El Salvador: una ONG advierte riesgo de corrupción en la compra de bitcoin del Estado

Una organización de la sociedad civil salvadoreña puso sobre la mesa un señalamiento incómodo para el gobierno de Nayib Bukele: la acumulación de bitcoin por parte del Estado podría abrir la puerta a hechos de corrupción por la falta de transparencia en cómo se compran, custodian y registran esos fondos. La alerta llega mientras el país mantiene su apuesta pública por la criptomoneda, pese a los compromisos asumidos con organismos internacionales.

El argumento central de la ONG es la opacidad. El Estado salvadoreño comunica periódicamente que suma bitcoin a sus reservas, pero no ofrece auditorías independientes ni detalles verificables sobre el origen de los fondos, los precios de compra o quién tiene acceso a las claves que controlan esos activos. Esa zona gris, advierten, es terreno fértil para el manejo discrecional del dinero público.

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Por qué hay riesgo de corrupción en la acumulación de bitcoin

Cuando un gobierno adquiere un activo volátil y lo custodia sin rendición de cuentas, el margen para irregularidades crece. En el caso salvadoreño, los anuncios de nuevas compras suelen hacerse a través de publicaciones oficiales en redes sociales, sin documentación contable que permita contrastar las cifras. No existe claridad sobre si las billeteras que exhibe el gobierno corresponden realmente a fondos del erario ni sobre el procedimiento para ejecutar las operaciones.

La preocupación no es meramente teórica. El bitcoin es un activo al portador: quien controla las claves privadas controla los fondos. Sin controles externos, resulta difícil comprobar que esas reservas estén resguardadas, que no se hayan movido a destinos no declarados o que las ganancias y pérdidas se reflejen fielmente en las cuentas nacionales. La ausencia de un ente auditor independiente convierte cada anuncio en un acto de fe.

El trasfondo: El Salvador y su estrategia bitcoin

El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Desde entonces, el gobierno ha construido una narrativa internacional en torno a esa decisión, con compras periódicas que presenta como parte de una estrategia de reservas soberanas.

Sin embargo, el rumbo cambió en 2025. Como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por unos 1.400 millones de dólares, el país aceptó recortar su exposición directa a la criptomoneda: el bitcoin dejó de ser de aceptación obligatoria para los comercios y se limitó el uso de fondos públicos para nuevas adquisiciones. Esa tensión entre el discurso de acumulación y los compromisos adquiridos es precisamente lo que alimenta las dudas de la sociedad civil.

El punto que subrayan los críticos es que, si el Estado dice seguir comprando bitcoin pese a esos acuerdos, el público merece saber con qué dinero, bajo qué autorización y con qué controles. La falta de respuestas abre interrogantes tanto sobre la transparencia fiscal como sobre el cumplimiento de lo pactado con los organismos multilaterales.

Qué piden las voces que alertan

Las demandas apuntan en una dirección concreta: trazabilidad verificable. Entre los reclamos habituales de este tipo de señalamientos figuran la publicación de auditorías externas, la identificación de las billeteras oficiales de forma comprobable, el detalle de los montos y fechas de cada compra, y la supervisión por parte de la Corte de Cuentas o de un organismo independiente.

Sin esos mecanismos, el riesgo no es solo reputacional. La gestión de fondos públicos exige estándares de control que, aplicados a un activo digital, requieren adaptaciones específicas pero no menos rigurosas que las de cualquier otra partida del presupuesto.

El debate salvadoreño se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo los Estados y las empresas incorporan criptoactivos a sus balances sin perder el control ni la transparencia. En la región, la adopción institucional avanza por carriles muy distintos: mientras algunos países experimentan con pagos de comercio exterior usando stablecoins, El Salvador sigue siendo el caso más expuesto por haber convertido al bitcoin en bandera de gobierno.

El contexto de mercado tampoco es neutro. El bitcoin viene de cerrar uno de sus mejores trimestres recientes, lo que significa que las reservas acumuladas por el país habrían ganado valor en papel. Esa revalorización, lejos de disipar las dudas, las intensifica: a mayor valor de los fondos, mayor necesidad de controles claros sobre quién los administra y cómo.

Por ahora, el gobierno no ha ofrecido una respuesta pública que aborde de fondo los cuestionamientos sobre transparencia. La discusión seguirá abierta mientras el Estado continúe presentando su cartera de bitcoin como un logro sin, al mismo tiempo, someterla al escrutinio que exige el manejo de recursos públicos.