinas que consumen enormes cantidades de energía sin pagarla.

Por ahora los detalles públicos del planteamiento son escasos. No ha trascendido con precisión el texto legal completo ni el calendario de discusión, por lo que la cifra de 12 años debe leerse como el techo que plantea la propuesta y no como una norma vigente. Para convertirse en ley tendría que superar el proceso legislativo correspondiente.

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Por qué la minería de criptomonedas preocupa a las eléctricas

Minar bitcoin y otras monedas que usan prueba de trabajo consiste en poner a competir computadoras especializadas, conocidas como ASIC, para validar bloques de transacciones y cobrar la recompensa. Ese proceso exige electricidad de forma continua, las 24 horas, y la energía es el principal costo de la operación.

Ahí está el incentivo para el fraude. Quien consigue la electricidad gratis, mediante conexiones irregulares o manipulando medidores, convierte un negocio de márgenes ajustados en uno muy rentable. El costo, en cambio, lo absorbe la red: sobrecargas en transformadores, apagones en zonas residenciales y pérdidas que terminan repercutiendo en el sistema.

En México el robo de energía no es un fenómeno nuevo. Las conexiones ilegales, popularmente llamadas «diablitos», existen desde hace décadas. Lo distinto con la minería es la escala: un puñado de máquinas puede consumir tanto como varias viviendas juntas, y una granja mediana, mucho más.

Tarifas bajas, presión al margen

Las tarifas domésticas subsidiadas en buena parte del país hacen atractiva la idea de instalar equipos en casas o bodegas. Si a eso se suma la conexión irregular, el atractivo crece todavía más.

El contexto de mercado también empuja. Con la caída de bitcoin encadenando semanas en rojo, los ingresos por cada máquina se reducen y los mineros con costos energéticos normales ven estrechar sus márgenes. Quien no paga la luz, en cambio, sigue en números positivos aunque el precio baje, una ventaja desleal frente a los operadores legales.

Un problema que se repite en otros países

México no sería el primero en apuntar contra esta práctica. En Malasia, la principal eléctrica del país ha denunciado durante los últimos años miles de puntos de minería ilegal y pérdidas millonarias, con operativos policiales que incluyen la destrucción pública de equipos incautados. Kuwait lanzó en 2025 una ofensiva contra granjas domésticas en zonas residenciales, vinculándolas con la presión sobre su red.

En América Latina, Paraguay, con su energía hidroeléctrica barata, ha debatido sanciones más duras contra las conexiones clandestinas destinadas al minado, y Venezuela ha ordenado desconexiones de granjas en distintos momentos. El patrón es similar: energía relativamente barata, controles débiles y un activo que convierte electricidad en dinero casi de inmediato.

La diferencia de la propuesta mexicana sería el enfoque penal explícito. En lugar de tratar el caso como un robo de energía genérico, la iniciativa vincula la sanción con el uso concreto de esa electricidad para la minería de criptomonedas, lo que podría facilitar a fiscales y jueces calificar estos casos.

Qué implicaría para los mineros legales

Para quienes operan con contratos formales y pagan su consumo, la propuesta no cambia las reglas. Minar sigue siendo una actividad legal en México siempre que la energía se obtenga y se pague de forma regular. De hecho, una persecución más efectiva del fraude podría beneficiar a los operadores formales, que hoy compiten contra granjas con costos artificialmente bajos.

Hay matices, sin embargo. Una regla mal redactada podría generar incertidumbre si no distingue con claridad entre el robo de energía y la actividad legítima. También queda abierta la cuestión de cómo se probaría el destino de la electricidad sustraída y qué ocurriría con los equipos incautados.

Otro punto a observar es la reacción de las autoridades del sector eléctrico. Una ley más severa solo tendría efecto si va acompañada de capacidad para detectar consumos anómalos, algo que en otros países se ha resuelto con medidores inteligentes, análisis de patrones de carga e incluso cámaras térmicas para localizar el calor que despiden las máquinas.

Lo que falta por conocer

• El texto definitivo de la propuesta y quiénes la impulsan formalmente.
• Si las penas serían escalonadas según el volumen de energía robada o el daño a la red.
• El calendario de discusión en el Congreso.

Mientras esos detalles se aclaran, la señal es clara para quienes ven en la luz ajena un atajo para minar: el costo que hoy esquivan podría pagarse con años de cárcel. El desenlace dependerá de cómo se redacte la norma y de si México logra hacer cumplir lo que otros países, con leyes igual de duras, todavía no consiguen controlar del todo.